Qué saber de limitaciones al uso estatal de fondos para cuidado infantil y otros servicios sociales
El gobierno del presidente Donald Trump ha informado a los estados que restringe algunos fondos de la red de seguridad social que cubren servicios como subsidios para el cuidado infantil, la asistencia financiera y la capacitación laboral para familias pobres con niños.
Washington afirma que las medidas fueron diseñadas para erradicar el fraude como resultado de problemas reportados, pero cinco estados gobernados por demócratas centran el foco especial de su atención, y algunos de sus gobiernos manifiestan que con esto se perjudica a los niños por motivos políticos.
Esos cinco estados impugnaron en tribunales el jueves el congelamiento de fondos, al que calificaron de abuso inconstitucional de poder y un enfoque de “dispara primero y haz preguntas después” que ignora los procedimientos gubernamentales establecidos.
A continuación se ofrece un resumen de dónde señala el gobierno federal que retiene dinero y lo que se necesita saber sobre el impacto.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció el martes que congeló el dinero para los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF), que subsidia el cuidado infantil de 1,3 millones de niños de familias de bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), que brinda asistencia económica y capacitación laboral, y el Programa de Subvenciones en Bloque para Servicios Sociales (SSBG).
Las cartas enviadas a los estados informan que el gobierno “tiene motivos para creer” que cada uno de esos estados “proporciona ilícitamente a inmigrantes indocumentados” beneficios. No explican las razones de las sospechas —y tampoco explican por qué otros estados no recibieron notificaciones similares.
El gobierno requirió a los estados que entreguen los nombres, número de seguro social y otros datos de identificación personal de los beneficiarios de los programas desde al menos 2022, además de información sobre subcontratistas y proveedores del programa desde 2019. Para el programa de cuidado infantil, el gobierno solicita registros de asistencia, pero no información personal de los niños ni de sus familias.
El gobierno de Trump ha presionado para recopilar y utilizar información similar sobre los beneficiarios de otros programas gubernamentales.
Los estados señalan en su demanda que reciben un total de más de US$ 10.000 millones al año para estos programas. Solicitan a un tribunal que ordene el fin del congelamiento de fondos con el argumento de que ha generado una incertidumbre presupuestaria inmediata.
Las autoridades de Nueva York reportan que el dinero financia albergues para indigentes, adopciones, investigaciones de bienestar infantil y otros servicios —y que las pérdidas podrían generar un déficit presupuestario de cientos de millones este mes.
“El gobierno de Trump es conocido por inventar una narrativa falsa”, declaró el miércoles Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York. “Y esta es una de esas narrativas que es falsa. No hay evidencia de fraude aquí en el estado de Nueva York. De hecho, esto sólo está convirtiendo a los niños en peones políticos otra vez”.
Ruth Friedman, investigadora sénior de The Century Foundation —un grupo de expertos que realiza investigaciones y desarrolla soluciones para mejorar la vida de la gente—, quien supervisó los programas de cuidado infantil para el gobierno del presidente Joe Biden, dijo en una llamada con periodistas el miércoles que parte de la información podría ser difícil de recopilar porque el gobierno federal no la exige ahora.
Los otros 45 estados también enfrentan un nuevo requisito: para recibir distribuciones de sus fondos asignados para el cuidado infantil a través de un sistema en línea, primero deben verificar la inscripción y la asistencia a los centros de cuidado infantil, y presentar “una justificación sólida para el uso de los fondos que se alinee con” el propósito del programa.
El gobierno informó a los estados que “implementa estrategias y controles del programa para identificar el fraude y garantizar la integridad del programa”. Políticas similares de “defensa del gasto” se aplican a otros fondos federales como resultado de los cambios establecidos el año pasado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Trump. Se exigió brevemente para el dinero destinado a guarderías el año pasado, pero el gobierno revirtió su postura.
Friedman dijo que no está claro exactamente cuánta evidencia el gobierno quiere que presenten los estados para recibir los fondos.
Elliot Haspel, investigador sénior de Capita, un grupo de expertos especializado en cuestiones familiares, declaró a la prensa que, incluso si los estados finalmente obtienen el dinero, las demoras podrían provocar despidos o cierres de guarderías —lo que perjudicaría tanto a las familias que pagan el costo total de la atención como a las que reciben subsidios.
“Se puede generar caos muy rápidamente”, agregó, “y el daño puede prolongarse cuanto más tiempo pase”.
El programa de subsidios para guarderías del gobierno federal se intensificó después que un influencer pro-Trump publicara un video el mes pasado en que afirmaba que las guarderías operadas por residentes somalíes en Minneapolis habían cometido fraudes por hasta US$ 100 millones.
Los medios de comunicación y de opinión conservadores ya habían amplificado acusaciones previas de fraude a los servicios sociales que involucraban a acusados somalíes. Setenta y ocho personas han sido acusadas desde 2022 —y 57 condenadas—, luego que fiscales federales dijeron que la organización sin fines de lucro Feed Our Future (Alimentar Nuestro Futuro) robó US$ 250 millones de un programa destinado a alimentar a niños necesitados durante la pandemia de COVID-19.
Las autoridades de Minnesota informaron a los proveedores de cuidado infantil que su financiación federal para el cuidado infantil está retenida, y que el gobierno les dijo que entregaran para el viernes los registros sobre los proveedores de cuidado infantil, los esfuerzos de supervisión estatal y las finanzas del programa.
En la carta del martes, en la que se notificó a Minnesota que las subvenciones en bloque para servicios sociales estaban suspendidas, el gobierno afirmó: “Su oficina no ha demostrado que el estado cuente con mecanismos eficaces en operación para prevenir el fraude”.
El gobernador Tim Walz ha defendido la respuesta de su estado y ha dicho que toma medidas enérgicas para evitar que se produzcan más fraudes.
Esta semana, Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024 y crítico destacado de Trump, puso fin a su campaña para un tercer mandato tras manifestar que no podía ejercer como gobernador y dirigir a la vez una campaña en medio de ataques partidistas por las aseveraciones.
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Los periodistas de The Associated Press Anthony Izaguirre, Steve Karnowski, Trân Nguyễn, John O’Connor y Colleen Slevin contribuyeron a este despacho.
