Transportistas y comerciantes protestan contra extorsiones en Perú
Decenas de transportistas y pequeños comerciantes realizaron este jueves una marcha de protesta en Lima, la segunda en menos de dos semanas contra las extorsiones y el asesinato por parte del crimen organizado.
La novedad en la protesta fue la participación, con ollas y cucharones, de al menos un millar de comerciantes de los mercados de los populosos distritos limeños de Puente Piedra y Carabayllo quienes también exigen al gobierno frenar la delincuencia.
Desde temprano cientos de vehículos de transporte público dejaron de circular en diversas zonas de la capital peruana, de 10 millones de habitantes.
Las autoridades movilizaron 38 autobuses de las Fuerzas Armadas para asegurar la movilidad en las zonas afectadas, informó el ministerio de Defensa.
La protesta busca presionar al Congreso y la presidenta Dina Boluarte para implementar nuevas medidas contra los extorsionadores.
Luego de una primera protesta y paro de transporte en Lima el 26 de septiembre, el gobierno decretó el estado de emergencia en 14 de los 43 distritos de la capital, una medida que sumó a los militares en el control de la seguridad.
"Nosotros hemos vivido una experiencia (extorsión) así y es horrible. Nos han matado a dos compañeros que no tenían nada que ver, por (negarse a pagar) cinco soles murieron", dijo a la AFP Johan Huamán del gremio de mototaxis de un mercado en el distrito limeño de San Martín.
Los colegios y universidades optaron por clases virtuales, mientras que cientos de policías y militares salieron a las calles.
En Lima y Callao hay 470 empresas de transporte.
Las bandas exigen el pago de hasta 50.000 soles (13.500 dólares) mensuales por compañía. Cuando las empresas se rehúsan, atacan a tiros los vehículos, incluso con pasajeros dentro.
En lo corrido del año van 14 ataques y tres chóferes asesinados.
Según la policía, entre enero y septiembre se han registrado en Perú 14.220 denuncias de extorsión. Lima encabeza la lista con 5.708.
La pena por extorsión va de 10 a 15 años, en tanto que al concurrir agravantes, es decir si es contra un funcionario o si existe criminalidad organizada y se usan armas de fuego, se incrementa entre 15 y 25 años de prisión, según el Poder Judicial.
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