Prisioneros liberados en Bielorrusia denuncian “truco sucio” tras confiscación de pasaportes
TALLIN, Estonia (AP) — El único documento oficial que el defensor de los derechos humanos Uladzimir Labkovich tenía consigo cuando fue liberado repentinamente de una prisión en Bielorrusia, vendado y llevado a la vecina Ucrania, era un papel con su nombre y foto de ficha policial.
“Después de cuatro años y medio de abusos en prisión, fui expulsado de mi propio país sin pasaporte ni documentos válidos”, dijo Labkovich a The Associated Press el miércoles en llamada telefónica desde Ucrania. “Este es otro truco sucio de las autoridades bielorrusas, que siguen dificultando nuestras vidas”.
Labkovich, de 47 años, fue uno de los 123 prisioneros liberados por Bielorrusia el 13 de diciembre a cambio de que Estados Unidos levantara algunas sanciones comerciales al gobierno autoritario del presidente Alexander Lukashenko. Todos menos nueve fueron trasladados a Ucrania; el resto, incluido el laureado con el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, fueron enviados a Lituania.
Lukashenko, un aliado cercano de Rusia, ha gobernado su nación de 9,5 millones de habitantes con mano de hierro durante más de tres décadas. Bielorrusia ha enfrentado años de aislamiento y sanciones por parte de Occidente debido a su ofensiva contra los derechos humanos y por permitir que Moscú use su territorio para invadir a Ucrania en 2022.
Recientemente, Lukashenko ha buscado establecer mejores relaciones con Occidente, liberando a cientos de prisioneros desde julio de 2024.
Pero en un acto final de indignidad y represión, a los prisioneros recién liberados a menudo se les oculta que están siendo deportados sin pasaportes u otros documentos de identidad. Deben reconstruir sus vidas en el extranjero, enfrentando obstáculos burocráticos sin ninguna ayuda de su país natal.
Represalias tras la liberación
Labkovich dijo que, debido a que tenía los ojos vendados, él y otras personas solo pudieron darse cuenta de que se dirigían al sur. Al menos 18 prisioneros trasladados a Ucrania, entre ellos, Labkovich y las figuras de la oposición bielorrusa Vitkar Babaryka y Maria Kolesnikova, no llevaban documentos con ellos, según defensores de derechos. Alemania prometió dar refugio a Babaryka y Kolesnikova.
“Sueño con abrazar a mis tres hijos y esposa en Vilna (la capital lituana), pero, en cambio, tengo que lidiar con absurdos procedimientos burocráticos”, expresó Labkovich.
La líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, quien huyó del país en 2020, comentó a la AP en declaraciones escritas que la forma en que los prisioneros fueron sacados de Bielorrusia fue “una deportación forzada en violación de todas las normas y regulaciones internacionales”, y añadió que fue un trato inhumano.
“Aun después de indultar a las personas, Lukashenko sigue tomando represalias contra ellas”, manifestó Tsikhanouskaya. “Les prohíben quedarse en el país, las expulsan a la fuerza de Bielorrusia sin documentos para humillarlas aún más”.
En septiembre, Lukashenko indultó a más de 50 prisioneros políticos que fueron trasladados a la frontera lituana.
Uno de ellos, el destacado activista opositor Mikola Statkevich, se negó a salir de Bielorrusia. El hombre de 69 años, que calificó las acciones del gobierno como una “deportación forzada”, logró bajar del autobús y permaneció varias horas en tierra de nadie entre ambas fronteras antes de ser capturado por la policía bielorrusa y devuelto a prisión.
Otras catorce personas que cruzaron a Lituania desde la liberación de septiembre no tenían pasaportes. El activista liberado Mikalai Dziadok dijo que los agentes de seguridad bielorrusos rompieron su pasaporte frente a él. El periodista liberado Ihar Losik dijo que todos sus papeles, incluidos sus diarios, fueron confiscados.
“Mi pasaporte simplemente fue robado. Llegamos aquí (a Lituania), y nadie tenía pasaportes. Tomaron fotos, todos los papeles, el veredicto, cuadernos, se llevaron todo”, afirmó Losik.
Nils Muižnieks, relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Bielorrusia, describió lo que les sucedió a los prisioneros como “no indultos, sino exilio forzado”.
“Estas personas esperaban regresar a sus hogares y con sus familias”, dijo en un comunicado. “En cambio, fueron expulsadas del país, abandonadas sin medios de subsistencia y, en algunos casos, despojadas de documentos de identidad”.
