Inmigrantes, principales víctimas del robo de salarios
Audelia Molina, una inmigrante mexicana, ganaba 10 centavos por cada prenda que recortaba en un taller de Los Ángeles, la capital de la confección de prendas de vestir de Estados Unidos. Su sueldo era tan bajo que empezó a trabajar 11 horas diarias para aumentar su producción. Cuando pidió un aumento, su supervisor se lo negó, por lo que ella renunció en julio del 2017 y acudió a un abogado laboral para que la ayudase a radicar una demanda por salarios impagos ante la Comisión del Trabajo de California.
Un año después, la justicia falló que Molina cobraba un promedio de 199 dólares a la semana, lo que violaba las leyes laborales, incluidas las que rigen el pago de horas extras y las que disponen que una persona debe ganar al menos el sueldo mínimo del estado, que era de 10,50 dólares la hora. El antiguo patrón de Molina, sin embargo, no le pagó los 23.000 dólares que le debía ni los servicios de los abogados. Su mejor opción era solicitar ayuda de un fondo del estado para trabajadores del sector que fueron robados.
Le tomó más de dos años a Molina recibir su cheque y su antiguo patrón todavía no reembolsó al fondo estatal, como requiere la ley.
Molina, quien lleva 30 años viviendo en California, se vio envuelta en un ciclo tóxico que existe desde hace siglos: Los inmigrantes se encargan de los oficios peor pagados y más arduos, y son las principales víctimas de patrones que no pagan salarios justos. Y cuando acuden a los tribunales o hacen reclamos ante las autoridades, como en el caso de Molina, generalmente reciben una compensación menor que la que les correspondía con tal de cobrar más rápido o se embarcan en procesos inacabables.
“Te pagan lo que quieren”, dijo Molina, quien hoy tiene 58 años. “Lo único que les importa es que se haga el trabajo lo más rápidamente posible”.
Igual que los ciudadanos estadounidenses, los no ciudadanos cuyos empleos están amparados por el Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) tienen derecho a cobrar horas extras después de trabajar 40 horas semanales y a un sueldo mínimo. Pero no es inusual que un inmigrante, tenga permiso de residencia o no, sea intimidado por el patrón —lo que es ilegal— cuando trata de hacer valer sus derechos.
El Departamento del Trabajo no pregunta a las víctimas de presunto robo de salarios si son inmigrantes o no. Afirma que analiza los casos sin importar el status inmigratorio de los trabajadores.
Pero un análisis que hizo el Center for Public Integrity (Centro por la Integridad Pública) de estadísticas del Departamento del Trabajo y de la Oficina del Censo indicó que los sectores que más inmigrantes emplean tienen los índices de robo de salarios más altos.
A nivel nacional, el 16% de los trabajadores de Estados Unidos nacieron en el exterior. Pero en el área de corte y cosido de ropa, los inmigrantes constituyen el 42%. Es uno de los sectores con mayor porcentaje de extranjeros.
El análisis del Centro por la Integridad Pública comprobó también que es el sector con el segundo promedio más alto de violaciones a las leyes salariales en los últimos 15 años.
Otros sectores con gran cantidad de trabajadores inmigrantes y alta incidencia de robo de salarios son el de la agricultura, el mantenimiento de edificios y los trabajos en hoteles, restaurantes y otros servicios alimenticios. En algunas regiones también abunda el robo de salarios en áreas como la construcción, los geriátricos, los depósitos y el lavado de autos.
La principal central obrera del país, AFL-CIO, dice que es fundamental legalizar el status de los millones de inmigrantes sin permiso de residencia para combatir el robo de salarios. Después de años de parálisis, los demócratas que controlan el Congreso tienen problemas para sacar adelante propuestas que despejarían el camino de muchos inmigrantes que llevan años viviendo en el país para que regularicen su status.
“La inmigración es una parte integral del crecimiento económico del país”, señaló un informe del 2016 de la Academia Nacional de Ciencias. “Si la economía estadounidense crece y requiere de más trabajadores para reemplazar a los que se jubilan y para crear nuevas empresas e industrias, la principal fuente de empleados serán los inmigrantes de primera y segunda generación”.
