Polarización política de España frena el plan de financiación autonómica del Gobierno
Por Victoria Waldersee
MADRID, 15 ene (Reuters) - Un nuevo modelo fiscal propuesto por la ministra de Hacienda española para sus gobiernos autonómicos se enfrentó a una fuerte reacción por parte de los líderes regionales, que acusan al Ejecutivo central de jugar con las finanzas públicas para ganar favores políticos mientras lucha por mantener unida su frágil coalición.
Los socialistas, que encabezan un gobierno de coalición en minoría, alcanzaron un acuerdo bilateral con Cataluña a instancias del partido separatista ERC que garantiza que la región recibirá la misma cantidad en servicios que la que paga en impuestos, mientras que otros gobiernos reciben cantidades variables.
Esto enfureció a las demás regiones del país, y algunas amenazaron con llevar al Estado ante los tribunales por contravenir, según afirman, el principio constitucional que indica que el gobierno central no debe conceder a ningún territorio una ventaja financiera sobre otro.
Los economistas y las agencias de calificación también expresaron su preocupación por los 21.000 millones de euros adicionales prometidos en el modelo por el Estado a los gobiernos regionales, lo que empeoraría la situación presupuestaria de España, que ya se está resintiendo por la subida de las pensiones y la presión para aumentar el gasto en defensa.
Nuria Bosch, catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona, afirmó que el acuerdo es, sobre el papel, mejor para todas las regiones, pero indicó que el hecho de
haber sido propuesto por los separatistas, crea resentimiento en muchas comunidades autónomas.
El enfrentamiento se produce en un momento en que las disputas con partidos escindidos de todo el espectro político, desde el izquierdista Sumar hasta el separatista Junts, han paralizado la capacidad de los socialistas para aprobar políticas, dejando al Congreso en punto muerto a un año de las elecciones nacionales previstas.
El presupuesto central de España todavía se está prorrogando este año a partir de su versión de 2023, después de que en noviembre no logró el respaldo de la oposición conservadora del Partido Popular, la extrema derecha de Vox y la ultraizquierda de Podemos para una nueva propuesta.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprendió a la oposición por criticar el modelo sin presentar una alternativa y acusó a sus líderes de hacer "política infantil" y mentir sobre los beneficios del nuevo sistema.
(Editado en español por Carlos Serrano)
