Panamá: Puja entre Panamá y China, tras fallo sobre el Canal
Grupo de Hong Kong se opone a cancelación de la concesión de puertos en esa vía oceánica

La filial de CK Hutchison, el conglomerado hongkonés propiedad del multimillonario Li Ka-shing, impugna un fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló su concesión de dos puertos estratégicos del Canal de Panamá, en la mira de Estados Unidos.
"El nuevo fallo carece de fundamento y pone en peligro no solo a Panama Ports Company y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de las operaciones del puerto", declaró la compañía en un comunicado.
El fallo frustra los planes de venta de los puertos, mientras que las acciones de CK Hutchison se desplomaban hoy un 5,02 % en la bolsa.
China tomará "todas las medidas necesarias" para proteger los intereses de sus empresas, tras la anulación judicial de la concesión otorgada a la filial del conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar esos dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá.
Pekín "tomará todas las medidas necesarias para proteger resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, quien señaló en la rueda de prensa diaria de este viernes que el Grupo CK Hutchison ya ha calificado la sentencia de "infundada".
Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
En un comunicado de dos párrafos, el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informa que tras una "amplia deliberación y discusión (…), decidió declarar que son inconstitucionales" la Ley 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y la prórroga del mismo, en atención a dos demandas interpuestas en ese sentido.
El contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema, una de inconstitucionalidad y otra de nulidad, contra el contrato de concesión entre el Estado panameño y la PPC.
Lo hizo basado en los hallazgos de una auditoría, entregada el pasado 7 de abril, que reveló "numerosas irregularidades" del contrato, que Flores tildó de "leonino y abusivo contra los intereses del país".
El informe de auditoría habla "de un contrato leonino, un contrato donde malos panameños permitieron que más de 1.300 millones no entraran a las arcas nacionales", dijo Flores, además de presuntos incumplimientos de inversión por parte de PPC y otros perjuicios económicos.
Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el canal de Panamá, una vía por la que pasa entre el 3% y el 6% del comercio mundial, Donald Trump amenazó con recuperar la vía acuática, construida y operada por Estados Unidos en el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años.
Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que "es y seguirá siendo panameña", según el presidente de ese país, José Raúl Mulino. (ANSA).