En Los Ángeles, nadie cuestiona que los trabajadores sin permiso de residencia constituyen un porcentaje importante de los 45.000 inmigrantes latinoamericanos y asiáticos que trabajan en los talleres que confeccionan la ropa que termina en las estanterías de muchas cadenas de prendas finas y otras tiendas. Cuando surgió la pandemia del COVID-19 el año pasado, muchos trabajadores del sector produjeron tapabocas y otro equipo protector. Unos 300 trabajadores contrajeron el virus en una fábrica, Los Ángeles Apparel, y seis de ellos fallecieron.
“La pandemia puso de manifiesto el hecho de que una gran cantidad de trabajadores inmigrantes, sobre todo indocumentados, son trabajadores esenciales”, declaró Victor Narro, director de proyectos del Centro Laboral (Labor Center) de la Universidad de California con sede en Los Ángeles. “¿Qué vamos a hacer por ellos ahora?”, preguntó.
Narro apoya la idea de permitir que estos trabajadores regularicen su status, así como una ley que el gobernador de California Gavin Newsom firmó el 27 de septiembre que autoriza el trabajo a destajo en la confección de prendas solo como complemento de un empleo con un sueldo básico y en el marco de un convenio colectivo de trabajo. El personal del Garment Worker Center, una organización sin fines de lucro en la que Molina se enteró de sus derechos, trabajó años para impulsar esa ley. El personal del Centro dice que los reclamos salariales que presentó tenían un salario promedio de 5 dólares la hora, muy por debajo del estipulado por la ley. A partir del 2022, la ley se aplicará también a las tiendas que trabajan con esos talleres.
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Un siglo de explotación de la inmigración
La batalla por salarios justos en California trae a la memoria lo sucedido a principios del siglo 20, cuando empleados del sector de la confección de prendas de vestir de Europa pelearon por protecciones que finalmente fueron incorporadas a la Ley de Normas Laborales Justas en 1938.
Los inmigrantes trabajaban en condiciones muy peligrosas, como las que propiciaron el incendio del Triangle Shirtwaist de Nueva York en 1911. El edificio quedó envuelto en llamas y 146 personas murieron, incluidas 125 mujeres y niñas inmigrantes. Trabajadores airados exigieron leyes que los protegiesen y regulasen el trabajo de menores de edad, y le dieron impulso a la adopción de un salario nacional mínimo. Cuando se aprobaron finalmente estas reformas, la inmigración había disminuido como consecuencia de políticas nativistas, con cuotas y restricciones.
Esas políticas fueron hechas a un lado en 1970 y la inmigración repuntó. Entre 1990 y el 2007 la población de inmigrantes sin permiso de residencia se triplicó. Esto generó un bloque de casi 11 millones de personas que eran más vulnerables a los abusos laborales.
Debido a las denuncias de abusos, las autoridades laborales obtuvieron una orden judicial en agosto que prohíbe al dueño de una panadería de Danbury, Connecticut, “tomar represalias o cualquier medida adversa, o amenazar con tomar medidas adversas” contra sus empleados. El Departamento del Trabajo dice que la panadería Padaminas NY Bakery advirtió a sus empleados que los despediría o los denunciaría a los agentes del servicio de inmigración si hablaban con funcionarios del Departamento del Trabajo que investigaban a la panadería. La persona que contestó el teléfono de la panadería colgó cuando se le preguntó por ese tema.
En California, las autoridades laborales federales ordenaron en mayo a un contratista del condado de Los Ángeles que produce indumentarias para la firma Anna Bella que pagase a diez empleados 5.846 dólares en sueldos atrasados. También le aplicó una multa de 3.485 dólares por violar “a sabiendas” normas de contaduría y pagar a sus trabajadores en efectivo únicamente.
Ruben Rosalez, director regional de la unidad encargada de hacer cumplir las leyes salariales del Departamento del Trabajo en California, dijo que, si bien las autoridades no averiguan el status inmigratorio de los empleados, sus investigaciones a menudo los conducen a empresas que contratan “muchas personas de color, de poblaciones mayormente inmigrantes”.
