Trabajadores de refinerías en Francia mantienen su huelga pese a las amenazas del gobierno
El gobierno francés lanzó este miércoles una primera requisa de personal en un depósito de combustible, ante el mantenimiento de la huelga en seis refinerías que provoca desde hace días desabastecimientos en gasolineras y la ira de los automovilistas.
"¡La gasolina es demasiado importante para nosotros! Hace más de una semana que intentamos arreglárnoslas", aseguró Santiago, uno de los muchos repartidores en París que necesitan su vehículo para trabajar y que buscan desesperadamente combustible.
Casi un tercio de las bencineras carecían de algún combustible en Francia el martes por la noche y, en aquellas que todavía tenían gasolina o diésel, los automovilistas se arman de paciencia en colas de varias horas para repostar.
Seis de las siete refinerías en Francia --cuatro de TotalEnergies y dos de Esso-ExxonMobil-- están en huelga. Pese a los llamados a desconvocarlas y las amenazas de intervenir del gobierno, los trabajadores decidieron este miércoles mantenerlas.
El gobierno cumplió así sus advertencias y lanzó una primera requisa de personal en un depósito de Esso-ExxonMobil, "indispensable para [su] funcionamiento", y que "empezará hoy", indicó a AFP el ministerio de Transición Ecológica.
La medida afecta al depósito situado en la refinería de Esso-ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme (norte), pero no así a esta última. Los trabajadores afectados por la decisión se ven obligados a trabajar, bajo pena de sanciones penales.
"En los próximos días, verán una mejora muy significativa", si bien un "regreso a la normalidad" puede tomar "varios días", aseguró en rueda de rpensa el portavoz del gobierno, Olivier Véran, tras una reunión del ejecutivo dirigido por Élisabeth Borne.
El gobierno alega que la dirección ya llegó a un acuerdo salarial con una mayoría sindical del grupo, pero los sindicatos CGT y FO, convocantes del paro, consideran insuficiente el alza pactada del 6,5% del salario en 2023, acompañado de varias primas.
- "Iremos a los tribunales" -
Aunque en el caso de TotalEnergies, empresa y sindicatos no llegaron todavía a un acuerdo, los trabajadores no están exentos de una eventual requisa. El gobierno amenazó con activar esta medida en un depósito de combustible cerca de Dunkerque (norte).
El sindicato CGT, al que se sumó este miércoles FO, reclama un aumento salarial del 10% en 2022 --7% por la inflación y 3% por el reparto de ganancias--, pero la dirección de esta empresa está abierta a negociar solo el salario de 2023.
El grupo convocó una reunión este miércoles con representantes sindicales, salvo de la CGT, a la que finalmente decidió ver individualmente pero no para negociar. En caso de requisa, "iremos a los tribunales", advirtió Eric Sellini, de este sindicato.
Obligar a los huelguistas a trabajar es una medida excepcional. El precedente más importante remonta a 2010, cuando el gobierno del presidente conservador Nicolas Sarkozy lanzó una requisa de trabajadores de refinerías en huelga contra una reforma de las pensiones.
Aunque en los últimos días el gobierno del presidente liberal Emmanuel Macron se limitó a llamar al diálogo, finalmente decidió intervenir en un momento en que se encuentra bajo presión, sobre todo por parte de la oposición.
La extrema derecha y la derecha cargan contra la "falta de anticipación" del gobierno y llaman a que actúe, mientras que, en un contexto de inflación, la izquierda critica las "amenazas a los trabajadores" y "las caricias a los jefes".
Otras de las críticas a TotalEnergies es su negativa a repartir parte de los 10.600 millones de dólares de beneficios del primer semestre de 2022 entre sus trabajadores, en pleno debate sobre si gravar los "superbeneficios" logrados por la crisis energética.
Además de la inflación, el contexto es delicado en Francia con los llamados a ahorrar electricidad y gas para evitar cortes durante el invierno, a causa de la guerra en Ucrania y problemas en la mitad de los reactores nucleares franceses.
A esto se suma un tenso clima social por unas polémicas reformas que quiere sacar adelante Macron, entre ellas el retraso de la edad de jubilación de 62 a 65 años, que en su primer intento ya generó protestas masivas en 2019 y 2020.
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