Inmigración: Triunfo judicial de Trump, aval a detenciones migratorias sin fianza
La Corte federal respaldó política de línea dura y validó la detención obligatoria
Se trata de un giro clave en la batalla judicial sobre inmigración y que podría afectar a miles de detenidos.
El fallo fue emitido por un panel dividido (2-1) del Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, y representa la primera vez que una corte de apelaciones respalda esta política, pese a que cientos de jueces de instancias inferiores la habían declarado ilegal en todo el país.
La procuradora general Pam Bondi celebró el fallo en redes sociales, al afirmar que supone "un golpe significativo contra jueces activistas que han estado socavando nuestros esfuerzos por hacer a Estados Unidos seguro nuevamente".
La decisión tiene un impacto especialmente relevante porque el 5º Circuito tiene jurisdicción sobre Texas y Luisiana, estados con una alta concentración de centros de detención migratoria y el mayor número de personas bajo custodia del sistema migratorio federal.
Otros tribunales de apelaciones deben pronunciarse sobre el mismo tema en las próximas semanas, por lo que el caso podría terminar en la Corte Suprema, ante el riesgo de fallos contradictorios entre distintos circuitos.
Según la ley migratoria federal, los llamados "solicitantes de admisión" a Estados Unidos están sujetos a detención obligatoria mientras avanzan sus procesos ante tribunales migratorios y no tienen derecho a audiencias de fianza.
Durante décadas, esa categoría se aplicó principalmente a personas detenidas en puertos de entrada o en la frontera. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó el año pasado una reinterpretación más amplia, al sostener que también pueden ser considerados solicitantes de admisión los inmigrantes que ya residen en el país.
Esa lectura fue avalada en septiembre por la Junta de Apelaciones de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, lo que llevó a jueces migratorios de todo el país a ordenar detenciones obligatorias.
La nueva interpretación provocó una ola de demandas. Entre los casos analizados por el 5º Circuito figuraban los de los ciudadanos mexicanos Víctor Buenrostro-Méndez y José Padrón Covarrubias, quienes habían logrado en tribunales inferiores el reconocimiento de su derecho a audiencias de fianza.
No obstante, la jueza Edith Jones, en representación de la mayoría, sostuvo que la reinterpretación del Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996 es correcta. "El texto dice lo que dice, independientemente de las decisiones de administraciones anteriores", escribió.
En disidencia, la jueza Dana Douglas, designada por el expresidente Joe Biden, advirtió que el Congreso que aprobó la ley en 1996 "se sorprendería al saber que también estaba ordenando la detención sin fianza de hasta dos millones de personas".
El fallo fortalece la estrategia migratoria de Trump y refuerza su discurso de mano dura, en un contexto de fuerte polarización política. Al mismo tiempo, reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad, debido proceso y derechos civiles, y profundiza la confrontación entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial. (ANSA).