“Estamos en el 2021”, declaró Rosalez. “No debería haber violaciones a las leyes salariales en el sector de confección de ropa. Pero las hay. De hecho, son bastante comunes”.
Las autoridades laborales hacen cumplir el pago de un salario mínimo de 7,25 dólares la hora. Si un estado o municipalidad tiene sueldos mínimos más altos, les corresponde a las autoridades locales hacerlos cumplir. Ambos hacen pagar una hora y media de sueldo por cada hora extra trabajada después de las 40 horas semanales de rigor.
Las autoridades descubrieron hace poco una supuesta maniobra para privar a empleados de una cadena de restaurantes del pago de horas extras. Empleados de locales de Baja Fresh en la zona de Los Ángeles contactaron un Centro de Oportunidades en Restaurantes (Restaurant Opportunities Center) que defiende sus intereses y que ayudó a su personal, mayormente latinoamericano, a lanzar una investigación.
La investigación se completó en marzo, en que el comisionado del trabajo acusó a la empresa G & D Investments, Inc., que opera los restaurantes de Baja Fresh de Los Ángeles, y a otras siete firmas involucradas y sus CEOS, de rotar a sus empleados entre sus restaurantes para que trabajasen turnos dobles, sin pagarles horas extras. Dijo que las empresas y sus CEOs debían a 188 empleados 375.800 dólares en sueldos mínimos, horas extras, multas y daños. Las empresas apelaron y el proceso sigue su curso. Baja Fresh y G & D Investments no devolvieron numerosas llamadas telefónicas e emails pidiendo comentarios.
Cuando los trabajadores contemplaron la posibilidad de quejarse, “algunos tenían mucho miedo”, dijo la exempleada Rocío Martínez, de 30 años. Afirmó que los jefes a menudo le pedían que trabajase dobles turnos y que a veces decían cosas que hacían que los empleados se sintiesen indefensos.
“Cosas como ‘no puedes tomarte un descanso. Estás en el país ilegalmente’”, manifestó. “Lo decían como si fuese una broma, pero no lo era”.
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Los perjuicios a las familias de inmigrantes
Narro y otros investigadores de UCLA vienen escuchando estas historias desde hace años.
Numerosos informes del Centro Laboral de UCLA han advertido acerca de una “crisis” por el robo de salarios que priva de sueldos a familias de inmigrantes de California. Un informe del 2010 calculó que trabajadores mayormente inmigrantes del condado de Los Ángeles habían perdido un promedio de más de 2.000 dólares anuales, por un valor total de 26 millones a la semana.
El estudio de reclamos de sueldos impagos puede tomar meses, si no años, según admiten las autoridades estatales. El proceso incluye mediaciones, audiencias y apelaciones, que pueden llegar a los tribunales. Y, al final de cuentas, algunas firmas nunca pagarán.
La negativa de las empresas del ramo a pagar a sus empleados fue un problema de tal magnitud hace 20 años que se creó el Garment Restitution Fund, un fondo financiado por una anualidad de 75 dólares cobrada a las empresas. Las firmas deben reembolsar al fondo cuando hace algún pago.
Los reclamos de sueldos impagos se multiplicaron al proliferar los talleres que cobraban menos a sus clientes y que desaparecían de la noche a la mañana. Para el 2018 el fondo estaba insolvente. Cientos de personas esperaban sus cheques y los legisladores transfirieron 16,3 millones de dólares al fondo.
La comisionada del trabajo de California Lilia García-Brower dice que el estado debe hacer más.
“Todos los días, una persona que trabaja duro es privada de su sueldo”, manifestó en un evento en Los Ángeles en febrero.
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Otros estados también tienen problemas
Los inmigrantes pueden enfrentar más problemas todavía en otros estados.
En Houston (Texas) el Centro de Trabajadores Fe y Justicia ayuda a los inmigrantes a negociar directamente con los patrones que les deben dinero. Se calcula que en Houston y sus alrededores viven medio millón de personas sin permiso de residencia, que trabajan en una cantidad de sectores, como la construcción, la limpieza en seco, la jardinería y los depósitos. Cuando un empleado hace un reclamo, algunos patrones los convencen de que lo retiren, según Jessica Lorena Rangel, directora del Community Consultation Legal Center (Centro Legal de Consultas de la Comunidad) de esa organización.
