Familias inmigrantes relatan duras condiciones de vida en centro de detención de Texas
LAREDO, Texas (AP) — Un mes después de que agentes de ICE enviaran a una joven madre ecuatoriana y a su hija de 7 años a un enorme centro de detención a más de 2.000 kilómetros (1.300 millas) de su hogar en Minnesota, por fin quedaron en libertad.
Pero cuando el autobús se detuvo frente a un albergue para migrantes en la ciudad fronteriza de Laredo y dejó a media docena de familias cargando bolsas repletas de pertenencias, el estrés de las últimas semanas se cernía sobre la madre y su hija como las largas sombras de aquella tarde de mediados de febrero.
Noche tras noche, dentro del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas, junto con cientos de familias más, la niña de primaria lloraba y rogaba que le dijeran por qué las retenían.
“Ella me decía, ‘mamá, ¿qué delito cometí que estoy presa?’ Y yo no le sabía qué decir”, relató la mujer, de 29 años, que habló bajo condición de anonimato por temor a que pudiera afectar negativamente su caso migratorio si era identificada. Su esposo fue deportado a Ecuador poco después de que las detuvieran.
Muchos estadounidenses se alarmaron el mes pasado cuando circularon fotos en las que se veía a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis deteniendo a un niño de 5 años que llevaba un gorro de conejo y una mochila de Spiderman. La preocupación acompañó a Liam Conejo Ramos y a su padre cuando los enviaron a Dilley, rodeado de cercas de malla metálica en una polvorienta llanura a unos 120 kilómetros (75 millas) al sur de San Antonio.
Pero Liam dista mucho de ser un caso aislado. El ICE ha retenido a cientos de niños en Dilley, muchos de ellos durante meses.
“Todos somos Liam”, dijo por teléfono desde Dilley Christian Hinojosa, una inmigrante de México, donde ella y su hijo de 13 años estuvieron detenidos por más de cuatro meses. Los liberaron este mes y les permitieron regresar a su casa en San Antonio, donde ella trabaja como asistente de salud.
Señaló que Liam y su padre fueron liberados de Dilley después de 10 días, cuando intervinieron miembros del Congreso y un juez.
“Mi hijo dice: ‘Eso no es justo, mamá. ¿Cuál es la diferencia entre él y nosotros?’”.
Cuando el gobierno de Barack Obama inauguró Dilley en 2014, casi todas las familias detenidas allí habían cruzado recientemente la frontera desde México. El gobierno de Joe Biden redujo las detenciones en la instalación en 2021, antes de que cerrara tres años después.
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NOTA DEL EDITOR — En esta historia se hace mención del suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible por teléfono o enviando un mensaje de texto al 988.
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Desde que el gobierno del presidente Donald Trump lo reabrió la primavera pasada, la vida dentro de Dilley —un complejo de remolques y otros edificios prefabricados— ha estado marcada por tres cambios decisivos.
El número de familias detenidas ha aumentado drásticamente desde el otoño pasado. El gobierno retiene a muchos niños mucho más allá del límite de 20 días establecido por una orden judicial de larga data. Y muchos detenidos han vivido en Estados Unidos durante varios años, con raíces en vecindarios, lugares de trabajo y escuelas, según abogados y otros observadores.
“Imagínese que usted es un niño y lo sacan de su entorno”, señaló Philip Schrag, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown y autor de “Baby Jails: The Fight to End the Incarceration of Refugee Children in America” (“Cárceles para bebés: la lucha para acabar con el encarcelamiento de niños en Estados Unidos”).
De pronto está en “un entorno completamente extraño, con las puertas cerradas con llave y guardias uniformados patrullando”, añadió Schrag, quien asesoró a detenidos en Dilley como abogado voluntario durante el gobierno de Obama.
El ICE registró a más de 3.800 niños en detención durante los primeros nueve meses del nuevo mandato de Trump, según un análisis de datos del Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, realizado por The Associated Press. En un día promedio, se retenía a más de 220 niños, y la mayoría de los detenidos por más de 24 horas eran enviados a Dilley. Más de la mitad de los detenidos en Dilley durante ese periodo eran menores.
Casi dos tercios de los niños detenidos por el ICE fueron finalmente deportados y casi 1 de cada 10 salió del país cuando sus padres aceptaron la salida voluntaria, según un análisis de los datos integrales más recientes realizado por la AP. Aproximadamente una cuarta parte fue liberada en Estados Unidos, con la exigencia de que sus padres se presenten regularmente ante el ICE mientras avanzan sus casos legales.
