Justicia francesa confirma responsabilidad de certificador TUV en caso de prótesis PIP
La Corte de Casación confirmó este jueves la responsabilidad del certificador alemán TUV en el caso de unas prótesis mamarias fraudulentas PIP, que afectaron a miles de mujeres en el mundo, algunas de Colombia, España y Venezuela.
Tras estudiar cuatro fallos sobre la indemnización de víctimas de este escándalo sanitario, la Corte de Casación -máximo tribunal francés- confirmó que "la empresa TUV Rheinland [...] no cumplió con sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional [y] que la responsabilidad profesional de la empresa TUV Rheinland France quedó demostrada".
La Corte de Casación estudió unas decisiones pronunciadas por los tribunales de apelación de Aix-en-Provence (sur), París y Versalles sobre la indemnización de las víctimas de este escándalo.
En otro expediente del dosier, la corte confirmó una decisión de la corte de apelación de París que juzgaba a TUV responsable y condenaba a la empresa a indemnizar por perjuicio moral y de ansiedad.
El tribunal juzgó que la responsabilidad no podía limitarse al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 6 de abril de 2010, al contrario de lo que había decidido el tribunal de apelación de París. Esa limitación llevó a la desestimación de las demandas presentadas por centenares de víctimas que reclamaban ser indemnizadas.
Además, la Corte de Casación anuló un fallo en apelación pronunciado en Versalles que rechazaba las demandas de indemnización presentadas por más de 200 mujeres, residentes en Suecia.
El caso estalló en 2010 cuando el regulador francés detectó una tasa anormal de ruptura de estas prótesis, fabricadas por Poly Implant Prothèse (PIP) y que estaban hechas con un gel de silicona no homologado para uso médico.
Miles de mujeres de todo el mundo recibieron estas prótesis, muchas de las cuales fueron vendidas en América Latina y condujeron a denuncias en Argentina, Brasil y Venezuela entre otros países.
La asociación de víctimas Pipa cifró en unas 35.000 las denunciantes en todo el mundo, y aseguró que el certificador alemán podría verse obligado a abonar finalmente 500 millones de euros (545 millones de dólares).
En febrero de este año, el tribunal de apelación de Aix-en-Provence condenó a TUV Rheinland a indemnizar a trece mujeres --una colombiana, dos españolas, dos británicas y ocho venezolanas-- a montos de entre 7.000 y 37.135 euros (entre 7.640 y 40.535 dólares).
El fallecimiento en 2019 de Jean-Claude Mas, fundador de PIP, puso fin a los procedimientos contra la compañía francesa, pero los procesos contra el certificador alemán, que no señaló los fallos, continúan.
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