Miles huyen de “centros de ciberestafas” en Camboya y hallan cada vez menos ayuda
BANGKOK (AP) — Una noche reciente, Youga agradeció cuando por fin durmió en una cama, aunque no tenía almohada ni manta.
Durante dos días, narró el hombre africano, durmió en la calle tras llegar a Nom Pen, la capital de Camboya, luego de que escapó de un centro de ciberestafas en la localidad de O’Smach, fronteriza con Tailandia en el norte. Sólo le quedaban US$100 y quería ahorrar ese dinero. Así que el refugio de Cáritas lo acogió.
El albergue, el único de su tipo que ayuda a las víctimas que escapan de los centros de ciberestafas, anteriormente estaba financiado por Estados Unidos. Hoy está al límite de su capacidad, trabaja con un tercio del personal y una fracción del presupuesto que solía tener, en un momento en que el país enfrenta una oleada sin precedentes de trabajadores que abandonan los complejos de estafas cibernéticas.
Ahora, desbordado, el refugio ha tenido que rechazar a más de 300 personas necesitadas. Mark Taylor, quien trabaja en temas de trata de personas en Camboya, dijo: “se ha convertido en un proceso de triaje”.
Hasta la semana pasada, el albergue tenía unas 150 personas. Muchos de los recién llegados dormían en una sala común y sólo tenían lo que llevaban puesto. Además, carecía de almohadas y mantas suficientes, refirió Youga, quien habló a condición de que sólo se publicara su nombre de pila por temor a sus antiguos jefes.
Camboya se enfrenta a una oleada sin precedentes de trabajadores que abandonan los centros de ciberestafas. Esto ocurre semanas después de que el país extraditara a China en enero a un presunto capo del negocio de las estafas cibernéticas, quien desempeñó un papel destacado en la sociedad camboyana.
En los últimos años, las estafas en línea se han vuelto endémicas en la región, en Camboya, Myanmar y Laos. Dentro de los edificios, los estafadores han construido operaciones sofisticadas, que utilizan cabinas telefónicas insonorizadas con espuma, guiones en varios idiomas, e incluso cabinas de policía falsas de países que van desde Brasil hasta China. En Camboya, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que había hasta 100.000 trabajadores en ellas tan sólo en 2023.
Tras la creciente presión internacional en los últimos meses de países como Corea del Sur, Estados Unidos y China, Hun Manet, el primer ministro camboyano, anunció el mes pasado que “combatir la delincuencia es una prioridad política deliberada”, y mencionó específicamente a las ciberestafas. El gobierno camboyano informó haber deportado en enero a 1.620 extranjeros de 21 países vinculados a operaciones de estafas cibernéticas.
Los complejos han realizado despidos masivos en los últimos días, según 15 videos e imágenes en redes sociales verificados por Amnistía Internacional. La organización también entrevistó a 35 víctimas, quienes describieron una situación “caótica y peligrosa” al intentar irse, aunque muchos hicieron notar la falta de intervención de las autoridades camboyanas en el éxodo masivo.
Las salidas de los complejos de ciberestafas han creado una crisis humanitaria en las calles que es ignorada por el gobierno camboyano, reportan activistas. “En medio de escenas de caos y sufrimiento, miles de sobrevivientes traumatizados se ven abandonados a su suerte sin ningún apoyo del Estado”, declaró Montse Ferrer, directora regional de investigación de Amnistía Internacional, en un comunicado.
“El Gobierno Real de Camboya rechaza las acusaciones de que le falla a las víctimas de trata o tolera los abusos relacionados con los complejos de ciberestafas”, declaró Neth Pheaktra, ministro de Información del país, en respuesta a las acusaciones. “Todos los individuos son examinados para separar a las víctimas de los agresores, y las víctimas reciben protección, refugio, atención médica y asistencia para un retorno seguro”.
