Gobierno e Iglesia española acuerdan reparar "deuda histórica" con víctimas de abusos sexuales
El Gobierno español de izquierda y la Iglesia católica acordaron este jueves un sistema para "saldar una deuda histórica" y reparar a las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, tras años de...
El Gobierno español de izquierda y la Iglesia católica acordaron este jueves un sistema para "saldar una deuda histórica" y reparar a las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, tras años de reticencias y opacidad de la jerarquía eclesiástica.
El pacto, firmado este jueves por el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española (CEE), prevé "la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia" que no puedan acudir a la justicia ordinaria, usualmente por prescripción legal del caso, indicó el ministerio en un comunicado.
El acuerdo permite "saldar una deuda histórica moral que teníamos con las víctimas de abusos", ya que "durante décadas ha habido silencio, ha habido ocultamiento, un daño moral muchas veces imposible de compensar", aseveró en rueda de prensa el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El ministro indicó que las reparaciones serán costeadas por la Iglesia, que hasta ahora se había negado a participar en un esquema como este.
"Para nosotros, (el acuerdo) pone un paso adelante más en el camino que desde años venimos ya realizando", afirmó de su lado el presidente de la CEE, Luis Argüello, quien dijo que será "una vía complementaria" al mecanismo interno que ya la Iglesia había implementado para indemnizar a los afectados.
El Vaticano dio "un impulso necesario e imprescindible para llegar a este acuerdo", señaló Bolaños, quien en el pasado trató este asunto con el fallecido papa Francisco y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
- Valoración "positiva" -
El anuncio fue saludado por asociaciones de víctimas, que por años criticaron la falta de acción de la Iglesia en este país de arraigada tradición católica.
"Nuestra valoración es positiva. Creemos que es algo por lo que hemos estado luchando durante muchos años", dijo a la AFP Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada. "Que la Iglesia ahora, aunque sea por presión del Vaticano, se comprometa a reparar, pues también nos parece muy importante", apuntó.
Mediante el nuevo sistema, que debe empezar a funcionar en un mes, la víctima hará su denuncia ante el Defensor del Pueblo (ombudsman), quien propondrá una reparación que puede ser "económica, moral, psicológica, restaurativa o incluso las cuatro formas simultáneamente", explicó Bolaños.
Si la víctima o la Iglesia no aceptan esa propuesta, la revisará una "comisión mixta integrada por Iglesia, Estado y víctimas", y si ahí tampoco hubiera acuerdo, "prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo", agregó el ministro.
El sistema estará vigente por un año, "prorrogable a dos", un tiempo "más que suficiente para que todas" las víctimas "puedan iniciar el procedimiento", dijo Bolaños.
- Sin "imposición" -
La CEE aclaró en un comunicado que el pacto "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia".
Asimismo, se congratuló que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez haya aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de impuestos, ya que de lo contrario las víctimas tendrían que tributar hasta el 30% de lo recibido, según Luis Argüello.
Por último, la CEE celebró que el Ejecutivo se comprometiera "a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", algo que demandaba la Iglesia, que siempre pidió que el foco no se pusiera solo sobre ella al hablar de estos abusos.
Ante la inacción eclesiástica y a solicitud del Parlamento español, el Defensor del Pueblo elaboró un informe publicado en 2023 que estimó que desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos, cifra que aumentaría a 400.000 si se cuentan los cometidos por laicos en ámbitos religiosos.
La Iglesia encargó una auditoría a un despacho de abogados que contabilizó al menos 2056 víctimas.
Pero la CEE, crítica por igual del informe del Defensor del Pueblo como de la auditoría, emitió su propio reporte, que dio cuenta de 1057 "casos registrados" en sus distintas diócesis, con solo 358 "probados" o "verosímiles".
