Indígenas brasileños protestan por explotación de ríos amazónicos para exportar granos
Cientos de indígenas protestan desde hace dos semanas frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte de Brasil, contra el dragado y explotación de los...
Cientos de indígenas protestan desde hace dos semanas frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte de Brasil, contra el dragado y explotación de los ríos amazónicos para la exportación de granos.
Desde hace meses, las comunidades indígenas brasileñas alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como anfitrión.
"El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (...) para impulsar el agronegocio", dijo a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, en un mensaje en video desde la ciudad portuaria amazónica de Santarém, estado de Pará, mismo que acogió la COP30 en Belém.
"Llevamos aquí 14 días, pero esta lucha no empezó ahora. Ocupamos Cargill para llamar la atención y que el gobierno venga con una propuesta".
Unos 700 indígenas de 14 comunidades participaron el miércoles en la manifestación, según la organización Amazon Watch.
Los manifestantes han impedido que los camiones "entren y salgan de la terminal", dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP, y añadió que la empresa no tiene "autoridad ni control" sobre sus reclamos.
La multinacional estadounidense con sede en Minesota cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a unas 11.000 personas.
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclaman la cancelación de una licitación federal publicada en diciembre, por 74,8 millones de reales (uno 14,2 millones de dólares), para gestionar y dragar el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
"La infraestructura que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será: es un proyecto de muerte para matar nuestro río y nuestros lugares sagrados", afirmó la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú, en un comunicado.
El ministerio de Puertos dijo en enero que el contrato con una empresa para el dragado de mantenimiento era necesario para "incrementar la seguridad de la navegación (...) y garantizar una mayor previsibilidad en las operaciones de transporte de carga y pasajeros".
- "Serios riesgos ambientales" -
Los manifestantes criticaron al gobierno por haber enviado únicamente a funcionarios de nivel medio a reunirse con ellos y por incumplir una promesa de la COP30 de no implementar proyectos en ríos amazónicos "sin consulta previa" a las comunidades indígenas.
El ministerio de los Pueblos Indígenas dijo el lunes en un comunicado que reconoce la "legitimidad de las preocupaciones planteadas" y que ningún dragado ni otros proyectos pueden tener lugar en el río Tapajós sin el consentimiento de los afectados.
Hartos, los manifestantes ya no estaban de humor para negociar.
"No queremos una consulta, queremos que se revoque este decreto", dijo el líder indígena Gilson Tupinambá, durante una reunión con representantes del gobierno.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
Los críticos ven los planes para incrementar el tráfico de barcazas en los ríos amazónicos como otro proyecto en que el desarrollo económico choca con el publicitado compromiso de Lula con el medio ambiente.
"¿Qué hizo el gobierno después de la COP? Lanzó la licitación del dragado", dijo Arapiuns a los representantes del gobierno.
Tras la reunión, los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
La fiscalía general, que ha emprendido acciones legales contra los trabajos de dragado, señaló el martes "serios riesgos ambientales" para el río.
En un comunicado, la fiscalía mencionó la liberación de metales pesados como el mercurio en el agua y la destrucción de hábitats cruciales para especies amenazadas de delfines, tortugas y aves acuáticas.
