La provincia intervino la autopista La Plata-Bs. As.
La Nación le cedió la jurisdicción; el gobierno de Scioli deberá renegociar con el concesionario; podría aumentar el peaje
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LA NACIONPablo Morosi
LA PLATA.- La Nación traspasó a Buenos Aires la jurisdicción de la autopista Ricardo Balbín, que une esta ciudad con la Capital, y dispuso la intervención de la concesión durante 20 días para realizar una auditoría sobre el estado general de la autovía y la firma que la opera.
La provincia deberá enviar a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar el traspaso, ya que el acta fue rubricada ad referendum del Congreso provincial, por lo que podría quedar efectiva a fines de año.
Entretanto, el gobierno bonaerense iniciará una negociación con la empresa Coviares para readecuar el contrato. No se descarta que eso derive en un incremento en las tarifas de los peajes, según confiaron fuentes del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos provincial.
El acta que transfiere la administración de la traza por 30 años a contar desde la finalización del actual contrato, que vence en 2017, fue firmada por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador Daniel Scioli. El acuerdo contempla la intervención de la concesión para llevar adelante una auditoría que permita hacer un informe detallado sobre la situación vial, administrativa y económico-financiera de la autovía.
El ministro de Infraestructura provincial, Alejandro Arlía, justificó la medida al sostener: "El recorrido mayor está en la provincia y ahora asumimos la responsabilidad de manejar la concesión de la autopista", dijo, y se comprometió a realizar las obras pendientes.
Los asesores legales de ese ministerio ya comenzaron a evaluar la ecuación económico-financiera de Coviares para determinar si la readecuación puede contemplar incrementos en los peajes.
"La empresa ha dicho que le es imposible encarar las obras con las actuales tarifas. Vamos a estudiarlo. De todos modos vemos que hay un retraso en el tiempo de los valores, pero no queremos adelantar opinión", señalaron fuentes ministeriales, que reconocieron: "El estado de la cinta asfáltica no es bueno y nuestro propósito es mejorarlo".
Ayer, Coviares señaló en un comunicado que "el único cambio" tiene que ver con la autoridad de aplicación sobre el control y la supervisión de la concesión" y que "no se trata de una estatización o expropiación, sino de un cambio administrativo sobre la supervisión de la concesión". La empresa se comprometió a "dar continuidad al plan de obras" presentado.
Pero aún está pendiente la resolución del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que investiga eventuales deficiencias detectadas en la concesión. En ese expediente, ante la necesidad de urgentes obras de mejoramiento, se había pedido la intervención de la concesión.
En abril, el concejal platense Gustavo Luzardo interpuso un amparo que terminó, en mayo, con una medida cautelar otorgada por Armella que obligó a Coviares a retrotraer el aumento que había llevado el peaje a 5 pesos en horas pico y a definir en 180 días un plan de obras y ponerlo en marcha.
En su descargo, Coviares presentó un plan de obras a ejecutar con una tarifa en el peaje fijado en $ 6,20 por cada estación de cobro, y solicitó extender hasta 2019 el plazo de concesión. Estimó que comenzaría a construir el tercer carril de la autovía en noviembre próximo, y la reclamada bajada en City Bell, a partir de junio de 2014. La propuesta fue rechazada de plano.
Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que Armella, que investiga el uso de los fondos recaudados por Coviares y las obras que se debían realizar, dictará una resolución en los próximos días.
Por Pablo Morosi
