República Checa suprime el certificado COVID-19 a partir del 9 de febrero
El Parlamento de República Checa ha aprobado en la noche de este miércoles una reforma a la ley para frenar la pandemia de COVID-19 y suprimirá a partir del 9 de febrero el certificado de vacunación para entrar en locales de restauración y ocio.
"Propondremos decidir la fecha del fin del estado de emergencia por la pandemia en una reunión de la Cámara de Diputados en la semana del 14 de febrero", ha dicho el primer ministro checho Petr Fiala en un mensaje en su perfil oficial de Twitter, agregando que se mantiene la limitación del número de participantes en eventos deportivos y la obligatoriedad de la mascarilla.
Tras cerca de 35 horas de debate, los parlamentarios han votado la reforma a la ley con 70 votos a favor -- apoyada por el partido de Petr Fiala, el Partido Democrático Cívico (ODS) y sus socios-- frente a 52 votos en contra de la oposición, el Partido Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, "Sí" en checo) y el ultraderechista Libertad y Democracia (SPD).
"Me complace que la Cámara haya escuchado nuestros argumentos y haya aprobado una 'ley pandémica' equilibrada que garantiza la capacidad del gobierno para actuar con el escrutinio continuo de la Cámara de Diputados y el Tribunal Supremo Administrativo", ha dicho el ministro de Sanidad, Vlastimil Válek, en su perfil oficial de Twitter.
Entre otras, la reforma a la ley contempla una reducción significativa de las multas por violar las medidas de emergencia y un mandato por parte de las autoridades para ordenar pruebas de detección del virus a empresarios, estudiantes, alumnos y niños en edad preescolar, no solo a empleados y otros trabajadores, según recoge el portal de noticias checo iDNES.
Además, con la aprobación de esta reforma, las autoridades no podrán prohibir por completo los eventos privados y públicos, así como el funcionamiento de clubes, discotecas o casinos, sino que solo podrán limitar su funcionamiento.
La nueva normativa contempla también que las autoridades sanitarias puedan notificar a los ciudadanos, por ejemplo, por teléfono o por escrito, sobre protocolos de aislamiento o cuarentena, según recoge el diario digital Aktualne.
El SPD anunció que, de entrar en vigor la ley, la impugnaría ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, el líder del partido ultraderechista, Tomio Okamura, ha dicho que es un "ataque sin precedentes a los derechos y libertades fundamentales", según recoge CT24.
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