Tensión en Venezuela por falta de celeridad con excarcelaciones
El debate sobre presos políticos envuelve a gobierno, familiares y ONGs
Familiares denuncian hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad para que cesen sus protestas pacíficas, mientras el gobierno libera a extranjeros, pero evita excarcelar a colombianos a pesar de la demanda de Bogotá.
El proceso de excarcelaciones tuvo un punto clímax el 8 de enero con un anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien prometió la excarcelación de un "número importante" de detenidos políticos como gesto de distensión de las nuevas autoridades que tienen el aval de Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Sin embargo, las cifras divergen notablemente: mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que se habían liberado 406 personas, la organización no gubernamental Foro Penal, que monitorea estos casos, confirmó solo 143 excarcelaciones hasta este domingo 18 de enero.
Esta discrepancia ha generado escepticismo entre activistas y opositores, quienes cuestionan la transparencia del gobierno interino en su intento por proyectar una imagen de reconciliación nacional.
La tensión ha escalado en las afueras de prisiones clave como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas.
Familiares, líderes estudiantiles y activistas de derechos humanos mantienen vigilias pacíficas desde el mismo 8 de enero.
Se estima que, antes de que comenzara todo este proceso, existían en Venezuela 1082 presos políticos.
Sin embargo, como ha comentado el activista infociudadano Luis Carlos Díaz, han salido de las cárceles personas que no estaban en ninguna base de datos de la sociedad civil, es decir, presos políticos invisibilizados por el temor de sus familias a sufrir más represalias.
En Caracas, en la zona de Boleíta, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha desplegado decenas de agentes antidisturbios, posicionándose a metros de los campamentos improvisados donde mujeres -madres, esposas y hermanas de detenidos- duermen bajo mantas en plena vía pública.
En paralelo, el gobierno ha priorizado la liberación de ciudadanos extranjeros no colombianos, lo que ha avivado críticas diplomáticas por parte de Bogotá. El gobierno de Rodríguez ha priorizado la liberación de ciudadanos europeos, buscando ser retirada de la lista de sancionadas por Bruselas.
Foro Penal confirmó la excarcelación de siete extranjeros durante el fin de semana: tres ucranianos (Sergiy Rudavskyy, Mykhailo Kostiv y Yevhenii Trush), un checo (Jan Darmovzal), un iraní-irlandés (Alireza Akbari), un rumano (Cristian Cenuse) y una húngara (Zsuzsanna Bossanyi).
No se han registrado excarcelaciones de ciudadanos colombianos en los últimos días, a pesar de las gestiones diplomáticas intensas de Bogotá. Colombia, aliado clave del régimen de Maduro durante sus años de aislamiento internacional, ha demandado repetidamente la libertad de sus nacionales detenidos por presuntos vínculos con actividades opositoras o migratorias irregulares.
Esta omisión resalta las tensiones en las relaciones bilaterales, ahora complicadas por el giro pragmático del gobierno interino hacia Washington, que incluye acuerdos petroleros y la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.
Analistas interpretan estas acciones como una estrategia calculada para reducir presiones internacionales mientras se mantiene el control interno.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han instado al gobierno a cesar la intimidación y acelerar liberaciones verificables, como medidas esenciales para restaurar la credibilidad ante la comunidad internacional.
Sin embargo, la ausencia de un listado oficial de beneficiarios de las medidas de excarcelación aviva un clima de incertidumbre y exigencias desde varios frentes internos.
Familiares y organizaciones locales de derechos humanos insisten en que no cejarán hasta la liberación total de todos los presos políticos, elevando el riesgo de conflictividad en un país aún en shock tras el cambio abrupto de poder que impulsó Estados Unidos al capturar a Maduro y decidir trabajar con Delcy Rodríguez, la otrora vicepresidenta del mandatario depuesto.
(ANSA).
