Venezuela: Gobierno interino aprueba reforma legal sobre hidrocarburos
El chavismo pasa la página de la estatización que impulsó Hugo Chávez en 2006 y 2009
Este movimiento, que tiene un fuerte simbolismo político, fue orquestado de manera expedita entre las autoridades de Caracas y Washington bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
La nueva legislación elimina elementos clave del modelo nacionalista definido por Hugo Chávez en 2006 y 2009 para el sector petrolero.
La reforma amplía significativamente las exoneraciones fiscales para las empresas privadas, incluyendo reducciones en el impuesto sobre la renta, el IVA, aranceles aduaneros, impuestos municipales y contribuciones parafiscales. Además, introduce un impuesto integrado a los hidrocarburos de hasta el 15% sobre los ingresos brutos, el cual podrá ser ajustado por el Ejecutivo tras revisar proyecto por proyecto para asegurar la competitividad y el equilibrio financiero.
Las empresas privadas, con una preferencia implícita hacia los inversionistas estadounidenses en el nuevo contexto post-Maduro, podrán operar campos de manera independiente, comercializar directamente el crudo y participar en contratos sin la obligación de que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) sea socia mayoritaria.
Aunque el Estado venezolano mantiene el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos, la legislación permite una explotación y comercialización muy amplia por parte de privados, lo que los analistas consideran análogo a las condiciones que disfrutaron las petroleras extranjeras en el país antes de la primera nacionalización del crudo en 1976.
La reforma legaliza la incorporación de Contratos de Participación Productiva, una propuesta promovida por Delcy Rodríguez desde su tiempo como vicepresidenta, antes de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. La detención del exgobernante ha acelerado notablemente la colaboración entre Washington y Caracas.
Este cambio, de considerable envergadura según analistas, se produce en un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero que necesita urgentemente atraer inversiones masivas para elevar su producción actual de 1,1 millones de barriles diarios, una cifra que se encuentra muy por debajo de su pico de 3,1 millones alcanzado antes de que Chávez asumiera el poder en 1999.
La nueva ley, según diversos discursos, busca revertir décadas de declive bajo las sanciones de Estados Unidos impuestas por el propio Trump en 2019 y el control estatal chavista.
La votación de este jueves es vista por los observadores como una respuesta rápida y tangible a las demandas de "seguridad jurídica" de la administración Trump, marcando un notable cambio en el control estatal en el sector energético estratégico. (ANSA).
