Qué saber sobre las órdenes que usan los agentes migratorios de EEUU para realizar arrestos
A medida que el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las redadas migratorias en todo Estados Unidos, una ola de arrestos de gran repercusión —muchos de ellos en hogares y negocios privados, y captados en video— ha puesto una pregunta jurídica en el centro del debate nacional: ¿Cuándo pueden los agentes federales de inmigración entrar legalmente en una propiedad privada para realizar un arresto?
Esa pregunta ha cobrado nueva urgencia en ciudades como Minneapolis, donde miles de agentes federales operan en las calles en medio de protestas, enfrentamientos y un tiroteo que resultó fatal, agudizando el escrutinio sobre la autoridad legal en que se basan los agentes de inmigración cuando llegan a la puerta del lugar en el que desean efectuar arrestos.
En el centro del debate está una distinción jurídica en gran medida desconocida para el público, pero central para la aplicación de las leyes de inmigración.
La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, las cuales son documentos internos emitidos por las autoridades de inmigración que autorizan el arresto de un individuo específico, pero no le permiten a los agentes entrar por la fuerza en hogares u otros espacios no públicos sin el consentimiento de las personas en el interior. Sólo las órdenes judiciales firmadas por jueces conllevan esa autoridad. Los expertos jurídicos dicen que el enérgico impulso del gobierno para controlar la inmigración ilegal, combinado con la conciencia del público sobre esos límites, está convirtiendo cada vez más los momentos de las detenciones en puntos de conflicto, azuzando enfrentamientos que ahora se desarrollan en ciudades de todo el país.
Esto es lo que conviene saber sobre las limitaciones de las órdenes que autorizan la mayoría de los arrestos relacionados con la inmigración.
Todas las operaciones policiales —incluidas las realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)— están regidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a todas las personas en el país de registros e incautaciones irrazonables. Eso significa que se requiere que las fuerzas migratorias cuenten con una orden antes de registrar la propiedad privada de alguien o arrestarlo, independientemente de su estatus migratorio.
Pero no todas las órdenes son iguales. Normalmente, los arrestos llevados a cabo por agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) son autorizados por órdenes administrativas —a veces conocidas como órdenes de inmigración—, no por órdenes judiciales.
Las órdenes judiciales son emitidas por un tribunal y firmadas por un juez de primera instancia o un juez estatal o federal. Estas órdenes le permiten a una agencia policial relevante aprehender a un individuo específico en cualquier contexto, independientemente de si la persona está en propiedad pública o privada. En otras palabras, la ley permite que las fuerzas policiales entren y registren un hogar o negocio para realizar el arresto sin el consentimiento del dueño una vez que un juez aprueba el arresto.
Por el contrario, las órdenes administrativas utilizadas en la mayoría de las operaciones de inmigración son sancionadas por una agencia, agente o juez de inmigración, y no permiten a las fuerzas policiales entrar por la fuerza en propiedad privada para detener a alguien.
Eso significa que las personas pueden legalmente negar la entrada a agentes federales de inmigración en propiedad privada si los agentes sólo tienen una orden administrativa.
Hay excepciones limitadas, algunas de las cuales incluyen si alguien está en peligro inmediato, un agente está persiguiendo activamente a un sospechoso o si alguien está pidiendo ayuda dentro de la residencia. Pero esas excepciones no se aplican en arrestos rutinarios de inmigración, dicen expertos jurídicos.
John Sandweg, exdirector interino de ICE, dijo que los agentes están entrenados sobre qué circunstancias justifican legalmente el ingresar a fuerzas. Pero a medida que el alcance del trabajo de esa agencia se ha expandido, y más agentes de la Patrulla Fronteriza han comenzado a realizar el trabajo de los agentes de ICE, hay una mayor probabilidad de que los agentes apliquen incorrectamente las reglas, observó.
"Los riesgos de todos estos tipos de incidentes aumentan drásticamente cuando sacas a los agentes de su entorno operativo normal y les pides que hagan cosas para las que no han sido entrenados, porque no forma parte de sus misiones principales", expresó Sandweg.
