Cárceles. “El delito no es la alternativa que atrae a la mayoría de los jóvenes”

Para Matías Bruno – sociólogo e investigador del Centro de Estudios de Población-CENEP – uno de los mayores desafíos en la actualidad es cambiar la mirada de una sociedad que vive como un triunfo colectivo el encierro de un joven que cometió un delito y poder generar mayor empatía con él.

"Son jóvenes que, en cierto sentido, transitan los márgenes más lejanos de la sociedad, pero que al mismo tiempo están en el ojo del huracán", afirma Bruno. Para él, la salida está en trabajar en la prevención del delito y en la generación de oportunidades de inclusión a través del mundo productivo.

Bruno señala que los argentinos vivimos en una sociedad muy discriminadora y que los prejuicios suelen estar fundados en hechos reales, pero distorsionados en su magnitud y dirigidos injustamente a un grupo o colectivo identitario. "Hay delito juvenil, hay homicidios de jóvenes y hay problemas reales al respecto. Pero la sociedad desplaza esos miedos hacia el conjunto de jóvenes de sectores vulnerables. Es un mecanismo de exclusión simbólica", dice.

Sobre el perfil de los jóvenes que ingresan a los penales afirma que vienen de trayectorias de vida con derechos vulnerados y que no es cierto que el delito es la alternativa que atrae a la mayoría de ellos. "No poder garantizarle derechos básicos a la generación que representa el futuro de un país es grave", sentencia Bruno, quien también es docente en el Centro Universitario de San Martín (CUSAM) de la UNSAM que funciona en el Complejo Penitenciario Bonaerense Norte y coordinó el estudio "Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina" para Unicef.

-¿Cuáles son los principales prejuicios sociales que existen hacia los adolescentes y jóvenes de contextos vulnerables?

Los jóvenes de sectores vulnerables son víctimas de prejuicios por parte de otros sectores sociales, mayormente la clase media, por su proximidad en la estructura social y mayor interacción. Pero también existen prejuicios dentro de la misma clase o estrato social, y se sabe que en los sectores vulnerables los prejuicios son todavía más violentos. Los prejuicios más comunes en estos sectores suelen estar basados en el origen migratorio, el status social, el lugar donde viven, sus trayectorias de vida, o en otras razones. Cuando se lleva a la práctica, el prejuicio se convierte en discriminación.

Los jóvenes de sectores vulnerables suelen ser, entonces, receptores de prejuicios por parte de distintos sectores sociales y esto, por supuesto, es algo negativo. Argentina es un país con cifras preocupantes al respecto. Por ejemplo, en el Mapa Nacional de la Discriminación que elaboró INADI en 2013, prácticamente el 90% de la población encuestada reconoce tener prejuicios. Somos una sociedad realmente muy discriminadora, que además mira hacia fuera y acusa a otras donde también hay discriminación como si acá no la hubiera.

Es sabido que cuando un joven que vive en un barrio o villa estigmatizado tiene que buscar un trabajo en blanco, evita incluir la dirección de su casa en el currículum, o busca alternativas para que el prejuicio que recae sobre esa zona no lo afecte. Si no encuentra trabajo, entonces después se los acusa de pedir planes sociales o apoyo estatal.

-¿En qué medida esta estigmatización limita sus oportunidades y les refuerza que el único camino posible es el delito?

El prejuicio y la estigmatización limitan oportunidades, efectivamente. La diferencia con otros grupos sociales es que, además, el punto de partida hacia la inclusión social está más lejos, lo cual se traduce en trayectorias más difíciles, con mayores obstáculos y menos chances. Cuando eso se combina con otros factores, como la falta de oportunidades estructurales, la reproducción de desventajas, el narcotráfico y la imposibilidad de ascenso social, entonces pueden aparecer problemas graves como el delito.

Aún así, al mirarlo estadísticamente, el delito no es la alternativa que atrae a la mayoría de los jóvenes. Esto hay que tenerlo en cuenta y puede contribuir a reducir el prejuicio social sobre los jóvenes. Vale la pena pensar qué incidencia cuantitativa o numérica tiene en la sociedad el delito juvenil, para entender por qué hablamos de prejuicios. En Argentina hay alrededor de 3.5 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años, de los cuales aproximadamente 7 mil están en el sistema penal juvenil con distintos tipos de medidas (abierto, cerrado o semi cerrado) En términos porcentuales, podemos decir que el 0,2 por ciento de los jóvenes de esas edades tiene problemas con la ley por haber cometido algún delito. La incidencia es realmente baja. Hay jóvenes que cometen delitos y no son aprehendidos, es cierto, y otros de mayor y menor edad también involucrados. Aún así, la incidencia cuantitativa sería muy baja. Entonces, a los ojos de la sociedad, el problema aparece más grande de lo que realmente es, al menos en términos estadísticos. ¿Por qué?

-¿Cuáles son los principales derechos vulnerados que tuvieron estos chicos a lo largo de su vida?

