En España, acuerdo gobierno-Iglesia para reparación a víctimas de pederastia
Los obispos ceden para los casos donde no es posible la vía judicial

La Iglesia ha terminado cediendo y aceptando el acuerdo con el Ejecutivo para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado, cumpliendo así con la principal reivindicación de las víctimas.
El acuerdo llega después de un año de negociaciones entre Gobierno e Iglesia.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, será el encargado de estudiar cada caso y si las partes no se ponen de acuerdo será el encargado de "adoptar la resolución definitiva".
El acuerdo incluye a las víctimas cuyo caso no tiene recorrido judicial, bien porque ha prescrito -en la mayoría de los casos- o bien porque el victimario haya fallecido, y las reparaciones económicas correrán a cargo de la Iglesia.
Las medidas de reparación, que también puede ser "de carácter restaurativo y simbólico", "psicológica y/o psiquiátrica" o "moral", tendrán vigencia de un año, que se podrá prorrogar otro más.
El convenio fue firmado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argello; y el de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
Este paso sirve para "saldar una deuda histórica, moral" en los casos "especialmente complicados para darles solución en el ámbito judicial" al haber prescrito los hechos en la mayoría de los casos, afirmó el ministro de Presidencia.
Bolaños contó para este acuerdo con el respaldo del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y, según eldiario.es, podría allanar el camino para el viaje de León XIV a España en junio próximo.
Argello afirmó por su parte: "queremos asumir nuestra propia responsabilidad".
El Plan de Reparación que en julio de 2024 puso en marcha la Iglesia por su cuenta, al margen del Gobierno, conocido como Priva (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos), ha reparado a medio centenar de víctimas de casos de pederastia prescritos con indemnizaciones de entre 3.000 y 100.000 euros.
La Iglesia reconoce 2.002 víctimas.
Según la base de datos del diario El País, hay 1.571 acusados y 2.948 víctimas.
A partir de ahora la víctima no tendrá que pasar por el filtro de la Iglesia sino que el procedimiento comenzará en el Ministerio de la Presidencia, que lo trasladará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargada de realizar una propuesta de reparación en función de lo solicitado por la víctima.
El Plan Priva hará su evaluación y en caso de desacuerdo, el Defensor del Pueblo adoptará una resolución definitiva.
La CEE y Confer se comprometen con este acuerdo a abonar además las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.
Este sistema de reparación cumple con lo que recomendó en un informe de 2023 el Defensor del Pueblo, que propuso una especie de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas, a la que los obispos se habían negado hasta hoy.
(ANSA).



