Piden 18 años de cárcel en Guinea Ecuatorial para hijo del presidente
Un hijo del presidente de Guinea ecuatorial, Ruslan Obiang Nsue, compareció el lunes ante la justicia en Malabo por la venta ilegal de un avión de la compañía aérea nacional y las autoridades piden para él una pena de 18 años de cárcel, constató la AFP.
Además piden también se le aplique una multa de más de 500 millones de Francos CFA (unos 750.000 euros).
Las autoridades abrieron una investigación en noviembre de 2022 tras constatar la desaparición del aparato, un ATR 72-500 perteneciente a la compañía nacional Ceiba Intercontinental, que estaba desde 2018 en revisión de rutina en España.
Se estableció que el avión fue vendido a la empresa Binter Technic especializada en el mantenimiento aeronáutico y con sede en Las Palmas, en la isla española de Gran Canaria.
"Yo firmé la compra venta del avión en 250.000 euros, pero solo recibí 125.000 euros, que ingresé en mi cuenta en España", declaró en la audiencia el acusado.
El hijo del presidente ocupaba entonces las funciones de director general-adjunto de Ceiba Intercontinental, de donde fue destituido después.
De 49 años de edad, este ex Secretario de Estado encargado de los deportes y la juventud compareció libremente el lunes para responder a las acusaciones de "abuso de funciones, abuso de bienes de interés general y malversación de fondos públicos".
El proceso fue suspendido y la fecha del juicio no se conoce todavía.
El juicio contra Ruslan Obiang Nsue es inédito para un miembro de la familia presidencial de ese pequeño país de África central, rico en petróleo.
Detenido en enero de 2023, fue puesto en residencia vigilada después por orden de su medio hermano, el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, apodado "Teodorin".
Guinea Ecuatorial es dirigida desde hace más de 45 años por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de 82 años, un récord mundial de longevidad en el poder para un jefe de Estado aún vivo, por fuera de las monarquías.
Su hijo mayor, Teodorin Nguema Obiang Mangue, fue definitivamente condenado por la justicia francesa en julio de 2021 a tres años de cárcel condicionales y 30 millones de euros de multa por desvío de fondos públicos en el marco de casos de "bienes mal habidos".
La venta de sus diferentes activos en Francia representó seis millones de euros.
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