Israel se defiende ante la CIJ de acusaciones de genocidio en Gaza
LA HAYA, Holanda (AP) — Acusado de cometer un genocidio contra los palestinos, Israel insistió el viernes ante el tribunal más alto de las Naciones Unidas en que su guerra en Gaza era una defensa legítima de su pueblo, y que los combatientes de Hamás eran los culpables de genocidio.
Israel dijo que las acusaciones formuladas por Sudáfrica eran hipócritas, y aseveró que el caso presentado ante el tribunal internacional refleja un mundo al revés. Los funcionarios israelíes dicen que su ofensiva aérea y terrestre en Gaza es una respuesta legítima al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando combatientes irrumpieron en comunidades israelíes, mataron a casi 1.200 personas y tomaron a unas 250 personas como cautivos.
El asesor jurídico israelí, Tal Becker, afirmó ante un auditorio abarrotado en el ornamentado Palacio de la Paz, en La Haya, que Israel está librando una “guerra que no comenzó ni quería”.
“En estas circunstancias, difícilmente puede haber una acusación más falsa y más malévola que la acusación contra Israel de genocidio”, añadió, señalando que el horrible sufrimiento de los civiles en la guerra era insuficiente para formular esa acusación.
El viernes por la tarde, Alemania indicó que quería intervenir en el proceso a favor de Israel, y aseveró que “no hay fundamento alguno” para una acusación de genocidio en contra de los israelíes.
“Terroristas de Hamás atacaron brutalmente, torturaron, mataron y secuestraron a personas inocentes en Israel”, declaró en un comunicado Steffen Hebestreit, portavoz del gobierno alemán. “Desde entonces, Israel ha estado defendiéndose contra el ataque inhumano de Hamás”.
Bajo las normas del tribunal, si Alemania presenta una declaración de intervención en el caso, podrá hacer argumentaciones jurídicas a favor de Israel.
A Alemania se le permitiría intervenir en la etapa de fondo del caso para referirse a cómo debería ser interpretada la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, establecida en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, según la abogada internacional Balkees Jarrah, directora adjunta del programa de justicia internacional en Human Rights Watch.
“Eso vendría después de que la corte emita su decisión sobre la solicitud de Sudáfrica para que se tomen medidas urgentes con el fin de proteger al pueblo palestino en Gaza”, le dijo Jarrah a The Associated Press desde La Haya, adonde acudió a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia.
El hecho de que Alemania esté respaldando a Israel conlleva cierto significado simbólico, dada su historia de gobierno nazi.
Hebestreit dijo que Alemania “se ve a sí misma particularmente comprometida con la Convención sobre el Genocidio”.
“Nos oponemos firmemente a una instrumentalización política”, añadió.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recibió el anuncio alemán con beneplácito, y dijo que el gesto “conmueve a todos los ciudadanos de Israel”.
Los abogados sudafricanos pidieron el jueves al tribunal que ordene el cese inmediato de las operaciones militares israelíes en Gaza, un territorio costero asediado por Israel donde viven 2,3 millones de palestinos. Una decisión sobre esa solicitud probablemente tomará semanas, y el caso completo probablemente se extenderá años, y no está claro si Israel acatará alguna orden judicial.
El viernes, Israel se centró en los ataques del 7 de octubre, presentando videos y audios ante una audiencia silenciosa.
“Torturaron a niños delante de sus padres y a padres delante de sus hijos, quemaron vivas a personas, incluidos bebés, y violaron y mutilaron sistemáticamente a gran cantidad de mujeres, hombres y niños”, según declaró Becker.
Señaló que la solicitud de Sudáfrica de un cese inmediato de los combates en Gaza equivale a un intento de impedir que Israel se defienda contra ese ataque.
Incluso cuando actúan en defensa propia, el derecho internacional exige que los países se apeguen a las reglas de la guerra, y los jueces deben decidir si Israel lo ha hecho.
Al concluir el viernes el segundo de dos días de audiencias, la presidenta de la CIJ, Joan E. Donoghue, dijo que el tribunal se pronunciará sobre la solicitud de medidas urgentes “lo antes posible”.
