El pacto con Moyano: cuánto debió pagar el gobierno a Camioneros para regular el acarreo de vehículos
En agosto se puso fin a los contratos con las empresas Dakota y BRD y el servicio pasó a manos del distrito porteño; en el medio, el sindicato presionó para que se cumpla el convenio colectivo de despido, indemnización y contratación inmediata de los trabajadores
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LA NACIONMauricio Giambartolomei
El acuerdo que alcanzó la ciudad de Buenos Aires con el sindicato de Camioneros para firmar la paz social y asegurar la continuidad del servicio de grúas de acarreo significará una erogación millonaria para el gobierno porteño que tomó el control de la actividad, en forma transitoria, hasta que se resuelva un nuevo proceso de licitación. El pacto con los Moyano, que se cerró la semana pasada, tendrá un costo de alrededor de 1400 millones de pesos.
La cifra corresponde al monto total de las indemnizaciones de los 332 trabajadores que cumplían funciones en Dakota y BRD, las dos empresas que fueron despojadas del servicio por un decreto de Horacio Rodríguez Larreta. La decisión del jefe de Gobierno, apresurada y para frenar un posible conflicto político con sus socios de la Coalición Cívica, puso fin a más de 20 años de contratos irregulares y un funcionamiento polémico. Cada una de las firmas pagaba un canon mensual de $55.000, acarreaba un promedio de 345 autos por día y el costo del acarreo para el infractor era de $6525 (más la multa).
Al tomar el control de la actividad el Gobierno se comprometió a mantener la totalidad de los empleados hasta que sean traspasados a las nuevas empresas asignadas al servicio. En este punto se gatilló la llamada Ley Moyano que establece pautas para el despido, indemnización y contratación inmediata del personal enrolado en el convenio colectivo 40/89 del sindicato de Camioneros cuando una empresa cambia de manos y se traspasa al personal. Este acuerdo entre el gremio y la ciudad está vigente desde que Mauricio Macri era jefe porteño.
En este contexto, y de acuerdo con las planillas que figuran en el pliego de licitación para el servicio de acarreo de autos mal estacionados, a las que tuvo acceso LA NACION y donde está detallado el sueldo bruto, la antigüedad y el cargo de cada uno de los 332 trabajadores que empleaban Dakota y BRD, la Ciudad deberá abonar, en un pago, al menos $1376,6 millones. A modo comparativo, en el presupuesto 2023 que fue presentado esta semana en la Legislatura porteña está estipulado un gasto de $1060 millones para obras de viviendas, pavimentación y servicios básicos en la villa 20 y otro de $1650 millones para la villa Rodrigo Bueno. Otro ejemplo: cuando comenzó la obra en la avenida Honorio Pueyrredón para sustituir carriles por un parque lineal el proyecto estimado era de $400 millones.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo de la Ciudad, a cada uno de los empleados le corresponde un sueldo bruto por cada año de antigüedad en concepto de indemnización. Vale decir que el monto mencionado solo toma dicho cálculo y no incluye las deducciones por vacaciones, aguinaldo y cargas sociales, por lo que la cifra total será mayor.
El 16 de agosto pasado Rodríguez Larreta anunció el fin de la era de Dakota y BRD y el sábado pasado la Ciudad se hizo cargo del servicio. En el medio hubo una tensa negociación con Camioneros, que responden a Pablo Moyano, que llegaron a amenazar con paralizar el servicio de recolección de residuos si no se cumplían los requisitos planteados. Entre ellos pedían que la nómina de empleados pasara a la órbita de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y que continuaran con sus tareas habituales para Autopistas Urbanas SA (AUSA), el área de gobierno que, desde esta semana, tiene a cargo la logística del acarreo. La otra demanda importante fue que se cumpla el convenio colectivo.
Las planillas con los datos de los trabajadores, que no incluyen los nombres, se dividen en dos. Por un lado, están registrados los 182 de la Zona Sur; en otra, los 150 de la Zona Norte. Las funciones son diversas: administrativo, general o de playa, chofer de camión, chofer de grúa, enganchador, servicios generales, playero y de mantenimiento son los registrados. También varía el sueldo bruto de cada uno de ellos y, claro está, la indemnización que recibirán.
Las compensaciones más abultadas son de $27 y $25 millones destinadas a personas que cobran un sueldo bruto de $705.377 y $696.361, con 39 y 36 años de antigüedad, respectivamente. También hay indemnizaciones cercanas al millón de pesos, aunque muchas otras que llegan a los nueve millones o diez millones, incluso hasta los $12 millones.
Durante toda la semana, luego del acuerdo y ante el hermetismo de las partes involucradas, no había certeza del monto final de la indemnización colectiva ni de la cantidad de empleados. Circuló la información que las compensaciones serían de hasta $4 millones y que la nómina de empleados llegaba a 500, pero la incógnita se resolvió con las planillas a las que tuvo acceso LA NACION y develó que los números son diferentes.
Resuelta esta demanda lo que queda por resolver en los próximos días son las cifras finales y los acuerdos personales que incluyen, además de la indemnización por antigüedad, lo correspondiente a vacaciones, aguinaldo y otras cargas sociales. “Se abona en un solo pago”, fue la breve respuesta del Ministerio de Trabajo porteño, sumándose al hermetismo que rodea al tema. La figura de los Moyano y Camioneros, a pesar del acuerdo, sigue generando tensión. También resta definir qué porcentaje deberán aportar las empresas salientes, Dakota y BRD, aunque se estima que el monto más grande lo aportará el gobierno de la ciudad.
Promueven cambios
La ley Moyano ya se activó en otras oportunidades. En mayo del año pasado fueron beneficiados 80 empleados de una empresa logística que opera en el puerto de Buenos Aires enrolados en el convenio 40/89; ese mismo mes Walmart debió compensar a otros 500 trabajadores de forma similar.
Para evitar que se repitan estas situaciones el legislador de Vamos Juntos, Facundo del Gaiso (perteneciente a la Coalición Cívica) presentará un proyecto de ley para aclarar el punto de las indemnizaciones. “No debería aplicarse más la ley Moyano con el Estado. Pienso que no vamos a encontrar consenso, pero el proyecto lo vamos a presentar”, dijo el legislador.
El cambio de era tuvo como protagonistas, quizás sin buscarlo, a los representantes de la Coalición Cívica dentro de Vamos Juntos que responden a Elisa Carrió. La polémica por las grúas de acarreo no era nueva ya que los contratos estaban vencidos desde 2001, pero en las últimas semanas, antes del anuncio de Rodríguez Larreta, el malestar fue creciendo hasta darle forma a un frente antigrúas integrado por los legisladores de la oposición que buscaban forzar una sesión especial en la Legislatura para pedir la suspensión del servicio. A esa moción, por pedido de Carrió, se sumaría la Coalición Cívica, socia de Vamos Juntos.
El decreto del alcalde que sacó de la escena a Dakota y BRD trajo calma política, pero agitó la relación gremial hasta que se firmó el acuerdo. En la actualidad la Ciudad, a través de AUSA, ya maneja el acarreo de las grúas en las zonas donde patrullaban antes las dos empresas. Según cuentan desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas la operación se realiza con un servicio mínimo mientras termina de relevarse la infraestructura disponible para avanzar en el período de transición. El gobierno porteño espera que en el primer semestre del año próximo las nuevas empresas estén operando, posiblemente, rendidas a los pies de los Moyano.
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