Obispos y gobierno en España acuerdan plan para compensar a víctimas de abuso sexual
BARCELONA (AP) — El gobierno de España y los obispos católicos del país acordaron el jueves un plan conjunto para compensar a las víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero que han fallecido o cuyos posibles delitos han prescrito.
El acuerdo tiene como objetivo resolver las discrepancias entre el gobierno de izquierda y las autoridades eclesiásticas sobre la cuestión de las reparaciones para las víctimas de abuso en el país, que alguna vez fue firmemente católico y que se ha secularizado en las últimas décadas.
La Conferencia Episcopal Española, dirigida por los obispos, dijo en un comunicado que el nuevo acuerdo permitirá a las víctimas que no deseen buscar ayuda directamente de la iglesia acudir al gobierno y al ombudsman estatal, quien ha desempeñado un papel destacado en sacar a la luz los abusos.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo en una conferencia de prensa en Madrid que “cientos” de víctimas cuyos agresores habían fallecido o eran ahora muy mayores podrían finalmente recibir reconocimiento del abuso y recibir reparaciones económicas pagadas por la iglesia.
“Hoy el gobierno ha saldado una duda con las víctimas. Puede que el Estado ha llegado tarde, pero llegamos. Ayer no tenían nada porque todos estos hechos estaban proscritos”, señaló Bolaños.
Solo en la última década España ha comenzado a enfrentar la cuestión del abuso sexual por parte del sacerdocio y otros miembros de la iglesia, principalmente gracias a los primeros reportajes del diario El País.
En 2023, el defensor del pueblo entregó un contundente informe de 800 páginas que investigó 487 casos conocidos de abuso sexual e incluyó una encuesta que calculó que el número de posibles víctimas podría alcanzar los cientos de miles.
Los obispos de España refutaron enérgicamente esa estimación del ombudsman, diciendo que su propia investigación había descubierto 728 abusadores sexuales dentro de la iglesia desde 1945. Afirmaron que la mayoría de los delitos ocurrieron antes de 1990 y que el 60% de los agresores ya había fallecido.
En 2024, el gobierno anunció su intención de obligar a la iglesia a compensar a las víctimas. Eso fue seguido unos meses después por el anuncio de los obispos de que estaban creando un comité especial para escuchar a las víctimas, evaluar sus reclamos y asegurar su reparación “económica, espiritual y psicológica”.
Pero los grupos de víctimas criticaron el plan de los obispos ya que dependía de que ellos se acercaran a la iglesia y no tenía supervisión externa.
El jueves, el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, reconoció que algunas víctimas no se sentían cómodas acercándose a las oficinas de la iglesia.
Ahora, las víctimas pueden acudir al gobierno.
Bajo el nuevo acuerdo, las víctimas pueden dirigirse al Ministerio de Justicia con su petición inicial. El ministerio la pasará al defensor del pueblo, quien la estudiará y propondrá un paquete de compensación que el comité de la iglesia evaluará. Si no se puede llegar a un acuerdo con la iglesia y la víctima, el caso pasará a un comité conjunto con representantes de la iglesia, la oficina del defensor del pueblo y asociaciones de víctimas. Si ese comité no puede llegar a un acuerdo, la decisión del defensor del pueblo prevalecerá, dijo Bolaños.
El plazo para presentar reclamaciones estará abierto durante un año. Después de eso, el acuerdo puede extenderse por un año adicional si es necesario, según Bolaños.
Además de los grupos de víctimas y los obispos españoles, Bolaños agradeció el trabajo del difunto papa Francisco y el papa León XIV en descubrir abusos en la iglesia.
Argüello dijo que la iglesia ya había pagado 2 millones de euros (US$2,3 millones) en compensación tras atender peticiones de más de un centenar de víctimas desde que su comité especial se abrió en 2024.
Los pagos a las víctimas estarán libres de impuestos en el nuevo acuerdo.
Solo un puñado de países han tenido investigaciones iniciadas por el gobierno o parlamentarias sobre el abuso sexual del clero, aunque algunos grupos independientes han llevado a cabo sus propias investigaciones.
El tema de compensar a las víctimas de abuso ha sido durante mucho tiempo un problema para la iglesia, y hay grandes disparidades en los programas y pagos en todo el mundo. En Estados Unidos, donde el escándalo de abuso estalló en 2002, los litigios, acuerdos y programas de compensación por abuso han costado a la iglesia miles de millones de US$ y han llevado a varias diócesis a buscar protección por bancarrota.
En otros lugares, los programas de compensación dirigidos por la iglesia han otorgado cantidades menores a las víctimas y han combinado reparaciones financieras con servicios que ofrecen terapia y asistencia espiritual. La iglesia francesa, por ejemplo, pagó un promedio de unos 35.000 euros (US$41.000) a cada una de las 358 víctimas cuyas reclamaciones se recibieron en 2023. Se aprobaron compensaciones en 2024 para otras 489 personas, 88 de las cuales recibieron la reclamación máxima de 60.000 euros (US$70.000), informó la iglesia.
La junta asesora de protección infantil del Vaticano dijo en su informe del año pasado que la Iglesia tenía la obligación moral de ayudar a las víctimas a sanar, y que las reparaciones financieras para los abusados y sanciones más severas para los abusadores y sus facilitadores eran remedios esenciales.
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Nicole Winfield contribuyó a este informe desde Roma.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