El número de detenidos en Dilley ha aumentado notablemente desde el periodo que abarcan esos datos, casi triplicándose entre el otoño pasado y finales de enero hasta superar los 1.300, según Relevant Research, que analiza datos de aplicación de leyes migratorias.
“Hemos empezado a usar 100 días como referencia para priorizar los casos porque muchos niños han sido detenidos por más de 20 días”, explicó Leecia Welch, directora jurídica principal de Children’s Rights, quien visita Dilley con regularidad para verificar el cumplimiento de las leyes.
El aumento de la detención de niños ocurre tras el desmantelamiento, por parte del gobierno de Trump, de una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) responsable de supervisar las condiciones dentro de Dilley y otras instalaciones.
“Es especialmente preocupante que se incremente la detención de familias”, advirtió la doctora Pamela McPherson, psiquiatra infantil y adolescente contratada por el DHS desde 2014 hasta el año pasado para inspeccionar e investigar las condiciones en Dilley y otras instalaciones del ICE donde se retiene a menores.
“¿Quién proporciona ahora ese control y contrapeso?”
El representante Tony Gonzales, que representa el distrito parlamentario donde se ubica Dilley, afirmó que, tras múltiples visitas, está convencido de que las críticas al centro son injustas.
Aseguró que le impresionaron las instalaciones de Dilley y el profesionalismo y la dedicación del personal. “Ellos no hacen política. Solo cumplen con un deber”, sostuvo el republicano Gonzales.
El DHS no respondió a preguntas detalladas sobre Dilley enviadas por la AP. Pero tanto el DHS como el ICE refutaron enérgicamente las acusaciones de mala atención y condiciones deficientes en el lugar.
“El centro de Dilley es un centro residencial familiar diseñado específicamente para alojar unidades familiares en un entorno seguro, estructurado y apropiado”, señaló esta semana en un comunicado el director del ICE, Todd M. Lyons. Los servicios incluyen evaluaciones médicas, paquetes de cuidado para bebés, así como aulas y espacios recreativos, indicó el ICE.
Pero las preocupaciones sobre Dilley son un asunto personal para Kheilin Valero Marcano, una inmigrante venezolana detenida en diciembre con su esposo y Amalia, su hija de 1 año, y retenida durante casi dos meses.
Cuando la niña tuvo fiebre, Valero Marcano contó que el personal de Dilley le dijo que era solo un virus. Dos semanas después, Amalia empezó a vomitar y luego a perder peso. Valero Marcano señala que la llevó al consultorio médico de Dilley al menos ocho veces, pero le ofrecieron Tylenol e ibuprofeno.
Finalmente enviaron a la bebé a dos hospitales, donde los médicos diagnosticaron COVID, bronquitis, neumonía y un virus estomacal, dijo.
El ICE cuestionó el relato de Valero Marcano y afirmó en un comunicado que la bebé “recibió de inmediato la atención médica adecuada” en Dilley antes de ser enviada al hospital. De regreso en Dilley, “estuvo en la unidad médica y recibió el tratamiento adecuado y los medicamentos recetados”, indicó.
El regreso de la familia a Dilley coincidió con un brote de sarampión en el lugar. Los liberaron a principios de este mes después de que sus abogados presentaran una petición ante el tribunal.
“Estoy muy preocupada por todas las familias que siguen ahí”, manifestó Valero Marcano.
Después de más de dos meses en una estrecha habitación en Dilley con otras tres familias, la depresión de la niña de 13 años se volvió cada vez más profunda.
La estudiante de octavo grado dejó de comer tras encontrar un gusano en su comida, dijeron familiares. En ocasiones, el personal le retenía medicamentos que le habían recetado desde hacía tiempo para controlar la ansiedad y ayudarla a dormir.
Cuando se impuso un confinamiento total, un guardia impidió que la adolescente saliera de la abarrotada habitación para reunirse con su madre y su hermana en el baño. Entró en crisis y usó un cuchillo de plástico de la cafetería para cortarse la muñeca.
“Sus palabras eran de que no quería vivir más, porque si ella tenía que seguir viviendo el encierro, que ella prefería morir”, relató a la AP su madre, Andrea Armero, en una videollamada desde Colombia, donde la familia fue deportada este mes. Por lo general, la AP evita identificar a personas que intentan suicidarse o mueren por suicidio.
