Expansión de centros de detención del ICE genera indignación en comunidades de todo EEUU
SOCORRO, Texas, EE.UU. (AP) — En un pueblo de Texas al borde del río Bravo, que Estados Unidos denomina río Grande, y de un alto muro metálico fronterizo, circulaban rumores de que autoridades federales de inmigración querían comprar tres enormes almacenes para transformarlos en un centro de detención.
Las autoridades locales se apresuraron a averiguar qué ocurría, y se presentó una escritura que mostraba que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya había cerrado un acuerdo de US$122,8 millones por los almacenes de 76.738 metros cuadrados (826.000 pies cuadrados) en Socorro, una comunidad dormitorio de 40.000 habitantes a las afueras de El Paso.
“Ningún funcionario del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono o siquiera enviarnos algún tipo de correspondencia para avisarnos de lo que está a punto de suceder”, señaló Rudy Cruz Jr., el alcalde del pueblo de mayoría hispana, con viviendas bajas tipo rancho y parques de casas móviles, donde huertos y acequias de riego comparten el paisaje con centros comerciales, paradas de camiones, plantas de reciclaje y almacenes de distribución.
Socorro es una de las al menos 20 comunidades con grandes almacenes en Estados Unidos que se han convertido en objetivos discretos de la expansión de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que asciende a US$45.000 millones.
En un momento en que el apoyo público a la agencia y a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump se debilita, las comunidades se oponen a las detenciones masivas y expresan preocupación de que las instalaciones puedan poner bajo presión al suministro de agua y otros servicios, al tiempo que reducen los ingresos fiscales locales. En muchos casos, alcaldes, comisionados de condado, gobernadores y miembros del Congreso se enteraron de las ambiciones del ICE solo después de que la agencia compró o arrendó espacio para detenidos, lo que provocó sorpresa y frustración incluso en zonas que han respaldado a Trump.
“Yo siento”, comentó Cruz, cuya esposa nació en México, “que hacen estas cosas en silencio para que no haya oposición”.
El ICE, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ha comprado al menos siete almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas, según muestran las escrituras firmadas. Se han anunciado otros acuerdos, pero aún no se han finalizado, aunque varios compradores frustraron ventas en ocho ubicaciones.
El DHS objetó que se llamara “almacenes” a los sitios y subrayó en un comunicado que serían “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares de detención”.
El proceso ha sido caótico en ocasiones. El ICE reconoció la semana pasada que cometió un “error” cuando anunció compras de almacenes en Chester, Nueva York, y Roxbury, Nueva Jersey. Roxbury anunció el viernes que la venta se había concretado.
El DHS ha confirmado que busca más espacio de detención, pero no ha revelado sitios individuales antes de las adquisiciones. Algunas ciudades se enteraron por medio de periodistas de que el ICE exploraba almacenes. Otras recibieron el aviso a través de una hoja de cálculo que circulaba en internet entre activistas, cuya fuente se desconoce.
No fue sino hasta el 13 de febrero cuando se confirmó el alcance del proyecto de almacenes, cuando la oficina del gobernador de New Hampshire, donde existe un fuerte rechazo a un centro de procesamiento planificado de 500 camas, difundió un documento del ICE donde se muestra que la agencia planea gastar US$38.300 millones para aumentar la capacidad de detención a 92.000 camas.
Desde que Trump asumió el cargo, el número de personas detenidas por el ICE ha aumentado a 75.000 en comparación con las 40.000 anteriores, distribuidas en más de 225 sitios.
El ICE podría usar los almacenes para consolidar operaciones y aumentar la capacidad. En el documento se describe un proyecto que incluye ocho centros de detención a gran escala, capaces de albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos cada uno, y 16 centros regionales de procesamiento más pequeños. El documento también se refiere a la adquisición de 10 instalaciones existentes “llave en mano”.
El proyecto se financia mediante el gran proyecto de ley de recortes fiscales y gastos aprobado por el Congreso el año pasado, que casi duplicó el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Para construir los centros de detención, el gobierno de Trump utiliza contratos con el Ejército.
Esos contratos permiten mucho secretismo y que el DHS actúe con rapidez sin seguir los procesos y salvaguardas habituales, señaló Charles Tiefer, profesor emérito de derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore.
