Advertencias y críticas al Plan Nacional de Primera Infancia

El gobierno de Macri puso toda su artillería en la primera infancia, a través de una iniciativa que nace con críticas y advertencias. En un escenario en el que el país todavía presenta un panorama muy desigual en relación con las oportunidades de desarrollo de los niños entre el nacimiento y los cuatro años -y con los antecedentes positivos que tuvo esta política en territorio porteño-, se lanzó, en marzo pasado, el Plan Nacional de Primera Infancia, con el objetivo de promover y fortalecer espacios de cuidado y abordaje integral en esta etapa.

Impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, contempla para los próximos cuatro años la inauguración de cuatro mil nuevos centros de primera infancia (CPI) en todo el país, haciendo foco en las zonas más vulnerables, con un presupuesto de mil millones de pesos por año. Pero ¿cuáles son los obstáculos que tendrán que superar para poder darle alcance nacional?

Unicef, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Cippec presentaron el jueves pasado, en la Usina del Arte, un informe preliminar con los principales resultados del análisis de los centros de primera infancia. En él se resalta la valoración positiva del programa porteño, pero se propone precisar determinadas cuestiones para avanzar en la propuesta de extender los CPI en términos de política pública a gran escala.

Diferentes especialistas, organizaciones sociales y legisladores opinan que la tarea no va a ser fácil y que los desafíos son varios. Entre ellos se encuentran la falta de recursos humanos capacitados en las provincias y la baja densidad de organizaciones sociales con las cuales trabajar de manera articulada y lograr que los CPI cubran el bache educativo durante esos años.

"En la Argentina, la pobreza se encuentra infantilizada: de acuerdo con un estudio reciente realizado por Unicef, el 34,4% de los niños de menos de cinco años es multidimensionalmente pobre. Además, casi un 70% de los chicos de esa edad no acceden servicios a educativos y de cuidado, y esto varía fuertemente en cada grupo social y región del país", dice Sebastián Waisgrais, economista especialista en inclusión social de Unicef.

Fabián Repetto, director de Planeamiento Estratégico e investigador principal del Programa de Protección Social del Cippec, celebra que el plan esté delineado en sus trazos gruesos, pero pone sobre la mesa la dificultad de conseguir profesionales de buen nivel.

"Los CPI son una buena iniciativa, pero no son fácilmente replicables en el resto del país. Si el plan se concentra sólo en construir, corremos el riesgo de que se pierda el nivel de los recursos humanos más profesionalizados", explica Repetto.

En relación con las organizaciones sociales, el informe señala: "Como se observa una marcada heterogeneidad entre las entidades que gestionan los CPI, es conveniente avanzar en la definición de claros estándares de calidad. Se debe asegurar un efectivo monitoreo de las organizaciones sociales que están a cargo, ya que cuentan con diferentes trayectorias, recursos y capacidades".

La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego, Catamarca, Neuquén, Buenos Aires, Chaco, San Juan, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes son las provincias que ya adhirieron al Plan Nacional de Primera Infancia, y es con ellas con las que se va a empezar a trabajar.

No todos están de acuerdo con aumentar la construcción de los CPI si esto no viene acompañado de una política más integral, que también contemple el aspecto educativo.

"Estos centros son típicas guarderías y tenemos que transformarlos en verdaderos jardines maternales. No están en el marco de un diseño curricular, y en muchos casos no hay maestras jardineras con la acreditación correspondiente para llevar adelante estas funciones. Son un parche", reflexiona Maximiliano Ferraro, legislador porteño de la Coalición Cívica-ARI y presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña.

En esta misma línea, Waisgrais reclama consignas más claras y una mirada más abarcativa de la problemática: "Se observa un déficit en términos de generar un verdadero abordaje integral de la primera infancia, que vaya más allá de la expansión en la oferta de servicios. Por ejemplo: faltan mayores precisiones en términos de metas plurianuales, presupuesto a ser asignado, distribución por provincias, estándares de calidad que tendrán estos centros y el rol de los diferentes actores que intervienen en este sistema", analiza.

Según Margarita Barrientos, , referente social de los CPI San Cayetano y Thiago Andrés en el barrio de Los Piletones, lo más urgente en relación con la primera infancia es la atención médica y alimentaria. Dice: "El gobierno anterior dejó una secuela muy grande en las provincias, donde hay muchas necesidades. No hay atención primaria de ninguna clase".

El Programa Centros de Primera Infancia se creó en la ciudad de Buenos Aires en 2009. Hasta el momento funcionan 64 centros, que brindan diferentes servicios, en jornada completa de ocho horas. La gestión de los CPI se hace en forma asociada entre el gobierno porteño y organizaciones sociales que tienen trayectoria en cada uno de los barrios.

Según el informe presentado por Unicef, Flacso y Cippec, algunos de los aspectos más críticos se refieren a las condiciones de contratación, el monto de los sueldos, la falta de personal y la cantidad excesiva de niños por sala.

Un tema que debe ser revisado es la articulación con los ministerios de Salud, Trabajo y Educación. Según el informe, el nivel de coordinación logrado con Salud resulta bueno y permite el cumplimiento de los objetivos y las actividades del programa. En el caso de Educación, se requiere avanzar en una coordinación más estratégica orientada a dar repuesta a dos problemáticas relevantes para los CPI: garantizar la continuidad en la escolarización de los egresados del centro una vez que se incorporan al sistema educativo formal, por un lado, y ampliar la educación de base de las maestras de nivel inicial, por otro.

Otro de los puntos del informe es que estos centros por sí mismos no alcanzan para pensar en acciones integrales vinculadas a la primera infancia. Para que esto suceda es importante una buena articulación con el Ministerio de Trabajo para revisar la situación de las licencias y de las transferencias de ingresos a las familias con niños.

Waisgrais dice: "En el caso de las licencias de maternidad y paternidad, sólo la mitad de los trabajadores tienen derecho a gozarlas, dado que sólo incluye a los que están en relación de dependencia. En el caso de las transferencias, pese al gran avance que significa la Asignación Universal por Hijo, se estima que existen 1,5 millones de niños y niñas que todavía no están cubiertos por la AUH, pese a que deberían estarlo por normativa".

• Condiciones de contratación y la remuneración (que es inferior a la que se cobra por igual tarea en jardines de infantes públicos)
• La cantidad excesiva de niños por sala (entre 25 a 30)
• La falta de personal porque el monto de las becas no alcanza para cubrir suplencias
• Revisar la articulación con los ministerios de Salud, Trabajo y Educación

• Contar en todas las provincias con organizaciones sociales con capacidad administrativa y de gestión, presencia en los barrios donde se requiere intervenir, y trabajo previo con vecinos
• Mejorar la definición de los objetivos del programa, la comunicación de los mismos a las organizaciones asociadas y la supervisión acerca de su aplicación
• Avanzar en la definición de claros estándares de calidad
• Hacer hincapié en la dotación y calificación del personal

Por Florencia Tuchin

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