El Gobierno defiende que ha ejecutado en dos años casi 41.000 millones de euros en políticas de juventud

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Juventud e Infancia y el Instituto de la Juventud (Injuve) han defendido que se han logrado "avances significativos" en el "refuerzo del escudo social para las personas jóvenes" durante el periodo 2022-2024, con una inversión total ejecutada de casi 41.000 millones de euros, 7.600 millones más de la inversión inicialmente prevista. Si bien, también señala que "persisten desafíos en el acceso a la vivienda y desigualdades estructurales".

Así se desprende del Informe de Evaluación Intermedia de la Estrategia de Juventud 2030, en el cual se recoge que esta inversión ha permitido implementar 238 actuaciones distribuidas en diez ejes temáticos del Primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024.

Según ha informado el Instituto de la Juventud, los resultados más significativos se observaron en los ejes de educación y empleo, "donde se lograron avances estructurales que han mejorado sustancialmente las oportunidades de las personas jóvenes".

No obstante, el informe también identifica "desafíos persistentes", especialmente en el "acceso a la vivienda" y en "la reducción de desigualdades estructurales", áreas que "requerirán una atención prioritaria en los próximos años", según el Injuve.

La evaluación se fundamenta en el análisis de más de un centenar de indicadores sociodemográficos del Panel de Indicadores de la Estrategia, que permiten medir de forma el impacto real de las políticas públicas de juventud.

"El informe presentado hoy confirma que, a pesar de las brechas de desigualdad que persisten, se han sentado cimientos sólidos para continuar avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva para la juventud", subrayan el Ministerio y el Injuve.

Además, precisan que este documento debe servir como punto de inflexión para la revisión e impulso de nuevas políticas públicas en el Plan de Acción 2025-2028, que diseñará con participación de las personas jóvenes y cuya aprobación prevé para el primer semestre de 2026.