Filial de Hutchison denuncia allanamiento de oficina en Panamá tras perder concesión
La filial de la empresa hongkonesa Hutchison denunció este viernes el allanamiento de uno de sus locales en Panamá, tras perder la concesión de dos puertos
La filial de la empresa hongkonesa Hutchison denunció este viernes el allanamiento de uno de sus locales en Panamá, tras perder la concesión de dos puertos que operaba en el canal interoceánico.
El jueves, la fiscalía panameña extrajo documentos de una instalación en el marco de una pesquisa por "la posible comisión de un hecho ilícito", aunque no mencionó a los involucrados.
Panama Ports Company (PPC), filial Hutchison que operaba las dos terminales, confirmó este viernes que ese operativo se desarrolló en un local donde guardaba documentación sobre procesos legales en marcha.
Fue "una irrupción sin notificación previa en una instalación privada de almacenamiento que contenía documentación propietaria y material sujeto a privilegio legal" de "procesos judiciales en curso", dijo PPC en un comunicado.
"La documentación hay que estudiarla", declaró el fiscal Azael Samaniego a periodistas en el lugar del registro, que no tenía letreros de identificación y de donde agentes se retiraron con cajas de papeles.
El pasado lunes, las autoridades panameñas tomaron los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, en cumplimiento de un fallo judicial que anuló el contrato por el cual PPC administraba esas terminales desde 1997.
La Corte Suprema revirtió la concesión por considerar que era lesiva para el país.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusa a la empresa de haber convertido en un "territorio autónomo" los dos puertos, con un contrato mediante el cual "se sometió por décadas a todo un país sin transparencia alguna".
"Esa empresa hizo y deshizo en Panamá por décadas", aseveró Mulino horas antes del allanamiento.
Según la Contraloría panameña, que demandó la concesión, Panamá dejó de recibir de la compañía US$1.200 millones por sus operaciones.
Además, según la entidad, la firma se benefició de "muchas exenciones fiscales", "no pagó la renta" adecuada por la concesión y hubo irregularidades en una auditoría previa para justificar la renovación del contrato, en 2021, por 25 años más.
Sin embargo, PPC aseguró este viernes que desde hace un año el Estado puso en marcha un plan para "remover y reemplazar" a la firma, lo que definió como una "colusión".
Hutchison anunció previamente que impugnaría el fallo ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París.
