Scioli apelará el fallo que lo obliga a rectificar el número de víctimas por la inundación

LA PLATA.- El gobierno bonaerense apelará en las próximas horas el fallo del juez en lo contencioso administrativo platense Luis Arias que lo obliga a rectificar la información sobre el número de víctimas mortales de la inundación en esta ciudad y llevarlo a 89, al tiempo que cuestiona duramente la actuación de las dependencias estatales durante la tragedia del 2 de abril de 2013.

Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense indicaron que la Fiscalía de Estado provincial será la encargada de hacer la presentación, en la que se considera que la sentencia del juez Arias expresa una "visión subjetiva" y "parte de falsas premisas".

De este modo, la gobernación busca despejar los cuestionamientos sobre un supuesto ocultamiento de información relativa a la catástrofe.

Según el planteo, que lleva la firma del fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, y será presentado este mediodía, el fallo de Arias fue dictado "contrariando la normativa que fija los procedimientos a seguir para la modificación de asientos o registros de defunciones y excediendo el acotado marco que suponen los recursos de hábeas data", adelantaron a LA NACION los informantes.

En su fallo, Arias constató un total de 89 muertes como consecuencia de la trágica tormenta, y detectó serias irregularidades en la operatoria de la morgue local y en las defunciones anotadas en el Registro de las Personas bonaerense.

En lo que atañe al gobierno provincial, el magistrado condenó al Poder Ejecutivo a llevar adelante sumarios para deslindar responsabilidades administrativas, difundir ampliamente la sentencia y rectificar "la información inexacta" divulgada oportunamente sobre la cantidad de muertes producidas como consecuencia del excepcional fenómeno climático de hace un año.

Como se recordará, a 48 horas de la catástrofe, el gobierno de Daniel Scioli se apresuró a difundir una lista de 51 fallecidos. Luego, en los días posteriores, ante la aparición de nuevos casos, informó que el total de decesos por la inundación sería determinado por la Justicia.

Expediente penal

La resolución de Arias, que también remitió una copia a la justicia penal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, destaca que "la falta de esclarecimiento de estos casos guarda indudable vinculación con el incumplimiento de las obligaciones normativas a cargo de las autoridades sanitarias y judiciales".

La condena impuesta al gobierno provincial apunta a la rectificación de los datos "a través de los mismos medios de comunicación por los que se dio a conocer la información inexacta" y su publicación en el Boletín Oficial bonaerense en un plazo de cinco días hábiles, que se cumplen hoy.

Según fuentes gubernamentales, en la apelación se planteará que fue el magistrado quien "aportó a la sociedad información falsa" y que "evaluó las acciones de los funcionarios como si no hubieran sucedido en un contexto de catástrofe".

Los voceros indicaron que "el juez confunde incertidumbre fáctica con falta de veracidad" y explicaron que "hay un desarrollo temporal de los hechos que fue sobre lo que el gobierno fue informando, pero sin la pretensión de fijar un concepto de verdad determinada".

Según se expresó, en el recurso de apelación se sostiene que "la sentencia discurre sobre un inexistente ocultamiento de víctimas basado en declaraciones periodísticas personales de funcionarios carentes de relevancia para ser consideradas expresión válida de la voluntad estatal".

Asimismo, se apunta que "lejos de aportar certidumbre, el juez [Arias] vuelve incierto algo conocido por los familiares de las víctimas, que son quienes saben, a ciencia cierta, que su familiar falleció como consecuencia de la inundación".

Prudencia

Para las autoridades provinciales, "era muy importante actuar con prudencia y evitar mayor zozobra a la comunidad enfrentada a semejante tragedia". Precisamente, consideran que eso es lo que generó la intervención de Arias, a quien también se cuestiona por convertirse en "un juez inquisidor que apeló a procedimientos propios de la justicia penal y permitió otras irregularidades que serán señaladas" en el recurso, se criticó.

También se objeta como irregular la intervención con el rol de amicus curiae (figura que permite la participación como "amigo del tribunal" de una persona física o jurídica con interés legítimo en el curso de una causa) de Soledad Escobar, a quien se señala como funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La semana pasada, Escobar -que tuvo activa participación en varias diligencias de la causa- había adelantado que, si apela el fallo de Arias, "el gobierno provincial vuelve a revictimizar a los familiares". Y advirtió: "No nos vamos a quedar quietos si lo hacen".