“Los patrones les llenan la cabeza de cosas. Les dicen: ‘No puedes hacerme nada, no tienes salida por tu status (inmigratorio). Ni siquiera deberías estar trabajando. Te estoy haciendo un favor’”, declaró Rangel.
En un año, la organización recibió 540 llamadas en las que se acusó a patrones de no pagar al menos 1,36 millones de dólares en sueldos. Algunas víctimas acuden a tribunales de reclamos menores, indicó Rangel, pero enfrentan los mismos problemas que en California para cobrar.
Si bien se acepta el reclamo, muchas personas rotan entre obras de construcción y otros sitios laborales y son consideradas contratistas independientes, por lo que no pueden presentar quejas en esas instancias.
En la Florida, otro estado con una fuerte población inmigrante, no hay agencia alguna abocada específicamente a los reclamos de sueldos impagos. El Departamento del Trabajo del estado fue abolido en el 2002. Los condados de Alachua, Broward, Hillsborough, Miami-Dade, Pinellas y Osceola tienen ordenanzas para combatir el robo de salarios. En Miami-Dade, el trabajador es derivado a un servicio mediador por el que debe pagar un promedio de 1.800 dólares, según Gregory Baker, director de la Oficina de Protección al Consumidor, que maneja ese programa.
“No defendemos a ninguna de las partes”, dijo Baker. Si el patrón no cumple con el acuerdo, el trabajador debe buscar ayuda legal por su cuenta.
En el estado Nueva York, los trabajadores pueden acudir a un sistema similar al de California. Pero en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York —donde vivirían hasta un millón de extranjeros sin permiso de residencia— los trabajadores son cada vez más proclives a presentar demandas en tribunales federales, de acuerdo con el abogado Lou Pechman.
Pechman representa a inmigrantes que trabajaban en la limpieza de depósitos y centros de distribución de Wayfair en Nueva Jersey. Los empleados dicen que la firma DME Janitorial Services les pagó de 12 a 16 dólares la hora, pero sin compensar las horas extras. Aseguran que trabajaban hasta 90 horas semanales. “Los demandantes fueron básicamente trabajadores esenciales durante la pandemia, asegurando que las instalaciones que limpiaban eran desinfectadas según los protocolos y los requisitos del COVID-19”, dice la demanda. La empresa, por su parte, niega haber violado las leyes y asegura que se manejó “de una forma apropiada... sin malicia ni intento perjudicar a nadie”.
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“simplemente digan la verdad”
Las historias de los empleados de la confección de ropas de California revelan la importancia de organizar a los trabajadores para que hagan cumplir sus derechos. Luego de hacerse costurera, Audelia Morlina rara vez percibía más de 300 dólares a la semana. Hace diez años, una compañera la convenció de que se sumara al programa de derechos laborales del Garment Worker Center.
“No llegué a estudiar demasiado en México”, relató Molina. “Cuando me uní al programa, empecé a superar los nervios, la vergüenza. Empecé a hablar con más firmeza”.
Madre de tres hijos grandes, Molina tuvo el apoyo de su familia antes de dejar su trabajo y demandar. Un año después declaró en una audiencia de la oficina del Comisionado del Trabajo en relación con su experiencia con la firma Callaway Fashion, Inc. “Una se dice a sí misma que no hay razón para ponerse nerviosa porque sencillamente está diciendo la verdad”, expresó.
Un fallo de la oficina del Comisionado de Trabajo dice que ni Callaway Fashion ni su propietario respondieron al reclamo ni se presentaron a la audiencia. Se suspendió el status corporativo de la firma, pero el estado no dice por qué. Molina presentó notas que conservó y que documentan los días y las horas que trabajó, su producción y las marcas para las que trabajó. Un año después, el funcionario a cargo del caso ordenó a la empresa y a su ejecutivo que pagase a Molina 39.300 dólares en concepto de horas extras, multas y daños. También dispuso que Callaway compensase a Molina con 21.400 dólares en gastos de abogados como castigo adicional, suma que no abona el fondo del sector de confección de ropas y que la empresa todavía no ha pagado.