En Socorro, los almacenes propiedad del ICE son tan grandes que en su interior cabrían 4 1/2 Walmart Supercenters, lo que contrasta con los vestigios de la austera arquitectura colonial española y de misión que define al pueblo.
En una reciente reunión del Concejo Municipal, los comentarios del público se extendieron durante horas. “Creo que mucha gente inocente está quedando atrapada en su redada”, opinó Jorge Mendoza, un jubilado del condado de El Paso cuyos abuelos emigraron desde México.
Muchos oradores mencionaron preocupaciones por las tres muertes ocurridas recientemente en una instalación de detención del ICE en la cercana base militar de Fort Bliss.
Incluso comunidades que respaldaron a Trump en 2024 se han visto tomadas por sorpresa por los planes del ICE y han expresado inquietudes.
En el condado de Berks, en la zona rural de Pensilvania, el comisionado Christian Leinbach llamó al fiscal de distrito, al jefe de la policía, al director de la cárcel y al responsable de servicios de emergencia del condado cuando escuchó por primera vez que el ICE podría comprar un almacén en Upper Bern Township, a 4,8 kilómetros (3 millas) de su casa.
Nadie sabía nada.
Unos días después, un funcionario local encargado de los registros de tierras le informó que el ICE había adquirido el edificio —promocionado por desarrolladores como un “centro logístico de última generación”— por US$87,4 millones.
“No hubo absolutamente ninguna advertencia”, afirmó Leinbach durante una reunión en la que expresó su preocupación de que convertir el almacén en una instalación federal implique la pérdida de más de US$800.000 en impuestos locales.
El ICE ha destacado los impuestos sobre la renta que pagarían sus trabajadores, aunque las instalaciones en sí estarán exentas de impuestos a la propiedad.
En Social Circle, Georgia, que también apoyó con fuerza a Trump en 2024, los funcionarios quedaron atónitos por los planes del ICE para una instalación que podría albergar entre 7.500 y 10.000 personas, tras enterarse por primera vez a través de un reportero.
La ciudad, que tiene una población de apenas 5.000 habitantes y le preocupan las necesidades de infraestructura para un centro de detención de ese tamaño, tuvo noticias del DHS solo después de que se completó la venta, por US$128,6 millones, de un almacén de 92.900 metros cuadrados (1 millón de pies cuadrados). Al igual que Socorro y el condado de Berks, Social Circle cuestionó si el sistema de agua y alcantarillado podría mantener el ritmo.
El ICE ha dicho que realizó el debido proceso para garantizar que los sitios no saturen los servicios públicos municipales. Pero Social Circle indicó que el análisis de la agencia se basó en una planta de tratamiento de aguas residuales que aún no se construye.
“Para que quede claro, la Ciudad ha comunicado repetidamente que no tiene la capacidad ni los recursos para atender esta demanda, y ninguna propuesta presentada hasta la fecha ha demostrado lo contrario”, señaló la ciudad en un comunicado.
Y en Surprise, un suburbio de Phoenix, las autoridades enviaron una dura carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, después de que el ICE, sin previo aviso, comprara un enorme almacén en una zona residencial a aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) de una escuela secundaria. La fiscal general demócrata de Arizona, Kris Mayes, planteó la posibilidad de acudir a los tribunales para que el sitio sea declarado una molestia pública.
De vuelta en Socorro, las personas que esperaban para hablar en contra de la instalación del ICE se desbordaron fuera de la sala del Concejo Municipal; algunos permanecían de pie junto a murales que rendían homenaje al Programa Bracero de la era de la Segunda Guerra Mundial, que permitió que agricultores mexicanos entraran a Estados Unidos como trabajadores invitados. El programa impulsó la economía y la población de Socorro hasta que, en la década de 1950, el gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower iniciara deportaciones masivas contra personas que habían cruzado la frontera ilegalmente.
Eduardo Castillo, exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, les dijo a los funcionarios municipales que es intimidante, pero “no imposible”, impugnar al gobierno federal.
“Si no lo intentan”, advirtió, “terminarán con otra instalación de detención inhumana construida en su jurisdicción y bajo su vigilancia”.
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Hollingsworth informó desde Kansas City, Missouri. Holly Ramer en Concord, New Hampshire, y Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania, también contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
