Gobierno de Trump y Luisiana ponen fin a otra orden de desegregación escolar
La administración de Trump y funcionarios de Luisiana han levantado otra orden de desegregación escolar de décadas de antigüedad, como parte de una campaña para poner fin a los mandatos judiciales que describen como obsoletos.
Un juez federal aprobó el lunes una moción conjunta de Luisiana y el Departamento de Justicia para desestimar una demanda de 1967 en las escuelas del distrito de DeSoto Parish, un sector de aproximadamente 5000 estudiantes en el noroeste del estado. Es la segunda desestimación de este tipo desde que el Departamento de Justicia comenzó a revocar casos de desegregación que una vez defendió.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, agradeció el miércoles al presidente Donald Trump y a la secretaria de Justicia Pam Bondi por "ayudarnos a finalmente poner fin a algunos de estos casos".
"DeSoto Parish tiene de nuevo su sistema escolar", declaró Murrill en un comunicado. "Durante los últimos 10 años, no ha habido disputas entre las partes, sin embargo, el decreto de consentimiento permanecía".
El caso se remonta a 1967, cuando el Departamento de Justicia demandó a DeSoto Parish para poner fin a su sistema escolar racialmente segregado. El caso resultó en una orden judicial de 1970 que requería que el distrito eliminara la segregación y proporcionara informes de progreso regulares. La orden fue modificada varias veces a lo largo de las décadas, pero ha habido poca actividad en los últimos años.
En la moción para la desestimación, los funcionarios de Luisiana y de Trump dijeron que la orden ya no era necesaria.
"Si bien este caso ha estado pendiente por más de medio siglo, no ha habido disputas entre las partes desde 2014", escribieron en un documento judicial del 30 de diciembre. "Por lo tanto, las partes ya no son adversas, y no hay caso o controversia".
Su moción fue aprobada por el juez Maurice Hicks Jr., quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush.
Los funcionarios estatales dicen que las órdenes judiciales imponen una carga injusta a los distritos escolares. Los distritos bajo tales órdenes generalmente tienen que obtener la aprobación del tribunal para construir nuevas escuelas, cambiar los límites de asistencia o hacer cambios de política relacionados con las órdenes judiciales.
Los grupos de derechos civiles dicen que las órdenes son necesarias para combatir el impacto duradero de la discriminación racial.
DeSoto acudió al tribunal para numerosos cambios a lo largo de los años, incluidas nuevas zonas de asistencia en 2014 que permanecen vigentes hoy. El distrito también presenta informes de estado que muestran la composición racial de estudiantes y maestros, junto con datos sobre transferencias de estudiantes. El último informe del distrito se presentó en octubre.
Los republicanos de Luisiana ven las órdenes de desegregación de décadas de antigüedad como un desafío al control local y han trabajado para levantarlas en los últimos años. Trabajando junto a los funcionarios de justicia de Trump, lograron desestimar una orden de 1966 en el distrito de Plaquemines Parish.
En el caso de Plaquemines, la demanda había estado inactiva durante décadas después de que el juez que la supervisaba muriera en la década de 1970.
Un esfuerzo por revocar una orden de la década de 1960 en las escuelas de Concordia Parish ha enfrentado resistencia de un tribunal federal. Un juez en ese caso rechazó una moción para desestimar la demanda, diciendo que Concordia debe primero demostrar que ha terminado completamente con la segregación. Los funcionarios estatales y federales están apelando la decisión.
El caso de Concordia fue originalmente presentado por familias negras que exigieron acceso a las escuelas exclusivamente blancas de la ciudad.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