Las leyes californianas contemplan reclamos dirigidos a las firmas que trabajan con una empresa que no ha pagado sueldos. Antes de la audiencia, Molina llegó a un acuerdo con Jasmine Sportswear por 900 dólares y con otras seis firmas por un total de 6.600 dólares. El funcionario que manejó la vista ordenó a Kjen Apparel, Inc. El pago de 4.570 dólares y a Du North Designs Ltd. que le abone otros 3.220 dólares.
El abogado de Molina, Matthew DeCarolis, dijo que no es inusual que un taller pequeño como Callaway ignore los reclamos salariales y suspendan sus operaciones o se declaren en quiebra. DeCarolis es abogado del estudio Bet Tzedek de Los Ángeles, que ofrece asistencia gratis a los trabajadores.
“He tenidos clientes que se presentaban a trabajar y descubrían que la fábrica había desaparecido de la noche a la mañana, incluidas máquinas y todo”, comentó DeCarolis.
Public Integrity llamó a dos números asociados con Callaway Fashion, pero ambos estaban desconectados.
Otra trabajadora del sector del vestido, una inmigrante guatemalteca, presentó un reclamo aduciendo que un supervisor la había despedido en el 2017, después de una investigación por salarios impagos. “No fui la persona que hizo el reclamo. Lo único que hice fue hablar con los investigadores cuando vinieron a la fábrica”, relató, pidiendo anonimidad por temor a represalias. Funcionarios del departamento de trabajo le hicieron preguntas acerca de las horas que trabajaba. Posteriormente, la llamaron para decirle que su patrón, Boss Collection, Inc., le debía 4.000 dólares por tres meses de trabajo. Documentos oficiales indican que la empresa fue conminada a pagar 35.000 dólares a 11 empleados en el 2017.
La trabajadora guatemalteca dice que, después de cobrar sus 4.000 dólares, un supervisor les dijo a ella y a otros empleados que debían devolverle a la empresa el dinero que habían cobrado. Ella se negó, pero otros accedieron. La mujer fue despedida y cobró 570 dólares en sueldos.
“Me fui llorando porque tengo una familia que mantener”, expresó. El supervisor, afirmó, la empujó y “me trató como a un perrito”, añadió.
Meses después, personal del Garment Worker Center la ayudó a presentar un reclamo ante el Comisionado del Trabajo estatal por salarios impagos adicionales que se remontaban dos años atrás. Boss Collection nunca respondió al reclamo y la empresa cerró en septiembre del 2018.
En una vista del 2019, una empleada dijo que trabajaba 11 horas seguidas, sin descanso, y que fue despedida. Las autoridades determinaron que Boss Collection le debía 92.000 dólares por horas extras, daños y otros castigos, más intereses. Antes de la vista la trabajadora cobró 4.000 dólares de cada una de tres empresas que trabajaban con Boss Collection: Entro, Mana USA y Ashley USA.
Ante la incertidumbre respecto a quién supervisaba a los empleados, el propietario de la empresa no fue encontrado responsable personalmente. Igual que Molina, la empleada guatemalteca recibió su dinero del fondo especial... tres años después de su reclamo inicial.
“Gané”, comentó incrédula.
Funcionarios del Departamento del Trabajo trataron de que el fondo fuese reembolsado. El 21 de enero del 2020, el estado envió un ultimátum a Boss Collection en relación con el reclamo de la inmigrante guatemalteca. Hizo lo mismo con Callaway Fashion, la firma para la que trabajó Audelia Molina, el 24 de mayo del 2019.
Todavía no han recuperado un centavo de ninguna de las dos firmas.
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Susan Ferriss es reportera senior del Center for Public Integrity, una organización sin fines de lucro que realiza investigaciones con sede en Washington, D.C.
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Este despacho fue suministrado a la Associated Press por el Center for Public Integrity, una organización noticiosa sin fines de lucro de Washington, D.C.
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