La JEP rechaza acoger al general Maza Márquez por mentir sobre sus vínculos con los paramilitares
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha rechazado incluir en su legislación especial al general retirado Miguel Maza Márquez por mentir acerca de sus vínculos con los grupos paramilitares y sigue vigente la posibilidad de llegar a ser procesado por el asesinato de los afiliados de Unión Patriótica (UP).
Maza Márquez, antiguo director del controvertido y ya disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), incumplió de manera grave su obligación de contar la verdad sobre su relación con los paramilitares y su implicación en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, según la JEP.
Tras el 'no' de la JEP, su condena por asociación para delinquir que emitió el Tribunal Supremo en noviembre de 2016 continúa vigente. Según aquel fallo, Maza Márquez, al no actuar contra las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, les permitió cumplir con las órdenes del Cartel de Medellín de Pablo Escobar de asesinar en 1989 a Galán, candidato presidencial por el Partido Liberal.
Esa asociación para delinquir, recuerda la JEP, fue promovida por Maza Márquez en calidad de director del DAS ya que los integrantes Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio "no eran perseguidos por parte de dicho organismo de seguridad y se permitía su libre movilización por las zonas donde operaban".
"Además se facilitó la llegada de instructores extranjeros para capacitar a sus integrantes; a los campos de entrenamiento de esas autodefensas fue enviado personal del DAS", el cual también traslado al autor material del atentado --Jaime Rueda Rocha--, una vez se consumó, hacia las zonas en las que tenía su base de operaciones este grupo armado ilegal.
Al mismo tiempo, la JEP ha señalado que continúa la investigación sobre la participación de Maza Márquez en el exterminio de los afiliados y simpatizantes de la Unión Patriótica, formación política de izquierdas que fue mermada durante la década de los 80 y 90. Aquellos asesinatos, considerados de lesa humanidad por la Fiscalía de Colombia, tiene su propio proceso dentro de la JEP, el caso 06.
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