Un grupo de activistas ha recaudado más de 245.000 euros (unos 278.000 dólares) para los prisioneros liberados, y Tsikhanouskaya dijo que ha pedido ayuda a los gobiernos occidentales.
“Las personas pasaron por un verdadero infierno, y ahora trabajamos juntos para ayudarlas a facilitar su legalización y asentamiento, recurriendo a todos los contactos con aliados estadounidenses y europeos”, expresó.
Duras condiciones en prisión
Bialiatski, Labkovich y otros cinco miembros de Viasna, el grupo de derechos más antiguo y prominente de Bielorrusia, fueron arrestados en la ofensiva de Lukashenko contra las protestas masivas tras una elección en 2020 que lo mantuvo en el poder y fue denunciada como fraudulenta por la oposición y Occidente. Decenas de miles de personas fueron arrestadas, muchas brutalmente golpeadas, mientras que cientos de miles huyeron al extranjero.
Junto con Bialiatski, Labkovich fue acusado de “financiar disturbios públicos” y ayudar a los afectados por la represión. Bialiatski fue sentenciado a 10 años de prisión; Labkovich recibió siete.
Las autoridades penitenciarias intentaron coaccionar a Labkovich para que cooperara e iniciaron dos procedimientos penales más en su contra: negarse a obedecer órdenes de las autoridades de la prisión y alta traición, lo que podría haber añadido otros 15 años a su sentencia.
Labkovich dijo que pasó más de 200 días en confinamiento solitario y “perdió la cuenta de las noches en el suelo de concreto en la celda helada”.
Otros dos activistas de Viasna, Marfa Rabkova y Valiantsin Stefanovic, permanecen encarcelados. Labkovich cree que ellos y otros siguen retenidos para que las autoridades “puedan influir en el comportamiento y las declaraciones de los liberados”.
Babaryka, de 62 años, recordó que mientras estaba en prisión en 2023, comenzó a tener episodios de desmayo y una vez se despertó con una costilla rota, un pulmón desgarrado, neumonía y 23 cortes en el cuero cabelludo. Dijo que no sabía qué había sucedido mientras estaba inconsciente y no quiso hablar más sobre las condiciones tras las rejas.
“Te diré la verdad: quienes salen no deberían hablar sobre cómo estaban y qué sintieron, porque muchas personas permanecen dentro del sistema y, dependiendo de lo que digan, generalmente obtendrán desventajas en lugar de ventajas”, dijo Babaryka el domingo en Chernihiv, Ucrania.
Su hijo de 35 años, Eduard Babaryka, es uno de los más de 1.100 prisioneros políticos que aún están detenidos en Bielorrusia, cumpliendo una sentencia de 10 años por cargos de organizar disturbios masivos.
Represión en casa y más allá
Aunque las liberaciones de prisioneros se han vuelto más regulares recientemente, la represión de Lukashenko continúa y tiene como objetivo a sus críticos dondequiera que vivan. Los bielorrusos que viven en el extranjero no pueden renovar sus pasaportes ni obtener nuevos en embajadas y consulados, lo que dificulta la vida de miles de personas que huyeron de la represión.
Activistas de oposición, defensores de derechos y periodistas en el exilio enfrentan juicios penales en ausencia. Las autoridades confiscan sus apartamentos y otras propiedades, mientras que los tribunales rechazan los intentos de impugnar esas acciones.
Los activistas dicen que hay una “puerta giratoria” de liberaciones y arrestos de prisioneros. Desde la liberación del 13 de diciembre, Viasna ha declarado a siete personas más como prisioneros políticos, y 176 desde septiembre.
A pesar de los indultos de este mes, la directora de Amnistía Internacional para Europa del Este, Marie Struthers, instó a la gente a no olvidar a aquellos cuya libertad “está pendiente desde hace mucho”.
“Si esta liberación es parte de un acuerdo político, solo subraya el trato cínico de las autoridades bielorrusas hacia las personas como peones”, afirmó.
A principios de esta semana, el activista Aliaksandr Zdaravennau, de 46 años, de la ciudad sureña de Rechytsa, fue condenado por alta traición y participación en actividades extremistas y sentenciado a 10 años. El ingeniero del metro Yury Karnitski, de 44 años, y la dependienta Alena Hartanovich, de 52 años, fueron añadidos a la lista de extremistas elaborada por el Ministerio del Interior.
“Si bien las liberaciones de prisioneros son ciertamente un alivio, no hay señales de un cambio en la política o práctica de la represión por parte de las autoridades bielorrusas”, señaló Muižnieks. “Bielorrusia continúa estando entre los países con el mayor número de prisioneros políticos per cápita”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