Las dificultades de la niña comenzaron antes de llegar a Dilley. Poco después de empezar la secundaria en Colombia, se enteró de que un familiar había abusado sexualmente de su hermana menor. Armero dijo que no vio otra opción que irse y, a inicios de 2024, ella y sus hijas viajaron a la frontera de Estados Unidos con México para solicitar asilo.
Mientras vivía con familiares en Florida, la adolescente de 13 años iba bien en la escuela, pero a veces sufría ataques de pánico ante la idea de ser enviada de regreso a Colombia. Bajo el cuidado de un psiquiatra, le recetaron medicamentos contra la ansiedad y la depresión, y veía a un terapeuta con regularidad. Luego, en diciembre, agentes del ICE detuvieron a Armero y a sus hijas durante una cita rutinaria de control.
En Dilley, la adolescente se calmaba dibujando, y producía imágenes inquietantes de una niña encerrada tras rejas. Pero cuando ella y otros detenidos participaron en una protesta cuando el pequeño Liam, de 5 años, y su padre llegaron a Dilley, los guardias les quitaron los materiales de dibujo y ordenaron que todos permanecieran adentro.
La salud mental de la adolescente se vino abajo. Intentó hacerse daño con el cuchillo de plástico, dijo Armero, y se golpeó la cabeza repetidamente. La familia fue puesta en aislamiento sin ver a un médico y luego deportada a Colombia el 11 de febrero, después de que un juez ordenara su expulsión, afirmó.
Los documentos de alta de Dilley describieron “problemas activos”, entre ellos un “intento de suicidio por corte de muñeca” y “autolesión”, además de “antecedentes de trastorno de estrés postraumático” y “antecedentes de ansiedad”. La AP también habló con detenidos y abogados que describieron de manera independiente el intento de suicidio de la niña.
En respuesta a preguntas de la AP, un funcionario del DHS reconoció que se había producido “un caso de autolesión” dentro de la instalación, pero no especificó qué ocurrió ni cómo manejó el personal el incidente. Cuando la AP pidió detalles, el DHS no respondió a preguntas de seguimiento.
“A ningún niño en Dilley... se le ha negado el tratamiento médico ni ha experimentado una evaluación médica retrasada”, afirmó Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, la empresa penitenciaria con fines de lucro que opera la instalación bajo contrato con el ICE. Gustin se negó a responder una pregunta específica sobre la niña de 13 años, citando normas de privacidad.
En una llamada telefónica desde el interior de Dilley, el joven de 13 años Gustavo Santino Josa se presentó ante un reportero con su nombre y el número de identificación de 9 dígitos que el ICE le asignó cuando lo detuvieron junto con su madre.
“Hasta hoy, no sé qué es lo que hicimos mal para que nos tengan presos”, dijo Gustavo. “He visto llorar a mi mamá casi diario y yo le pido a Dios que podamos salir y volver a casa pronto”.
Le preocupaba que quizá nunca los liberaran.
“Mi mamá dice que mientras haya una esperanza, vale la pena luchar”, comentó Gustavo antes de pasar el teléfono a su madre, Christian Hinojosa, la asistente de salud originaria de México.
“Todos sus amigos ya se han ido”, explicó su madre. “A algunos los deportaron. A otros los liberaron recientemente. Y duele. Duele ver que la gente se va y tú te quedas aquí”.
Dilley fue construido para albergar a 2.400 personas, alojadas en grupos que el ICE denomina “vecindarios”. Las literas se colocan una al lado de la otra para alojar hasta cuatro familias, lo que con frecuencia deja a padres con niños pequeños en espacios muy reducidos.
Una vez que se encuentre en plena operación, se espera que Dilley genere alrededor de 180 millones de dólares en ingresos anuales para CoreCivic, según una presentación reciente de la empresa ante reguladores de valores.
En un video en su sitio web, CoreCivic afirma que el “diseño de campus abierto permite que los residentes se muevan libremente y sin escolta durante el día”.
No menciona que los padres y sus hijos quedan encerrados bajo llave.
En respuesta a preguntas de la AP, Gustin, de CoreCivic, indicó que el personal de Dilley incluye un pediatra, un enfermero practicante pediátrico, otros profesionales médicos capacitados, así como servicios de salud mental para “satisfacer las necesidades de los niños y las familias bajo nuestro cuidado”.
