Tras un mes de estado de sitio, Guatemala aplicará uno de prevención menos restrictivo
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El estado de sitio que el gobierno de Guatemala implantó hace 30 días para frenar la violencia de las pandillas y que llega a su fin el lunes será reemplazado por uno de prevención, menos restrictivo y el cual no requiere el aval del Congreso.
En un mensaje dirigido el domingo por la noche al país, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo anunció que el estado de prevención que aplicará para mantener la seguridad —que solo puede establecerse por 15 días— empezará a funcionar a partir del martes.
Durante un estado de sitio, el gobierno restringe derechos constitucionales y puede detener a las personas sin orden de un juez, mientras que en uno de prevención esta acción ya no se contempla. Además, puede ser renovado sin controles legislativos.
A principio de año, tras varios motines, los pandilleros del Barrio 18 asesinaron a 10 policías en una mañana en represalia por la disolución de esas revueltas.
Según Arévalo, la "estrategia" del estado de sitio que fue avalado por el Congreso dio resultados contundentes, entre ellos cortar los sistemas de comunicación y la coordinación entre pandilleros dentro de las cárceles.
El presidente dijo que en este tiempo se detuvo a 83 pandilleros de “alta peligrosidad”, se redujeron las extorsiones un 33% y disminuyó a la mitad el número de homicidios en comparación con el mismo período del año pasado, sin presentar datos al respecto.
Uno de los logros más importantes, dijo el presidente, es que se pudo finalizar un censo con la cantidad de reos que están en prisión, con sus respectivas identidades.
En una entrevista en enero pasado con el ministro de Gobernación Marco Villeda, este explicó que en Guatemala hay 25 centros penitenciarios con capacidad para albergar a 6.000 reos, pero estos recintos están copados con 23.700 internos.
El presidente indicó además que durante ese tiempo se incautaron 5 toneladas de cocaína (el decomiso más grande de la historia) y se concretó la extradición de 7 personas para ser juzgadas en EEUU por delitos relacionados con drogas.
Las pandillas: la raíz del problema
A principios de 2025 Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista e hizo lo propio con el Barrio 18 en septiembre del mismo año. Ambas pandillas tienen presencia en varios países de Centroamérica.
En julio del año pasado, 10 de los líderes de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas del día luego de la matanza de siete personas en un funeral.
En respuesta, los reos provocaron motines y en octubre 20 presos se escaparon de una prisión, de los cuales ocho han sido recapturados. La fuga provocó el cambio de la cúpula de seguridad y la solicitud de Arévalo al Congreso para cambiar leyes y endurecer las penas a los pandilleros, lo que este último aprobó el mismo mes.
El 17 de enero un conjunto de reos volvieron a tomar, en forma orquestada, tres prisiones y retuvieron a más de 40 guardias como rehenes. Las autoridades se negaron a negociar con los pandilleros, que buscaban beneficios y ser trasladados a otras prisiones, y la fuerza pública retomó el control de las cárceles y liberó a los rehenes.
En respuesta, por lo menos cinco ataques orquestados con armas de fuego dejaron 10 policías muertos y ocho heridos, el ataque más sangriento a la fuerza de seguridad pública desde su creación en 1997.
El presidente ha responsabilizado a actores políticos de estar detrás de los ataques de pandilleros con el fin de afectar a su gobierno.
