Fútbol argentino va a la huelga en defensa de Tapia. Aducen persecución del gobierno de Milei
BUENOS AIRES (AP) — Los clubes de Argentina anunciaron una huelga del 5 al 8 de marzo en repudio a lo que consideran una persecución judicial contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, propulsada por el gobierno de Javier Milei.
La escalada del conflicto que mantienen la entidad rectora del fútbol campeón del mundo y el gobierno de Milei coincide con la decisión de un juez de citar a declarar a Tapia para el jueves 5 de marzo en una causa en la que está imputado por retención indebida por parte de la AFA de tributos de la seguridad social.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la gubernamental Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga profesional, “los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes” resolvieron suspender los partidos de la primera división y el resto de las categorías del fútbol argentino programados del jueves 5 al domingo 8 de marzo "en repudio a la denuncia realizada por ARCA”, anunció AFA el lunes en un comunicado.
El último viernes, el juez Diego Amarante prohibió salir del país y citó a declaración indagatoria a Tapia y a otros cuatro dirigentes para los primeros días de marzo en el marco de la investigación por incumplimiento en el pago de aportes sociales por la suma de 19.000 millones de pesos (US$13 millones) en 2024 y 2025.
Los otros convocados a declarar por la misma causa judicial son el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el expresidente de Racing Club, Víctor Blanco, quien ocupaba un cargo en la entidad en el período investigado.
Según la denuncia del fisco por deuda de aportes sociales, la AFA no habría efectuado el depósito de los importes retenidos dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, lo cual originó la emisión y notificación de las respectivas boletas de deuda por parte del organismo recaudador.
La AFA negó la deuda y sostuvo en el mismo comunicado difundido este lunes que “el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”.
Se trata de la primera convocatoria formal de la justicia al máximo dirigente del fútbol argentino en las múltiples investigaciones abiertas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la entidad que se iniciaron el año pasado, la mayoría impulsadas por el gobierno de Milei, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con Tapia.
Apenas asumió en 2023, el mandatario ultraliberal buscó por decreto imponer las sociedades anónimas deportivas. Pero AFA, que defiende el actual modelo de clubes como asociaciones sin fines de lucro, recurrió a la justicia y frenó la resolución del Poder Ejecutivo.
A fines del año pasado, el gobierno denunció a Tapia ante CONMEBOL por presuntas violaciones al código de ética, mientras que la Inspección General de Justicia (IGJ) —el organismo estatal que en Argentina supervisa el funcionamiento de las asociaciones civiles— alertó sobre presuntas inconsistencias contables de AFA que superan los 450 millones de dólares.
Hay otras causas judiciales en trámite sobre el patrimonio del tesorero Toviggino y la operatoria de empresas con vínculos comerciales con AFA.
Poco antes del anuncio de la huelga en el fútbol argentino, el juez Amarante había autorizado a Tapia a viajar a Colombia y Brasil entre el 23 y 28 de febrero para asistir a actividades oficiales.
Tapia fue invitado por la Federación Colombiana de Fútbol para participar el martes en un acto oficial en la ciudad de Barranquilla y luego tiene previsto asistir a la reunión del consejo de la CONMEBOL, de la cual es vicepresidente segundo, el jueves en Río de Janeiro.
“Al analizar la cuestión sometida a consideración y ponderar las razones laborales invocadas por el presentante, el estado procesal de las actuaciones principales y el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal, no se advierten en la actualidad motivos que justifiquen denegar lo peticionado”, expresó el magistrado en una resolución a la que tuvo acceso AP.
Como condición, el juez Amarante exigió a Tapia depositar una caución real por cinco millones de pesos (equivalente a unos US$3.600).
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El reportero Sergio Farella en Buenos Aires contribuyó con este reporte.
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