Sin embargo, en conversaciones con padres de niños retenidos en Dilley, los mismos problemas aparecen una y otra vez, dijo Welch, la abogada de derechos de la niñez.
Los niños lloran con frecuencia y no duermen lo suficiente, en parte porque las luces permanecen encendidas las 24 horas, explicó. El agua sabe terrible y provoca dolor de estómago y sarpullidos, por lo que algunas familias se limitan a lo que pueden comprar en la tienda interna.
Sus hijos no comen lo suficiente y han perdido peso, señaló Welch. Hay aulas, pero la instrucción se limita a una hora diaria, en su mayoría para completar hojas de trabajo.
Una niña de 14 años, identificada en documentos judiciales por las iniciales NVSM, informó que había tensiones con hasta 12 personas compartiendo su habitación. Por la noche, cuando ella y su madre intentaban dormir, otros insistían en subir el volumen del televisor.
“Me siento muy triste y estresada por estar aquí”, dijo la adolescente en un testimonio presentado ante el tribunal que supervisa un acuerdo vinculante que regula la detención y liberación de menores. “Mis nervios están muy alterados. No sé qué está pasando. Mis músculos se contraen porque estoy muy nerviosa y tensa”.
Cuando la detención de padres y sus hijos por parte del gobierno quedó bajo escrutinio en 2014, un funcionario del ICE insistió en que los centros de detención familiar, equipados con canchas de baloncesto y clínicas médicas, eran “más como un campamento de verano”.
Esa caracterización irritó a McPherson, la psiquiatra infantil que, junto con otro médico, fue contratada en 2014 por el DHS para inspeccionar centros de detención familiar. Sus contratos no fueron renovados por el gobierno de Trump el año pasado después de que el DHS anunciara amplias reducciones de personal.
“Tener un lugar limpio para dormir, tener comida, no es lo mismo que tener familia y comunidad”, dijo McPherson.
Las investigaciones de los médicos sobre centros de detención familiar expusieron una falta de personal consistentemente inadecuada y el desdén de los administradores por el trauma causado por la detención, preocupaciones que reportaron en 2018 ante un grupo del Senado creado para escuchar a denunciantes.
En Dilley, los médicos observaron una persistente escasez de pediatras y la imposibilidad de contratar a un psiquiatra infantil desde que comenzaron sus inspecciones hasta que alertaron a los senadores.
Empleados que no sabían cómo manejar a niños de 2 años que se mordían y golpeaban entre sí colocaban a los niños y a sus padres en aislamiento médico durante días, dijeron McPherson y su colega a los senadores. Sin supervisión, una enfermera en Dilley aplicó vacunas contra la hepatitis A con dosis para adultos a unos 250 niños en 2015, informó la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
El DHS respondió a muchos de los hallazgos haciendo cambios antes de que un comité especial recomendara, a finales de 2016, que el gobierno dejara de usar la detención familiar salvo en casos excepcionales. El primer gobierno de Trump incrementó la detención familiar antes de que el gobierno de Biden comenzara a eliminarla gradualmente en 2021.
Que el gobierno de Trump vuelva a retener familias en Dilley después de tantas advertencias parece algo “distópico”, dijo McPherson.
“La decisión de traumatizar deliberadamente a niños y someterlos a estrés crónico... simplemente no tengo palabras”, expresó.
Apretujados alrededor de mesas de picnic en el albergue para migrantes de Laredo, padres liberados de Dilley buscaban con ansiedad vuelos de regreso a los hogares que dejaron atrás. Llamaban a familiares, amigos, maestros, a cualquiera que pudiera ayudarles con dinero para llegar.
La joven madre ecuatoriana habló de regresar a Minneapolis, donde su hija de 2 años, nacida en Estados Unidos, se quedaba con una amiga. Como su esposo fue deportado, la crianza recaerá por completo sobre ella.
Eso significa volver a inscribir a su hija de 7 años en la escuela. Luego, la mujer —que tenía permiso de trabajo y un empleo en un restaurante de Minneapolis antes de ser detenida— necesita dar de comer a sus hijos.
“Mami, vamos a casa pero no vayas a ir a trabajar porque de nuevo te va agarrar inmigración”, dijo la niña. Su madre intentó tranquilizarla.
Eso no ocurrirá, le dijo, porque ahora tienen un documento especial que le indica al ICE que las deje en paz.
Espera que sea una promesa que pueda cumplir.
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El reportero de datos de la AP Aaron Kessler contribuyó desde Washington.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