La espinosa distinción legal entre órdenes judiciales y administrativas quedó de relieve el domingo, cuando agentes migratorios allanaron una casa privada para realizar un arresto en Minneapolis, después de enfrentarse con manifestantes que confrontaron a los agentes fuertemente armados. Documentos revisados por The Associated Press dejaron ver que los agentes sólo tenían una orden administrativa, lo que significa que no había un juez que hubiese autorizado la redada en propiedad privada.
Cuando se le preguntó al respecto, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, no proporcionó una justificación legal para el ingreso forzado y el arresto del hombre, quien es un ciudadano liberiano con una orden de deportación de 2023. Ella dijo que su arresto forma parte de los empeños del gobierno para arrestar a "los peores de los peores", y agregó que tenía un historial delictivo que incluía "robo, posesión de drogas con intención de vender, posesión de un arma mortal, destrucción maliciosa y robo".
McLaughlin no especificó si fue declarado culpable por alguno de esos delitos, ni si su arresto estaba relacionado con alguna actividad criminal.
La vicepresidenta de políticas del National Immigration Law Center —un centro activista en pro de los inmigrantes—, Heidi Altman, indicó que no podía comentar sobre esa redada específica, pero señaló que, en general, el hecho de que un agente entre a una casa sin consentimiento o permiso podría generar consecuencias graves.
"Eso no es sólo un arresto ilegal. Son numerosas acciones ilegales por parte del propio agente que podrían abrir la posibilidad de responsabilidad de su parte, no sólo por una demanda, sino también por posibles acciones criminales bajo la ley estatal", explicó.
Pero en el ambiente político actual, observó Altman, no está claro si hay vías realistas para la rendición de cuentas, ya que el gobierno federal sería el responsable de investigar tal violación.
"Hay capas de leyes federales, regulaciones y políticas que prohíben este tipo de comportamiento. Pero luego la segunda capa es: ¿El gobierno federal va a imponer consecuencias?", preguntó.
Además de eso, los inmigrantes tienen menos recursos después de un arresto o registro ilegal, ya que la evidencia obtenida ilegalmente aún puede ser utilizada en el tribunal de inmigración. Se llama la regla de exclusión, explicó Altman, y las consecuencias que podría enfrentar el agente no compensarían las consecuencias inmediatas que podrían enfrentar los inmigrantes si son deportados rápidamente.
"A medida que surgen esos desafíos legales y las personas enfrentan detenciones y deportaciones muy, muy rápidas sobre la base de estos arrestos ilegales, hay muy pocos recursos en los procedimientos judiciales de inmigración que permitan a las personas hacer que un juez desestime la evidencia o el arresto real, incluso si se hizo de una manera muy violenta e ilegal", apuntó Altman.
El ICE ha recurrido desde hace tiempo a la práctica de “tocar a la puerta y hablar” para realizar detenciones, solicitándoles informalmente a los residentes que abandonen la vivienda sin indicar que planean realizar un arresto migratorio. Según se describe en una demanda de 2020 en la que un juez federal declaró ilegal esa práctica, los agentes les dicen a sus víctimas que necesitan que salgan para responder algunas preguntas. En un caso, le dijeron a una mujer que eran agentes de libertad condicional que buscaban a su hermano.
En respuesta, activistas, abogados y gobiernos locales han lanzado campañas de "conozca sus derechos" en todo el país, en un intento por educar a las personas sobre los matices legales del marco legal extremadamente complicado que se supone rige la aplicación de la ley de inmigración.
Muchos grupos han publicado hojas informativas e infografías en redes sociales, mientras que otros facilitan reuniones que repasan las protecciones constitucionales que tienen los inmigrantes —independientemente de su estatus legal— en interacciones con agentes federales.
A menudo, los grupos instruyen a los inmigrantes a solicitar ver una orden antes de abrir la puerta si un agente de inmigración llama a la puerta. Las capacitaciones también suelen enfatizar que un inmigrante puede negarse a abrir la puerta si las fuerzas policiales sólo tienen una orden administrativa.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
