La Junta de Fiscales Supremos aprueba la designación de Liz Patricia Benavides Vargas como nueva fiscal de Perú
LA NACION
La Junta de Fiscales Supremos de Perú ha aprobado por unanimidad en una sesión extraordinaria la designación de Liz Patricia Benavides Vargas, que se convierte así en la nueva fiscal de la nación y sucederá en el cargo a Pablo Sánchez.
Su predecesor inició una investigación contra el presidente peruano, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en el marco de un caso de supuesto lavado de dinero y tráfico de influencias.
El caso aborda la adjudicación de un contrato al Consorcio 'Tarata III' para la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte), después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.
La nueva fiscal de la nación deberá recuperar ahora, tal y como ha informado el diario 'La República', la investigación contra Castillo, quien declaró ante la Fiscalía hace escasos días y dijo sentirse "satisfecho" por el proceso.
Castillo respondió a las preguntas de la Fiscalía tras ingresar en el edificio caminando, con fuertes medidas de seguridad y miembros de la Policía peruana haciendo un cordón policial debido a las protestas que se registraron en el exterior, con pancartas y megáfonos en su contra.
Benavides Vargas, quien cuenta con 27 años de experiencia en el Ministerio Público peruano, tendrá ahora que encargarse de las pesquisas que ordenó Sánchez en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como 'Los Niños' por la empresaria Karelim López, por presunto tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
La investigación gira en torno a las declaraciones de López, quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con Pacheco y los sobrinos de Castillo, asegurando que Villaverde presentó al empresario Luis Pasapera un listado de obras del Ministerio de Transportes, a las que podían presentarse sus empresas sin necesidad de concurso público.
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado, previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
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