Policías y militares patrullan las calles de Guatemala en busca de detener a pandilleros
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El primer lugar al que acudieron la policía y los soldados guatemaltecos con nuevas facultades bajo el estado de emergencia fue un barrio al norte de la capital conocido por ser el centro de operaciones de la pandilla Barrio 18. Las autoridades buscan debilitar a las poderosas pandillas callejeras después de que presuntos pandilleros atacaron el fin de semana a la policía, dejando 10 muertos.
En una polvorienta cancha de fútbol de la colonia Alameda varios niños que jugaban con una pelota observaban a decenas de policías y militares formarse y recibir instrucciones para realizar uno de los primeros patrullajes y operativos policiales contra las pandillas.
“Estamos en un momento del alto riesgo, no nos separemos del grupo, tenemos el acompañamiento de los soldados, vamos a trabajar juntos, que Dios los acompañe”, fueron las palabras de un oficial al mando de dos grupos: uno para patrullar la zona y otro para realizar un operativo de registro e identificación de personas.
A pie, policías y soldados armados con pistolas y fusiles, algunos con los rostros cubiertos y con chalecos antibalas, recorrieron pequeños callejones y calles de terracería de varias colonias humildes, donde la población los observaba sin alterar su cotidianeidad. Los policías pedían identificación y registraban a hombres y mujeres jóvenes que transitaban por la zona.
Jorge Aguilar, vocero de la policía, comentó que en la planificación policial se priorizó la zona 18 con el fin de proteger la vida de los ciudadanos “Este estado de sitio está enfocado para el combate frontal a las estructuras criminales del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha”, dijo.
Horas antes tres mujeres, dos de ellas menores de edad, fueron asesinadas en la colonia Nueva Jerusalén de la zona 18. Una de las fallecidas estaba embarazada, confirmaron los bomberos. Sus cuerpos con heridas de bala quedaron tirados en la calle.
Las fuerzas de seguridad consideran a la zona 18 una zona roja de alta incidencia delictiva. Según datos del Observatorio de la Violencia de la organización no gubernamental Diálogos, durante 2024 se reportaron 103 homicidios en el lugar, mientras que en 2025 fueron 126, los datos más altos de las 24 zonas de la capital guatemaltemalteca.
Según la misma organización en 2024 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Guatemala alcanzó 15,8, mientras en 2025 llegó a 17,2.
Diana González, de 34 años y que trabaja limpiando casas, dijo que lleva 15 años viviendo en la zona 18 y que no ha tenido problemas con las pandillas. Tiene cuatro hijos menores de edad a los que tampoco les ha afectado, aunque asegura que por cautela. “No los dejo solos, ahora mi mamá los está cuidando”.
González explicó que a pesar de que la zona es peligrosa “es donde me tocó vivir” y sobre las extorsiones o el acoso de pandillas dijo que “una se tiene que acoplar... no podemos negarnos porque nos va peor”. Contó que ha sufrido discriminación por vivir en el barrio. “Cuando he buscado trabajo la gente no me contrata porque vivo en esta zona, piensan que por vivir aquí una es marera (integra las maras), a todos nos manchan”, dijo.
Mientras las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes, la población intentaba seguir con su rutina, transitando libremente o realizando compras en locales comerciales.
Eddy Hernández, un encargado de farmacia de 24 años, dijo en forma escueta que la zona no es tan peligrosa y que la violencia depende, en gran medida, de cada colonia de la zona.
La zozobra generada por las pandillas se incrementó el sábado cuando un grupo de pandilleros se amotinaron en por lo menos tres prisiones —una de ellas de máxima seguridad donde están confinados los cabecillas de Barrio 18 y Mara Salvatrucha— y tomaron a más de 40 rehenes.
Las autoridades se negaron a negociar con los pandilleros, que buscaban beneficios y ser trasladados a otras prisiones, y la fuerza pública retomó el control de las cárceles y liberó a los rehenes. En respuesta, horas después por lo menos cinco ataques orquestados con armas de fuego dejaron 10 policías muertos y ocho heridos, el ataque más sangriento a la fuerza de seguridad pública desde su creación en 1997.
El domingo el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de emergencia por 30 días que fue ratificado al día siguiente por el Congreso y que restringe algunos derechos constitucionales —las personas no están obligadas a acatar órdenes ilegales, de reunión y manifestación y la detención legal— dando a la policía facultades para poder detener, registrar e identificar a las personas.
Arévalo ha dicho que “mafias político criminales” estarían detrás de los ataques con el fin de desestabilizar su gobierno. El lunes diputados al Congreso se acusaron mutuamente por la situación que vive el país.
En octubre del año pasado, el Congreso guatemalteco reformó algunas leyes para declarar terroristas a los miembros deBarrio 18 y Mara Salvatrucha y endurecer las penas de prisión a sus integrantes que cometan delitos. En febrero y septiembre Estados Unidos también declaró terroristas a los miembros de ambas pandillas.
