Qué saber sobre el cierre de Seguridad Nacional de EEUU que inicia el fin de semana
Se espera otro cierre de partes del gobierno estadounidense el fin de semana al tiempo que los legisladores debaten nuevas restricciones a la agenda de control migratorio del presidente Donald Trump.
El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está previsto que venza el sábado. Los demócratas afirman que no ayudarán a aprobar más fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los incidentes en que murieron Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis el mes pasado.
La Casa Blanca ha estado negociando con los demócratas, pero ambas partes no lograron alcanzar un acuerdo al final de la semana, lo que garantiza que el financiamiento del Departamento vencerá.
A diferencia del cierre récord de 43 días del otoño pasado, los cierres estarán limitados a un alcance reducido, ya que solo se verán afectadas las agencias bajo el paraguas del DHS —como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés). Aun así, dependiendo de cuánto dure el cierre, algunos trabajadores federales podrían empezar a quedarse sin cheques de pago.
Servicios como los controles aeroportuarios podrían resentirse si el cierre se prolonga durante semanas.
En la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), alrededor del 95% de los empleados se consideran esenciales. Continuarán revisando a los pasajeros y su equipaje en los aeropuertos comerciales del país. Pero trabajarán sin sueldo hasta que se resuelva la falta de financiamiento.
Muchos trabajadores de la TSA ya enfrentaron estrés financiero el año pasado.
“Algunos trabajadores apenas ahora se están recuperando del impacto financiero del cierre de 43 días. Muchos todavía están tambaleándose por eso”, señaló Ha Nguyen McNeill, una alta funcionaria que desempeña las funciones de administradora de la TSA.
En esencia, se debe a que Trump accedió a la solicitud de los demócratas de separar el financiamiento de Seguridad Nacional de un paquete de gasto más amplio para disponer de más tiempo de negociación sobre exigencias de cambios en la aplicación de las leyes migratorias, como un código de conducta para los agentes federales y el requisito de que los agentes muestren identificación. Seguridad Nacional recibió financiamiento temporal solo hasta el 13 de febrero.
El resto del gobierno federal tiene financiamiento hasta el 30 de septiembre. Eso significa que la mayoría de los programas federales no se ven afectados por el cierre más reciente, incluida la asistencia alimentaria, y el pago de la mayoría de los trabajadores federales y de los miembros del servicio militar continuará sin interrupciones.
La expiración del financiamiento afecta al Departamento de Seguridad Nacional y a su constelación de agencias, entre ellas el ICE, la CBP, el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
La gran mayoría de los empleados del Servicio Secreto y de la Guardia Costera continuará con su trabajo, aunque también podrían quedarse sin un cheque de pago dependiendo de la duración del cierre.
En la FEMA, el cierre interrumpirá la capacidad de la agencia para reembolsar a los estados los costos de ayuda por desastres. Algunos trabajadores serán suspendidos temporalmente, lo que limitará la capacidad de la agencia para coordinarse con autoridades estatales y municipales, y se verá interrumpida la capacitación de los equipos de primera respuesta en la Universidad Nacional de Gestión de Desastres y Emergencias en Maryland.
Los republicanos han señalado que las operaciones del ICE y de la CBP continuarán en su mayor parte sin mayores interrupciones durante un cierre, pese a las exigencias demócratas de cambios en esas agencias.
Eso se debe a que el proyecto de ley de recortes de impuestos y de gasto impulsado por Trump y aprobado por los republicanos el año pasado proporcionó al ICE unos US$75.000 millones y a la CBP unos US$65.000 millones, dinero al que esas agencias pueden seguir recurriendo para las operaciones de deportación de Trump.
Depende de cada agencia federal designar cuáles de sus empleados son “esenciales” o “exceptuados”, términos que en este caso significan lo mismo. Siguen trabajando durante un cierre, por lo general sin cobrar hasta que se restablezca el financiamiento del gobierno.
Algunos ejemplos de empleados “esenciales” son el personal militar, los agentes de control de seguridad en aeropuertos y los agentes policiales. Puede haber un rango amplio, desde puestos considerados críticos para la seguridad pública hasta aquellos autorizados por ley a continuar incluso sin nuevos fondos.
La mayoría de las más de 270.000 personas empleadas por Seguridad Nacional se considera esencial, lo que significa que permanece en sus puestos incluso durante un cierre. En el cierre del otoño de 2025, más de 258.000 empleados del DHS estaban en esa categoría, y unos 22.000 —o el 5% del total de la plantilla de la agencia— fueron suspendidos temporalmente.
Los legisladores se han mostrado especialmente preocupados por el posible impacto en la TSA y los aeropuertos.
El líder republicano del Senado, John Thune, ha advertido que “hay una muy buena posibilidad de que veamos más problemas de viaje” similares a los del cierre del año pasado. A medida que crezcan las carencias de personal, los aeropuertos podrían reducir el número de carriles de seguridad abiertos o cerrar por completo los puntos de control para aliviar la presión sobre una fuerza laboral de antemano sobrecargada.
Durante la expiración de fondos del año pasado, los trabajadores de la TSA sin sueldo comenzaron cada vez más a reportarse enfermos o a quedarse en casa, ya que la falta de pago dificultaba cubrir gastos básicos. La presión fue evidente: aproximadamente un mes después de iniciado el cierre, la TSA cerró dos puntos de control en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.
“La prolongación del cierre agrava el impacto sobre nuestra fuerza laboral de la TSA”, indicó la agencia en ese momento.
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Los periodistas de The Associated Press Rio Yamat y Kevin Freking contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