El estudio que coordiné para Unicef sobre las y los jóvenes privados de libertad reveló que 1 de cada 3 jóvenes había vivido en situación de calle antes cometer un delito y estar privado de libertad, que la mitad no asistía a la escuela, que también la mitad de los encuestados habían tenido contacto con la cocaína. El promedio de edad con el que ingresaron al mercado de trabajo informal era de 14 años, o sea, por debajo de lo que establece la ley. También, uno de cada cuatro dijo haber tenido conflictos con las fuerzas de seguridad antes de ser privados de libertad, y la mitad de los jóvenes encuestados ya había estado privado de libertad anteriormente. Estos datos van en línea con los de otros estudios nacionales y locales. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal vivía en situación de calle, según se relevó hace poco. Ante tal vulneración de derechos, la salida para ese joven no debería ser el delito, sino el apoyo y la restitución urgente de derechos.

-¿En qué falló el Estado y la sociedad para que los chicos terminaran en la cárcel?

Esta pregunta se vincula con la anterior. El Estado tiene una enorme responsabilidad frente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se habló durante mucho tiempo del Estado ausente, pero pienso que el problema no es solamente la ausencia, sino también la ineficacia. Existe un sistema de protección de la infancia, apoyado en leyes claras, pero aún así los resultados no tienen el alcance esperado. Hay que discutir urgentemente sobre la eficacia del Estado en materia de niñez, adolescencia y prevención del delito. Esto parece una consigna fácil de enunciar y difícil de aplicar, porque tienen que ver con la planificación de un modelo social, con diseñar las bases sobre las cuales se estructura un orden social. Insisto, el Estado tiene una función clave e irremplazable en esto.

-¿Cuál es el perfil de los adolescentes que ingresan en los penales?

En líneas generales, los jóvenes que ingresan a los penales vienen de trayectorias de vida con derechos vulnerados, y esta es una realidad muy incómoda para una sociedad. No poder garantizarle derechos básicos a la generación que representa el futuro de un país es grave. En el estudio que coordiné para Unicef realizamos entrevistas y escuchamos historias de vida que a cualquier persona le causaría más empatía que prejuicio. Historias de carencias, de violencias y de fracasos. En sus relatos no hay mención a programas estatales o de ONG que hayan intentado darles alternativas, aunque sabemos que los hay y son muchos.

Son jóvenes que, en cierto sentido, transitan los márgenes más lejanos de la sociedad, pero que al mismo tiempo están en el ojo del huracán. Y el delito tampoco es el inicio de una carrera delictual, en muchos casos, es una (mala) experiencia, una búsqueda, un alternativa inoportuna. El estudio midió que la mitad de los jóvenes encuestados ya había estado privado de libertad anteriormente. Esto significa que la otra mitad ingresa por primera vez al sistema punitivo, y de acuerdo a cómo funcione el "tratamiento" dentro de la cárcel, y la estructura de oportunidades que encuentren en sus contextos de vida, volverán o no a cometer delitos.

-¿Cómo se puede trabajar en la prevención para que estos chicos puedan tener infancias más plenas y con mejores oportunidades?

No quiero parecer demasiado idealista y proponer cosas imposibles, pero creo que la idea de prevención del delito no está instalada en nuestra sociedad. No se discute como política de seguridad ni como herramienta de inclusión social. En Estados Unidos, el departamento de justicia tienen una oficina llamada "justicia juvenil y prevención del delito". He allí un buen ejemplo.

Por otro lado, es necesario erradicar la violencia de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Hay un estudio sociológico muy elocuente que describe y analiza el modo en que los niños se socializan en contextos de violencia en un barrio del conurbano. Los autores (un sociólogo y una maestra) lo muestran a través de la cotidianeidad de los niños en la escuela: hacen dibujos de armas, cuentan historias terribles sobre su propia familia o situaciones que escucharon o vieron ellos mismos. La violencia tiene un arraigo ambiental, territorial. Prevenir, en estos contextos, implica desarticular el dominio simbólico y material que tiene la violencia en sus vidas.

-Cuando salen en libertad, lo único que escuchan de la sociedad es "no van a cambiar", "yo no te voy a dar trabajo", "no ser merecen nada porque son malos". ¿Qué hay que hacer para cambiar esta mirada?

En el mismo estudio que mencioné antes, hecho por INADI, se muestra que la mitad de los encuestados cree que "los delincuentes no tienen recuperación". El problema es que cuando una persona sale de la carrera delictiva no es noticia. La sociedad no celebra al recuperado, sigue condenando al que no logró salir y la noticia siempre señala al que volvió a caer.

Por otro lado, suponer que todo depende de una persona es injusto. Si el contexto de origen de esa persona era desfavorable, sus redes eran frágiles y su entorno sólo ofrece oportunidades delictivas, si no tiene recursos para sobrevivir y nadie le ofrece algo diferente, ¿qué hace?

El prejuicio oculta una deficiencia en el sistema social sobre la falta de oportunidades concretas para las personas que pasaron por la cárcel. Y vivimos en una sociedad estructurada en torno al trabajo, por lo tanto, mientras sigan faltando oportunidades de inclusión a través del mundo productivo, el problema seguirá siendo grave. La restitución de redes de confianza combinada con garantías para las dos partes es un buen punto de partida.