Multitudinaria marcha exige un "Panamá sin minería"
Miles de panameños marcharon este miércoles por las calles de la capital para protestar por la aprobación de un contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en Panamá la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Ondeando banderas panameñas, maestros, médicos, estudiantes, obreros y trabajadores de otros gremios recorrieron céntricas avenidas y calles de la capital, exigiendo la derogación del contrato firmado entre el Estado y la empresa First Quantum Minerals.
Agentes antimotines lanzaron gases lacrimógenos en algunas zonas exclusivas como Paitilla y Punta Pacífica para dispersar la marcha. Las autoridades no informaron en lo inmediato de heridos o detenidos.
La manifestación, que inició en la tarde y continuó tras caer la noche, paralizó la circulación vehicular en varias zonas de Ciudad de Panamá, mientras que en otras regiones del país hubo protestas menores y bloqueos de rutas.
"Panamá sin minería", "Esta lucha sigue, cueste lo que cueste", se leía en pancartas que portaban los manifestantes.
Las protestas estallaron el viernes luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara la ley que establece el contrato minero, aprobada pocas horas antes por el Congreso.
Pero el movimiento se concentró este miércoles en una gran marcha en la capital, de unas 5.000 personas e incluso mucho más, según estimaciones de los medios de comunicación locales.
En este país centroamericano, de 4,2 millones de habitantes, las protestas son inusuales, más aún las multitudinarias.
"Este contrato está violentando nuestros derechos y para nuestras futuras generaciones no vamos a tener un país con flora y fauna. No vamos a tener nada", dijo Yemeníes Muñoz, empleada bancaria de 26 años.
- Impacto ambiental -
Los manifestantes exigen la derogación de la ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
Cortizo, quien advirtió el martes que no tolerará actos "vandálicos ni llamados a la anarquía", defiende el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo anterior.
Pero varios sectores consideran que es "inconstitucional" y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.
"Los impactos van a ser de importancia no solo nacional, sino regional y global" porque hay una "conectividad ecológica entre América del Norte y América del Sur", aseguró George Hanily, director de la Asociación Nacional de Conservación (ANCON).
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
Las autoridades del gobierno aseguran que destaca que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB a la economía panameña.
La Conferencia Episcopal de Panamá hizo un llamado a la calma y pidió a las autoridades del Estado escuchar el clamor popular.
Mis/atm
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