Principal central sindical de Argentina en pie de guerra contra reforma laboral de Milei
BUENOS AIRES (AP) — La principal central sindical de Argentina, respaldada por el peronismo opositor y organizaciones sociales de izquierda, se movilizaba el jueves en Buenos Aires contra el proyecto de reforma laboral que el presidente ultraliberal Javier Milei envió al Congreso y que contempla modificaciones al régimen actual de indemnizaciones, horario de la jornada laboral y vacaciones.
La marcha hacia la histórica Plaza de Mayo convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) ocurre en momentos en que la iniciativa oficial se discute en comisiones del Senado y, de conseguir dictamen favorable, será debatida en el recinto el viernes 26 de diciembre.
El mandatario, un economista que viene aplicando desde su llegada al poder a fines de 2023 políticas de ajuste económico y reformas en distintos ámbitos, firmó el proyecto de Ley de Modernización Laboral, al que califica como “la transformación más grande” de la historia argentina en la materia, justo en un país donde los sindicatos han bloqueado en el pasado toda iniciativa que implique un desafío a su status quo.
“Quieren trabajadores baratos, disciplinados y sin voz. Los derechos se defienden con más organización y en la calle”, expresó la CGT en su convocatoria. Multitudinarias columnas de los gremios del transporte, la construcción, metalúrgica, comercio, trabajadores estatales y de otras ramas avanzaban por las calles céntricas de la capital argentina rumbo a la Plaza de Mayo, donde se montó un escenario desde el cual está prevista la lectura de un documento contra el gobierno.
Referentes del peronismo opositor, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y organizaciones de izquierda, históricamente enfrentada a la CGT por el control de los sindicatos, también se sumaron a la convocatoria.
Empoderado por su triunfo en las elecciones de medio término de octubre, que le permitió sumar más legisladores en ambas cámaras del Congreso, Milei propone un nuevo régimen laboral que entre sus puntos principales redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldos (dos sueldos extras al año) y premios y fija límites a las indemnizaciones.
Para costear los despidos, los empleadores podrán establecer un Fondo de Asistencia Laboral que se integra con un aporte equivalente a 3 puntos porcentuales de la masa salarial. A su vez, las empresas reducirán sus contribuciones al sistema jubilatorio estatal por el mismo porcentaje.
La iniciativa habilita pagos a los trabajadores por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa. En cuanto al salario podrá abonarse en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, o en especie, habitación o alimentos.
También crea un banco de horas de carácter voluntario, que permitirá compensar jornadas extensas con otras más breves.
El proyecto también limita el derecho de huelga para servicios esenciales y actividades calificadas como de “importancia trascendental” como las relacionadas con la educación y la salud.
La reforma laboral es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de ayuda financiera que ha firmado con Argentina a principios de año. También es apoyada por las principales cámaras empresarias, que desde hace tiempo reclaman bajar los costos laborales.
La tasa de informalidad laboral en Argentina es de 43,2%, según los últimos datos oficiales conocidos.
Para su aprobación, el oficialismo deberá sumar el apoyo de fuerzas aliadas conservadoras en ambas cámaras. En el Senado —de 72 integrantes— el oficialismo amplió de 7 a 20 los miembros de su bancada tras el triunfo de octubre. En la Cámara de Diputados suma 95 legisladores, siendo así la primera minoría en el cuerpo de 257 miembros.
