Venezuela: juez de EEUU ordena retorno de venezolanos deportados a El Salvador
Decisión judicial cuestiona uso de ley de tiempos de guerra y falta de debido proceso
El fallo fue dictado por el magistrado James E. Boasberg, del Tribunal de Distrito de Columbia, quien concluyó que la remoción violó los derechos al debido proceso de los deportados porque no tuvieron oportunidad de impugnar las decisiones que llevaron a su expulsión bajo la efímera invocación de la Alien Enemies Act de 1798 —una ley pensada originalmente para tiempos de guerra—.
Boasberg afirmó que el Gobierno debe facilitar el regreso de los venezolanos a Estados Unidos para que puedan presentar sus casos ante los tribunales y cuestionar la base legal de su deportación.
Además, ordenó que la administración federal entregue, en dos semanas, un plan detallado para resolver la situación.
Los hombres habían sido enviados en marzo a una prisión en El Salvador bajo disposiciones de la mencionada ley, acusados por las autoridades de supuestos vínculos con pandillas, aunque distintas investigaciones señalaron que decenas de ellos no tenían antecedentes penales sólidos ni cargos formales antes de ser trasladados.
La medida se produce en medio de un prolongado conflicto entre poderes judicial y ejecutivo sobre la política migratoria del Gobierno de Trump, que ha sido objeto de múltiples demandas judiciales y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y abogados que argumentan que se ha usado indebidamente la autoridad de la ley de enemigos extranjeros para deportaciones sin el debido proceso.
El caso es uno de varios relacionados con la política de expulsiones aplicadas en 2025, cuando decenas de venezolanos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador como parte de un acuerdo entre Washington y San Salvador que luego también incluyó un intercambio de prisioneros con Venezuela.
Hasta el momento no ha habido un comentario oficial de la Casa Blanca sobre la orden judicial.
El caso se inscribe en una serie de litigios abiertos contra la política migratoria de la administración Trump, que reactivó herramientas legales poco utilizadas como la Alien Enemies Act —una norma del siglo XVIII— para acelerar deportaciones de ciudadanos venezolanos señalados como presuntos miembros de organizaciones criminales.
Organizaciones de derechos civiles cuestionaron el procedimiento por presuntas vulneraciones al debido proceso y por el envío de migrantes a terceros países, como El Salvador, sin garantías claras sobre su situación legal ni acceso inmediato a asistencia judicial. (ANSA).
