Venezuela: Reforma a ley en hidrocarburos, punto de inflexión en el chavismo
Analistas destacan cambio de paradigma. Advierten sobre la discrecionalidad del Ejecutivo
Impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y sancionada en apenas dos semanas tras su presentación el 15 de enero, la nueva norma busca atraer inversiones privadas nacionales y extranjeras para revitalizar una industria golpeada por el excesivo estatismo y control político, así como el impacto de sanciones internacionales, que se tradujeron en un declive productivo en este país sudamericano.
Venezuela tiene actualmente 1,1 millones de barriles diarios de crudo, tras haber caído a 700.000 barriles por día hace pocos años. Tras haber alcanzado un tope de producción de 3,1 millones diarios en 1998, antes de que Hugo Chávez alcanzara la presidencia, la industria petrolera ha estado sumergida por un cuarto de siglo en una licuadora de malas decisiones, una visión socialista con excesivo estatismo, corrupción y manejos opacos, coinciden en resumir diversos expertos petroleros.
La reforma aprobada este jueves modifica 34 de los 83 artículos originales y deroga leyes clave del periodo chavista, especialmente de 2006 y 2009, lo cual desde lo simbólico representa un quiebre con las políticas nacionalistas de Hugo Chávez, priorizando la flexibilidad operativa y fiscal sobre el control estatal exclusivo.
"Ha sido sepultado el modelo de soberanía petrolera de Hugo Chávez", sintetizó Francisco Monaldi, experto venezolano que dirige el centro de energía en la Universidad de Rice, en Texas.
Entre los principales cambios, la ley permite por primera vez en medio siglo que empresas privadas asuman directamente la "gestión técnica y operativa" de actividades primarias como la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
Anteriormente, reservadas al Estado a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) o empresas mixtas con mayoría estatal (al menos 50%), estas operaciones ahora pueden ejecutarse mediante contratos directos con compañías privadas domiciliadas en Venezuela, sin necesidad de asociaciones mixtas obligatorias.
Esto incorpora un modelo ya puesto en práctica, pero de forma incipiente por Delcy Rodríguez, desde la vicepresidencia, cuando aún Maduro estaba al frente del Estado, los Contratos de Participación Productiva (CPP), donde el operador privado asume riesgos y costos a cambio de una porción del crudo producido para su comercialización directa.
Otro cambio fundamental es la comercialización: las empresas privadas y mixtas podrán vender hidrocarburos en mercados internacionales con autorización del Ministerio de Hidrocarburos, un rol antes exclusivo del Estado. Los accionistas minoritarios en mixtas podrán manejar cuentas bancarias en cualquier jurisdicción y comercializar producción total o parcial, siempre preservando el "equilibrio económico-financiero" hasta recuperar la inversión.
En el plano fiscal, la reforma introduce la reducción histórica de cargas tributarias para hacer viables los proyectos, con decisiones que dependerán enteramente de la presidencia de Venezuela. "A partir de ahora la ley le da una amplísima discrecionalidad al poder ejecutivo", opinó el consultor senior de Crisis Group, Mariano de Alba, un experto venezolano en derecho internacional.
Estas exoneraciones, no contempladas en versiones previas de la ley, buscan dinamizar el flujo de caja y atraer capital en un contexto de sanciones, aunque mantienen la discrecionalidad presidencial, precisan observadores conocedores de la dinámica petrolera.
La reforma, asimismo, reduce el control parlamentario: las empresas mixtas solo requieren aprobación presidencial, con notificación posterior a la Asamblea, en lugar de la autorización legislativa previa exigida por el artículo 150 de la Constitución para contratos de interés público.
Este punto fue cuestionado este jueves por el diputado opositor Pablo Pérez, al señalar que en el parlamento "nos estamos dando un autogol, ya que estamos aprobando una medida que nos quita potestades constitucionales". Analistas estiman que este cambio no solo le dará mayor poder a Delcy Rodríguez, sino que elimina cualquier intento de obstaculizar operaciones por parte de una oposición minoritaria en el parlamento o de sectores del chavismo que se quieran deslindar posteriormente.
Para la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la reforma, que fue refrendada este mismo jueves por la presidenta interina, quien le dio el ejecútese respectivo, significará ceder su monopolio operativo, aunque conserva la titularidad de reservas y supervisión estratégica.
Una vez que se publique en Gaceta Oficial, la ley otorga 180 días al Ministerio para adaptar contratos existentes.
Coincidiendo con la emisión de la Licencia General 46 de la OFAC estadounidense, este mismo jueves, que flexibiliza sanciones impuestas por Trump en 2019, esta reforma apunta a un "acelerado incremento" productivo, aunque persisten interrogantes sobre su impacto económico en el corto plazo, así como los efectos a largo plazo en la soberanía energética.
(ANSA).
