La Fiscalía de Bolivia desmiente que el arresto del gobernador de Santa Cruz sea "una persecución política"

La Fiscalía de Bolivia ha desmentido este miércoles que sea "una persecución política" la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una de las principales figuras de la oposición al presidente, Luis Arce, e impulsor del paro de más de un mes que afectó a la región en el marco del conflicto por la nueva fecha del censo poblacional.

"La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política. Por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del juez décimo de instrucción de lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz", reza un comunicado del Ministerio Público.

Asimismo, el organismo indica que el proceso se enmarca según la ley, "respetando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados, así como las normas procesales aplicables al caso".

Además, el Ministerio Público ha indicado que Camacho "tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano".

La Policía de Bolivia detuvo horas antes a Camacho, cuando pretendía ingresar en su domicilio particular en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según ha informado el diario 'El Deber'.

Una vez detenido, los cuerpos de seguridad han obligado al gobernador de Santa Cruz a acceder al vehículo de Policía con el que han llegado al lugar. Testigos han trasladado al mencionado diario que los agentes han encañonado y golpeado a Camacho.

Por su parte, el abogado de Camacho, Martín Camacho, ha confirmado también a 'El Deber' que el gobernador ha sido "secuestrado" y que ahora está de camino al Aeropuerto Internacional Viru Viru, ubicado en la región de Santa Cruz.

La renuncia de Morales, quien además salió del país, fue seguida del ascenso de Jeanine Áñez como jefa de Estado. A día de hoy Áñez está en prisión por este caso, conocido como 'golpe de Estado I' y 'golpe de Estado II'.

Asimismo, parte del sector oficialista ha acusado a Camacho en las últimas semanas de "terrorismo" por haber alentado el paro de más de un mes en el departamento de Santa Cruz para exigir la aprobación del Censo de Población y Vivienda.

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