México: La crisis en la minería se profundiza
Violencia y devolución de concesiones reflejan fenómeno

Según revelaciones periodísticas, de 2019 a la fecha el crimen organizado ha obligado a distintas empresas mineras a suspender temporal o definitivamente sus operaciones en regiones de los estados de Guerrero (sur) y Sinaloa y Sonora (noroeste).
A esto se suman también las quejas sobre contaminación de campos de cultivo en los poblados aledaños a las explotaciones por derrames accidentales o intencionales que han provocado la aparición de enfermedades diversas entre personas que habitan esas zonas.
Los empresarios de la minería se muestran preocupados, por su parte, ante la falta de condiciones mínimas para poder operar y de estímulos a la producción, ante la existencia de un marco jurídico que no estimula las inversiones.
Como reflejo de esta crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta semana que al menos unas 200 concesiones mineras serán devueltas al Estado mexicano por no ser explotadas.
El aviso llegó en el peor momento para este sector económico, que se encuentra sacudido por la desaparición de 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver en el estado norteño de Sinaloa, de los cuales se hallaron ya 5 cadáveres en una fosa clandestina.
El ministro de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch indicó que los trabajadores de la mina La Concordia fueron "confundidos" por un grupo criminal ligado a la banda "Los Chapitos" y por ello fueron plagiados el pasado día 23 de enero, pero sus familias alegan que eran sometidos al pago del denominado "impuesto mafioso".
Precisamente son las empresas canadienses, que destacan por su mayoritaria presencia en la industria, las que han denunciado más robos, extorsiones, amenazas y hasta asesinatos de su personal.
La devolución de las concesiones ocurre también en un contexto de crisis del sector derivado no solo de la inseguridad, sino también, a juicio de empresarios del sector, por no contar condiciones favorables para poder producir.
A partir de este año 2026, una concesión con más de 11 años de antigüedad deberá pagar $212,36 por hectárea cada semestre, aun cuando no haya producción lo que, en el caso de una concesión de 5.000 hectáreas, la media en el caso de un proyecto minero en fase de exploración, supone un pago de unos US$120.000 para conservar el título.
Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México, dijo que uno de los principales problemas del sector es la caída en la exploración, "esencial para el futuro de la minería", la cual dijo que ha disminuido más del 50% en los últimos años.
Actualmente hay más de 220 permisos detenidos ante las autoridades que representan una inversión de US$4.500 millones y 50.000 empleos estancados, indicó, mientras Armando Ortega, dirigente de la Cámara de Comercio del Canadá en México, declaró que el sector ha estado "bajo asedio y estigmatización" especialmente por temas ambientales.
El diario El Financiero reportó hace poco que la minería artesanal de mercurio está resurgiendo "como sustento económico para miles de familias, pero expone a comunidades enteras a graves riesgos de intoxicación y enfermedades crónicas". (ANSA).



