Hijas de madre muerta tras esterilización forzada en 1997 piden que Perú cumpla fallo de Corte IDH
LIMA (AP) — Las hijas de una peruana que murió hace casi 30 años por una esterilización forzada en el marco de un programa de planificación familiar que esterilizó a más de 300.000 mujeres pobres pidieron a Perú que cumpla con la sentencia emitida la víspera por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en una fecha próxima al Día Internacional de la Mujer
Marisela Monzón, de 39 años, tenía apenas 10 y es la mayor de tres hermanas cuando en 1997 su madre, Celia Ramos, acudió a un modesto puesto de salud en los Andes en busca de atención dental. La Corte determinó que Ramos, entonces de 34 años, fue presionada y desinformada por funcionarios de salud que le ligaron las trompas de falopio sin los equipos necesarios para emergencias, por lo que murió tras agonizar durante 19 días.
“Estamos aquí representando a cada una de esas mujeres, miles, que sufrieron mucho hace tantos años”, dijo Monzón. “El hecho de que tuviéramos que buscar (justicia en) instancias internacionales evidencia la poca ayuda que se ha tenido en nuestro propio país”, añadió.
Su hermana Marcia, de 34 años, comentó que “a nivel personal” no le habían quedado recuerdos directos de su madre. "Es algo que desde niña se me quitó, algo muy injusto que ninguna persona, ningún niño debe pasar”, dijo.
Las hermanas estuvieron acompañadas por Isabel Cedano, de la organización feminista Demus, y por Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos, encargadas de la defensa legal. La conferencia se realizó en una sala cuyas paredes estaban cubiertas con telas de color rojo y blanco que tenían escritos con tinta negra más de 2000 nombres y apellidos de mujeres peruanas esterilizadas sin consentimiento. También colgaban pañuelos rojos con trompas de falopio impresas de color blanco y la frase “Por Celia, por todas”.
Se trata de la primera sentencia emitida por la Corte IDH —el más alto tribunal en Derechos Humanos de Latinoamérica— en un caso de esterilizaciones forzadas realizadas por un programa nacional ejecutado durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). La Corte estableció que fue un plan dirigido desde los más altos niveles del Estado contra mujeres pobres, rurales e indígenas.
El gobierno peruano no se ha pronunciado tras la decisión de la Corte. La AP pidió comentarios al Ministerio de Justicia pero no hubo respuesta al momento. La entonces primera dama Keiko Fujimori, hija del gobernante de la época y actual candidata a la presidencia de Perú, tampoco ha emitido comentarios.
El recorrido del caso en Perú
En Perú el caso de forma grupal —que buscaba sancionar a Fujimori, fallecido en 2024, y a otros funcionarios de alto rango de su gestión— no ha avanzado por décadas pese al esfuerzo de las mujeres esterilizadas y organizaciones feministas. Los avances de la Fiscalía fueron archivados varias veces, la última en 2024. Luego el caso regresó a nivel de investigación preliminar fiscal y existen al momento 3307 denuncias de esterilizaciones forzadas que buscan justicia.
En 2021 las indagaciones de la Fiscalía señalaron que el gobierno de Fujimori buscó esterilizar a las mujeres más pobres. Por ello se realizaron entre 1996 y 2000 “festivales de salud” en aldeas remotas que incluían fuegos artificiales, bandas musicales para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas. El fiscal Pablo Espinoza, que investigaba el caso esos años, relató frente a un juez diversos episodios de mujeres de áreas rurales que se desmayaban en los caminos mientras intentaban regresar a sus hogares.
La Fiscalía indicó que incluso se premiaba con viajes a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos.
De acuerdo con la Corte IDH, el plan del gobierno de Fujimori ejecutó “más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido”.
Las abogadas Cedano y Martínez indicaron que el caso de Perú es único y no existe otro sobre un plan nacional de esterilizaciones forzadas que haya llegado a la Corte IDH.
Ese tribunal regional ordenó que Perú pague alrededor de US$340.000 a la familia de Celia Ramos y que pida disculpas con presencia de autoridades y familiares de la víctima en un acto transmitido por la prensa.