Li Ling, una rescatista, dijo que tenía una lista de 223 personas, en su mayoría de Uganda y Kenia, que habían salido de complejos en Camboya y pedían ayuda para regresar a casa. Ella y su pareja habían gastado al menos US$1.000 de su propio bolsillo para albergar a algunos de los casos más desesperados, pero no pueden mantener esa situación otra semana más.
La semana pasada, algunos regresaron a trabajar en los complejos, agregó. Era eso o enfrentarse a dormir en la calle.
“Cuando las organizaciones internacionales con sede en Camboya les siguen diciendo a las víctimas que acudan a sus embajadas, pero las embajadas nos dicen con franqueza que no tienen un camino ni un proceso claros, unos y otros eluden la responsabilidad y se crea un círculo vicioso sin salida”, refirió. “Esto no es un fracaso aislado, sino una descomposición sistémica”.
En Nom Pen, esas víctimas esperaron durante horas afuera de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU, dijo, pero les informaron que el albergue de Cáritas, con el que trabaja la OIM, está lleno.
Youga, originario de la República Democrática del Congo, contó que lo golpeaban con frecuencia dentro de un complejo porque se negaba a trabajar. Estaba decidido a irse y escapó por su cuenta cuando comenzaron las liberaciones masivas.
The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la totalidad de su trayectoria, pero vio mensajes de sus peticiones de ayuda a la OIM. La agencia indicó que no podía comentar sobre casos individuales.
Si bien el albergue aún opera, la principal preocupación inmediata en las próximas semanas es el presupuesto para alimentos, manifestó Taylor. “Es vivir al día”, agregó.
El albergue de Cáritas recibió apoyo financiero de Winrock International, socio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en Camboya, según Taylor, quien supervisó la financiación. Iba a recibir US$1,4 millones de USAID desde septiembre de 2023 hasta la primera mitad de 2026. Esa fuente de financiación desapareció tras la suspensión de la asistencia exterior estadounidense y el desmantelamiento de USAID en 2025.
Asimismo, el albergue contaba con financiación parcial de la OIM, que a su vez recibía en buena parte subvención de Estados Unidos, y también ha visto recortada su financiación.
Aunque en Camboya hay muchas organizaciones registradas contra la trata de personas, el albergue de Cáritas es el único que acoge a víctimas de complejos de fraudes cibernéticos en un entorno cada vez más represivo. Ante la presión gubernamental, los medios de comunicación independientes han cerrado, y un destacado periodista —famoso por informar sobre centros de ciberfraudes— fue arrestado y detenido durante un mes.
“Dado el profundo entorno represivo en Camboya, derivado del papel de la industria de la estafa como fuente dominante en la búsqueda de rentas por parte de la élite del partido gobernante, hay una cantidad muy pequeña de organizaciones formales dispuestas a responder al problema en el terreno”, observó Jacob Daniel Sims, investigador visitante del Centro de Asia de la Universidad de Harvard, quien ha trabajado en la lucha contra la trata de personas en Camboya.
Los rescatistas reportan que muchos de los que no llegan al refugio pueden terminar en centros de detención migratoria, varados y sometidos a presiones para que paguen sobornos a las autoridades. Otros reservan habitaciones de hotel en grupo si es que cuentan con dinero. Quienes tienen embajadas en el país pueden obtener ayuda, tales como los indonesios o los filipinos.
Youga no puede regresar a casa. Pertenece al grupo étnico banyamulenge, que ha sido blanco de ataques de grupos armados. Tampoco tiene una embajada en la región que pueda ayudarlo.
En noviembre fue atraído a un centro de ciberestafas en Camboya después de que su familia lo enviara al vecino Burundi. Refirió que no buscaba trabajo, pero alguien a quien no conocía le envió un mensaje por teléfono y luego un correo electrónico sobre un trabajo con todos los gastos pagados. Dijo que no, pero el reclutador persistió.
Youga manifestó que era estudiante universitario y quería continuar con sus estudios. Por ahora sólo espera encontrar un lugar seguro. “Quiero”, dijo, “reconstruir mi vida con dignidad”.
