España.- El juez del 'caso Begoña Gómez' acata la orden de la Audiencia y archiva para delegado del Gobierno en Madrid
España.- El juez del 'caso Begoña Gómez' acata la orden de la Audiencia y archiva para delegado del Gobierno en Madrid
MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -
El juez Juan Carlos Peinado ha archivado este jueves el 'caso Begoña Gómez' para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le emplazase a retirarle su condición de investigado al considerar que su imputación se basó en "meras suposiciones".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre, al que se investigaba por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El magistrado asegura en el auto que, visto el contenido de la resolución de la Audiencia Provincial, "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".
Fue el pasado mayo cuando el juez Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre por ese presunto delito, por participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para la esposa del presidente del Gobierno desde "su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".
La Audiencia Provincial de Madrid estimó a principios de este mes de diciembre los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la imputación de Martín Aguirre. Así las cosas, revocó parcialmente el auto por el que se le imputó "al inadmitirse la querella formulada por la representación procesal del partido político Vox".
"NO CONSTA QUE SUPIERA" NADA
Los magistrados consideraron en esa resolución que "no consta que supiera" que la asesora Cristina Álvarez estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", "tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad".
La Audiencia de Madrid estimó esos recursos, a los que se sumaron las defensas tanto de Gómez como de Álvarez, recordando que ya en junio se pronunció sobre que la investigación tenía que centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora han sido sobrepasadas para favorecer el presunto "plan delictivo" de Gómez.
"Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno", añadían en un auto.
LA "LEGALIDAD" DEL NOMBRAMIENTO DE ÁLVAREZ, "FUERA DE TODA DUDA"
Para los magistrados, esa "debía ser la dirección que debería tomar la instrucción respecto de la citada encausada, no encontrándose la razón de dirigir una nueva querella acumulada contra el que se supone hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tenga esa supuesta función de control".
"Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quien debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada", agregaban.
A ello sumaban que "los recurrentes casi de forma unánime se centran en la legalidad del nombramiento de Álvarez como asistente de la mujer del presidente del Gobierno, cuestión que está fuera de toda duda".
La Audiencia de Madrid resolvió este asunto días después de que el juez instructor preguntara a las partes si consideran pertinente archivar el caso para el delegado del Gobierno en Madrid, toda vez que la Fiscalía así lo pidió al considerar "incomprensible" que continuase investigado después de que Peinado exonerara a la última imputada, la secretaria general de Presidencia, Judith González, sucesora de Martín Aguirre.
En esta causa, Peinado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
La esposa de Pedro Sánchez es la única investigada a la que imputa los cinco delitos, mientras que a Martín Aguirre solo le achacaba el de malversación por la contratación y el desempeño de las funciones de Álvarez como asesora de Gómez.
