El Gobierno de Colombia responde a la Fiscalía que está facultado para suspender órdenes de captura
El Gobierno de Colombia ha respondido a la negativa del Ministerio Público para la suspensión de las órdenes de detención de los integrantes del Clan del Golfo, destacando que el presidente Gustavo Petro tiene las facultades para solicitar este tipo de acciones legales.
"Queremos avanzar en un diálogo con la Fiscalía para explicar los argumentos de los decretos basados en la ley que se modificó, pero hay que decir que cambió la ley y (ésta) faculta al presidente para pedir ese tipo de suspensiones", ha explicado el ministro de Interior, Alfonso Prada.
Según Prada, esta facultad que se le da al presidente puede "avanzar en el proceso de diálogos de paz con las organizaciones a las que se les reconoce estatus político y con conversaciones con estructuras de alto impacto, armadas y del crimen, que se mueven en la economía ilegal con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento".
A pesar de señalar que el Ejecutivo "respeta las decisiones de la rama judicial", el ministro ha insistido en que el gabinete busca aclarar ante el Ministerio Público sobre el contexto en el que se hicieron dichas solicitudes de levantar órdenes de captura.
La Fiscalía General de Colombia había desestimado horas antes la petición realizada por el Gobierno de Gustavo Petro para suspender las órdenes de detención que pesan sobre varios exjefes paramilitares del Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
"Desde el punto de vista jurídico-penal, que es el que vincula a la Fiscalía General de la nación, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN, también conocidos como Los Pachenca) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) no tienen un estatus político", reza el escrito, firmado por la vicefiscal general Martha Mancera, según RCN Radio.
La paz total de Petro quedó sancionada en la llamada Ley 418, que establece su marco jurídico y con el que queda como política de estado un proyecto que, por un lado, busca negociar con aquellas organizaciones de carácter político, como el ELN y en su día las FARC, pero a su vez someter a otras, es el caso de los paramilitares y grupos narcotraficantes, a la Justicia colombiana.
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