Juez argentino solicita a EEUU extradición de Maduro para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad
BUENOS AIRES (AP) — La justicia de Argentina solicitó el miércoles a Estados Unidos la extradición del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo arresto en ese país desde principios de enero, para ser indagado en una causa por supuestos delitos de lesa humanidad perpetrados durante su gestión.
El juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la causa iniciada en 2023 a partir de una presentación de organizaciones no gubernamentales en representación de los denunciantes venezolanos, dispuso la medida, que deberá ser tramitada por la cancillería argentina ante el gobierno de Donald Trump.
“Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país”, dice la resolución de Ramos a la que tuvo acceso The Associated Press.
La justicia del país sudamericano tiene antecedentes en este campo al haber abierto investigaciones contra gobernantes y políticos de otros países por presuntos delitos de lesa humanidad bajo el principio de justicia universal, que permite actuar ante estos crímenes aunque se hayan cometido fuera de sus fronteras.
En el derecho penal internacional, Argentina es considerada una nación modelo por el histórico juicio y condena a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), durante la cual se violaron sistemáticamente los derechos humanos.
No obstante, la mayoría de las causas que involucran a líderes de otros países no han culminado en detenciones o extradiciones.
El caso se remonta a 2023, cuando la justicia argentina inició un proceso contra Maduro y varios integrantes del gobierno venezolano —entre ellos Justo José Noguera Pietri, un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y exdirigente del gobierno de Maduro, y el ministro del interior Diosdado Cabello— por la detención ilegal y aplicación de torturas a varios disidentes y manifestantes opuestos al gobierno izquierdista durante las multitudinarias protestas en Venezuela.
La causa fue impulsada por el Foro Argentino en Defensa de la Democracia (FADER) y la Fundación Clooney para la Justicia.
De acuerdo con los denunciantes, en Venezuela rige un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra disidentes desde el año 2014.
En ese marco, una corte federal de Argentina ordenó en septiembre de 2024 la captura internacional de Maduro y los demás imputados.
Tras conocer la detención de Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, el fiscal federal argentino Carlos Stornelli pidió al juez Ramos que solicite la extradición del líder socialista a Argentina para que sea indagado por crímenes de lesa humanidad por los cuales está acusado en el país, pedido al que el magistrado resolvió dar curso.
La resolución de Ramos se produce luego de que el presidente argentino Javier Milei elogiara la intervención estadounidense en Venezuela intensificando con ello su alineación con la administración de Trump.
En 2022, la justicia federal argentina inició una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad.
En tanto, en 2010 abrió una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la guerra civil española (1936-1939), el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Los fiscales y jueces impulsores de estas causas consideraron que están facultados para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país alegando que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.
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La corresponsal en Buenos Aires, Débora Rey, contribuyó con este reporte.
