españa enfada a las plataformas de vtc y a sus conductores con una nueva normativa
(Agrega detalles y citas, cambia titular y redacción)
Por Inti Landauro
MADRID, 27 jun (Reuters) - El Gobierno español enfureció el martes al sector que opera vehículos de transporte con conductor (VTC) al permitir que las comunidades autónomas restrinjan su actividad, a pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había anulado una serie de restricciones locales en Barcelona.
Las asociaciones que representan a los conductores que trabajan con plataformas de aplicaciones que operan en España, como Uber, Bolt y su competidor local Cabify, dijeron que impugnarían la decisión en Bruselas y pedirían a la Comisión Europea que abriera un procedimiento judicial contra España.
"Lamentamos que de nuevo se pretenda imponer límites a la actividad empresarial y no al derecho de los usuarios a obtener un servicio de calidad", dijo Bolt en un comunicado.
El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto que permite a las autoridades regionales obligar a los conductores de VTC a respetar criterios adicionales para poder operar en zonas específicas, dijo a la prensa la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
El decreto establece que estos criterios tendrán que estar justificados por razones como la protección del medio ambiente, la seguridad vial o la sostenibilidad de "servicios de interés público" como los taxis convencionales.
Este último motivo va en contra de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anuló las restricciones impuestas en Barcelona, dijeron Feneval y Unauto, dos asociaciones de conductores y propietarios de flotas.
La sentencia del 8 de junio afirmaba que las restricciones impuestas en Barcelona, destinadas a reducir el número de vehículos privados de transporte de pasajeros contratados a través de plataformas móviles para proteger los intereses de los servicios de taxi, violaban la legislación de la UE al discriminar entre distintos proveedores de servicios.
Sin embargo, el Ministerio de Transportes español afirmó que la nueva normativa acata la sentencia judicial e insistió en que la protección de los taxis es de interés público general.
La aplicación de las restricciones de Barcelona a finales del año pasado había obligado a muchos conductores autónomos y propietarios de flotas de Barcelona a cerrar su negocio, por lo que acogieron con satisfacción la sentencia judicial como un precedente que los institucionalizaba como operadores legítimos de transporte público. (Información de Inti Landauro; información adicional de Belén Carreño; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
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