Protesta en Perú por decreto que describe la transexualidad como "trastorno mental"
El gobierno peruano descartó este viernes derogar el decreto que cataloga la transexualidad como "trastorno mental", pese a la airada protesta de grupos que defienden la diversidad sexual por el uso oficial de una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Más de 200 activistas de colectivos LGBT protestaron la tarde del viernes frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para exigir la revocatoria de una norma en vigor desde el 10 de mayo que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
"Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se 'descataloguizó' la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos", señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.
La manifestación, al ritmo de batucadas, coincidió con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Bajo lemas como "¡No es enfermedad, es diversidad!" y "Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans", los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada avenida donde está el ministerio.
La policía que resguardaba el recinto se limitó a observar.
"Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante", dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.
"No se puede catalogarnos como enfermos mentales, por eso es importante una ley de identidad de género", agregó Micaela Casa, del colectivo Asamblea Migrantes y Refugiados de la Patria Grande.
"Mi derecho a la salud no es una enfermedad", se leía en uno de los carteles.
- "Interpretación errónea" -
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.
"El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención", dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Según el portavoz oficial, "ha habido una mala lectura y una interpretación errónea" del decreto.
La transexualidad "no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican", expresó Alvarado.
El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.
Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.
Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.
Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.
"La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible", sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.
- Consecuencias -
Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a "graves consecuencias", como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.
"No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo", comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.
Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de "este decreto sesgado y poco científico".
"Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género", advierte la organización.
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