Las FFAA de Brasil asumen la seguridad hasta mayo de 2024 de cuatro aeropuertos y puertos de Río y Sao Paulo
Las Fuerzas Armadas han comenzado este lunes a gestionar la seguridad de los principales puertos y aeropuertos de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo, hasta el 3 de mayo de 2024, una medida de urgencia autorizada la semana pasada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante el aumento de la inseguridad.
El decreto para operaciones de garantía de la ley y el orden (GLO) se aplicara en los puertos de Itaguaí, en Río, y de Santos, en Sao Paulo, así como en el aeropuerto paulista de Garulhos y en el carioca de Galeao.
Lula ha explicado que dicho mecanismo tiene como objetivo combatir el crimen organizado y dispondrá de un comité de seguimiento integrado por las fuerzas de seguridad que establezcan los ministerios de Justicia y Defensa.
La operación también contará con la cooperación de los diferentes cuerpos policiales a nivel federal, además de otros organismos de seguridad encargados del control y la seguridad de puertos, aeropuertos y fronteras.
"La Policía Federal ampliará las acciones de Inteligencia y las operaciones de detenciones y registros de bienes pertenecientes a las bandas y milicias, especialmente en Río de Janeiro", contó Lula durante la firma del decreto en el Palacio del Planalto la semana pasada.
Por su parte, el ministro de Justicia, Flávio Dino, informó de que serán unos 3.700 los militares del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina desplegados y si bien contarán con funciones policiales, su objetivo no es sustituir a los policías.
En ese sentido, subrayó las palabras del presidente Lula de hace unos días de que los militares no serán utilizados para pelear contra el crimen organizado en las calles, labor reservada a la Policía.
La medida se produce después de un aumento de la inseguridad en los dos principales estados del país, especialmente en Río de Janeiro, donde la muerte del jefe paramilitar Matheus da Silva Rezende, alias Faustao', durante un operativo policial fue respondida con la quema de una treintena de autobuses de la red pública de transportes de la ciudad.
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