Israel a menudo boicotea los tribunales internacionales y las investigaciones de la ONU, pues afirma que son injustos y parciales. Pero esta vez, los dirigentes israelíes enviaron un equipo jurídico de alto nivel, una señal de cuán en serio se toman el caso y probablemente de su temor de que cualquier orden judicial para detener las operaciones sería un duro golpe para la posición internacional del país.
De todas formas, Becker rechazó las acusaciones, considerándolas crudas y pensadas para llamar la atención.
“Vivimos en una era en la que las palabras son vacías, en una época de redes sociales y política de identidad. La tentación de recurrir al término más escandaloso para vilipendiar y satanizar se ha convertido para muchos en algo irresistible”, declaró.
Desde Nueva York, el embajador de Israel ante la ONU, Guilad Erdan, dijo que “la ONU y sus instituciones se han transformado en armas al servicio de organizaciones terroristas”.
Becker dijo que los cargos que Israel enfrenta deberían dirigirse contra Hamás, que busca la destrucción de Israel y al que Estados Unidos y sus aliados occidentales consideran un grupo terrorista.
“Si ha habido actos que pueden caracterizarse como genocidas, entonces han sido perpetrados contra Israel”, indicó Becker.
Más de 23.000 personas en Gaza han muerto por la campaña militar de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza. La cifra no distingue entre civiles y combatientes. Casi el 85% de la población de Gaza ha sido expulsada de sus hogares, una cuarta parte de los residentes del enclave enfrentan hambruna, y gran parte del norte del territorio territorio palestino ha quedado reducida a escombros.
Sudáfrica sostiene que esto equivale a genocidio y que forma parte de décadas de opresión israelí hacia los palestinos.
“La magnitud de la destrucción en Gaza, los ataques contra civiles y hogares familiares, el hecho de que la guerra sea contra los niños, todo ello deja claro que la intención genocida se entiende y ha sido puesta en práctica. La intención articulada es la destrucción de la vida palestina”, señaló el abogado Tembeka Ngcukaitobi, quien añadió que varios políticos destacados habían efectuado comentarios inhumanos con respecto a la gente en Gaza.
La cancillería de la Autoridad Palestina elogió el caso, y manifestó en un comunicado que Sudáfrica “presentó evidencia inequívoca de que Israel está violando de forma deliberada y sistemática sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio”.
Malcolm Shaw, experto en derecho internacional dentro del equipo jurídico de Israel, rechazó la acusación de intención genocida y dijo que las afirmaciones a las que se refirió Ngcukaitobi “son citas elegidas al azar incompatibles con la política gubernamental”.
Israel dice también que toma medidas para proteger a los civiles, tales como emitir órdenes de desalojo antes de los ataques. Culpa a Hamás de que haya una elevada cifra de civiles muertos, y afirma que el grupo utiliza áreas residenciales para lanzar ofensivas y para otros propósitos militares.
Los críticos de Israel dicen que esas medidas han servido de poco para prevenir el alto número de fallecimientos, y que sus bombardeos son tan poderosos que con frecuencia equivalen a ataques indiscriminados o desproporcionados.
Si la corte emite una orden para detener los combates e Israel no la acata, podría enfrentar sanciones de la ONU, aunque podrían ser bloqueadas por un veto de Estados Unidos, firme aliado del gobierno israelí. La Casa Blanca declinó comentar en torno a cómo podría responder si la CIJ determina que Israel ha cometido un genocidio.
El caso también llega al corazón de las identidades nacionales de Israel y de Sudáfrica.
Israel fue fundado como un Estado judío tras la masacre de 6 millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el partido gobernante de Sudáfrica ha comparado desde hace tiempo las políticas de Israel en Gaza y Cisjordania con su propia historia bajo el régimen de apartheid en el que gobernaba una minoría blanca, el cual restringía a la mayor parte de los habitantes de raza negra a sus “tierras de nativos”.
La CIJ, que emite fallos sobre disputas entre naciones, nunca ha determinado que un país es responsable de genocidio. Lo más cerca que estuvo de ello fue en 2007, cuando determinó que Serbia “violó la obligación de prevenir el genocidio” en la masacre de julio de 1995 por parte de fuerzas serbiobosnias de más de 8.000 hombres y niños musulmanes en el enclave bosnio de Srebrenica.
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Casert informó desde Bruselas. Los periodistas de The Associated Press Aleksandar Furtula y Ahmad Seir en La Haya, y Edith M. Lederer en las Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.
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