El Salvador aprueba 46ª prórroga del régimen de excepción para seguir combatiendo a las pandillas
SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó el martes la 46ta. prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de la población y durante el cual, según las autoridades, más de 90.600 personas han sido detenidas acusadas presuntamente de formar parte o colaborar con las pandillas.
La nueva prórroga, que estará vigente desde el 1 de enero y concluirá el 30 de enero de 2025, fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados —dos diputados del Partido de Concertación Nacional y uno del Partido Demócrata Cristiano—. La diputada de oposición, Claudia Ortiz, votó en contra. Dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se retiraron a la hora de votar.
Las autoridades aseguran que la aplicación de sus políticas de seguridad han permitido la reducción histórica en los índices de homicidios, con más de 1.000 días sin la ocurrencia de este delito durante el gobierno de Bukele, que asumió en junio de 2019.
El gabinete de Seguridad del gobierno de Bukele destacó la necesidad de continuar con el régimen de excepción para que no exista, según indicó, un retroceso en el avance en el combate contra las pandillas que por más de tres décadas aterrorizaron a la población del país centroamericano.
Después de que las pandillas asesinaran a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó un estado de excepción que, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
Las maras o pandillas operaban en el 90% del territorio, adonde impartían su propia justicia con la consigna de “ver, oír y callar”, recaudaban casi US$2.000 millones en extorsiones y asesinaban a los que no les pagaban, según las autoridades.
La nueva prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Dentro de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el pertenecer a una banda delictiva, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción, y dicen haber documentado que 470 personas han muerto bajo custodia de las autoridades.
En 2015 El Salvador estaba considerado como uno de los países más peligrosos del mundo al registrar 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por 100.000 habitantes, pero en 2024 la nación centroamericana cerró con 114 homicidios, un promedio diario de 0,3, según cifras oficiales.
Las políticas de seguridad del presidente Bukele han llamado la atención de otros gobiernos de la región que han visitado el país para conocer las estrategias y hasta hablan en aplicarlas en sus respectivos países.
Recientemente, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, visitó el país para reunirse con Bukele y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, la mega cárcel de máxima seguridad que el mandatario salvadoreño ordenó construir para recluir a los pandilleros más peligrosos del país.
Bukele y Chaves también suscribieron un acuerdo de seguridad orientado a combatir las actividades del crimen organizado.
